El sistema económico español cuenta con instituciones ineficientes desde hace décadas. Estas ineficiencias no solo estaban ocultas bajo los efectos de una burbuja inmobiliaria como la que hemos vivido, sino que además resultaban idóneas para que se continuará inflando el ladrillazo. El sistema fiscal, que gravaba la compraventa de viviendas, era perfecto para recaudar bajo la burbuja inmobiliaria, lo que nos permitió tener los primeros superávit fiscales desde la democracia (en los años 2005, 2006 y 2007). La contratación temporal abusiva era perfecta para construir casas, lo que nos permitió alcanzar por primera vez una tasa de paro inferior a la media europea (por debajo del 8%). Y así, suma y sigue. La realidad es que, tras explotar la burbuja, las reformas pendientes siguen estando donde estaban. Hubiera sido mejor hacerlas antes, pues ahora no solo tenemos que afrontar esas reformas para modernizar el país, sino también tenemos que reparar los “destrozos” que la burbuja ha provocado.
Hoy me quiero centrar en lo que desde mi punto de vista es el mayor reto que tenemos por delante: reparar el capital humano dañado por culpa de la burbuja inmobiliaria. Todo el mundo habla de la necesidad de limpiar los balances bancarios, inyectando en ellos capital, para que pueda volver a fluir el crédito. Pero, ¿qué sucede con el capital humano dañado durante la crisis? ¿Quién lo repara?
Durante la burbuja inmobiliaria, muchos jóvenes abandonaron los estudios de forma prematura, sin haber ni siquiera completado la enseñanza obligatoria, para trabajar en el sector de la construcción. Ahora, una vez pinchada la burbuja, se han ido al paro y se encuentran con un capital humano insuficiente para poder reconducir su vida laboral a otro sector distinto con mejor futuro.
¿Cuántos son estos jóvenes en paro y sin formación? Si miramos a los datos de la última EPA (tercer trimestre 2012), nos encontramos que existen 926.007 jóvenes menores de 29 años que no han completado los estudios obligatorios. Pero lo que es más grave: de ellos, hay 808.040 que no están llevando a cabo ninguna acción formativa, ya sea en la educación reglada o no reglada. No olvidemos que sin la formación básica es muy difícil que consigan encontrar un trabajo.
Los datos son desalentadores, máxime si tenemos en cuenta que el tiempo aquí es crucial. Cuantos más meses estén en paro y sin formarse, más difícil será su reciclaje profesional. O actuamos con rapidez y determinación o es posible que muchos de ellos los perdamos para siempre.
No hay gasto más productivo que invertir en el capital humano de todos estos jóvenes. Si con ello conseguimos mejorar su empleabilidad, imaginen el efecto sobre su salario a lo largo de toda su vida laboral. Todo ello es que lo nuestra economía va a perder si no lo hacemos.
Para concluir, quiero hacer una reflexión, reconozco que algo ventajista. Es posible que en unas semanas cuando se anuncie (si es que se hace) la no revalorización de las pensiones con la inflación de noviembre, todo el mundo se sentirá muy indignado, se llenarán portadas de los periódicos, se llenarán los debates de voces clamando justicia, las radios, las televisiones... Pero mientras tanto, llevamos ya cinco años de crisis y nadie hace nada para solucionar el problema de este millón de jóvenes, que corre el riesgo de convertirse en una auténtica generación perdida. ¿Por qué ocurre esto? No lo sé: quizá porque son jóvenes.