El complejo marco constitucional, legal y político que ha definido el reparto de competencias del modelo territorial español parte de algo que, en principio, parece una buena idea: acercarse a los ciudadanos y su vida cotidiana para la toma de decisiones políticas y de gestión de servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y la protección social. Sin embargo, la ventaja de esta proximidad ha acabado por ser lo de menos.
El debate se ha centrado en blindar estos ámbitos competenciales, esferas de decisión discrecionales que rayan la arbitrariedad cuando se observa, por ejemplo, la disparidad del esfuerzo presupuestario en políticas de infancia. Comunidades como el País Vasco o la Comunidad Valenciana destinaron en 2013 alrededor del 30% (30,06% y 29,29% respectivamente), mientras otras ni siquiera llegan al 20%, como Cantabria (15,79%) o Murcia (18,50%), según los datos publicados por UNICEF a partir de un estudio del Centro de Estudios Económicos Tomillo.
Sobre la desigualdad territorial ha llamado la atención hasta el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que ya en 2010 recomendó al Estado una serie de medidas que garanticen que cuestiones como la recogida de datos, la información presupuestaria e incluso la normativa de todas las comunidades autónomas se ajusten plenamente a los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. Una seria llamada de atención respecto a un compromiso universal al que, sin rubor, España opone la cuestión autonómica.
Pero cabe ir aún más lejos. No existe un compromiso común en todo el Estado centrado en garantizar para todos los niños y niñas las mismas oportunidades para el ejercicio de sus derechos, ni siquiera en un momento como el actual que, como resultado de la crisis económica, se encuentran más expuestos a la pobreza y la desigualdad. ¿Hasta qué punto las diferencias que esto genera resultan sostenibles, incluso desde un punto de vista constitucional? Existe una horquilla en la inversión por niño al año entre las administraciones autonómicas de más de 5.500€, en un rango que va de los 7.767€ que destina el País Vasco, a los 2.250€ de Murcia. Sin duda esto marca una profunda diferencia en el disfrute de los derechos y las oportunidades de las que pueden disfrutar dos niños dentro del mismo estado por haber nacido en regiones diferentes.
El sistema autonómico español se ha definido a través de negociaciones y cálculos con los que dar respuesta a reclamaciones políticas basadas en cuestiones de identidad y hechos diferenciales, algunos de ellos ciertamente incontestables. La probable necesidad de matizar y corregir semejante simplificación de una cuestión tan sensible alejará el foco, una vez más, de una cuestión esencial. En todos estos debates sobre el modelo territorial se ha ignorado uno de los aspectos que describe con mayor precisión a una comunidad política: su compromiso con el bienestar, desarrollo y protección de la infancia.
Este año serán varias las ocasiones en que esté en manos de los ciudadanos decidir la disposición de las piezas en los diferentes tableros políticos. Será fundamental hacerlo señalando a la clase política cuáles son las líneas rojas que como sociedad no estamos dispuestos a traspasar. Para ello habrá que reclamar explicaciones, medidas e inversiones concretas que den forma al compromiso que nos defina: brindar las mismas oportunidades para todos los niños y las niñas en toda España al margen de su lugar de residencia.