Esto no da más de sí

El presidente Pedro Sánchez se refirió este jueves, en conferencia de prensa, al atolladero institucional que vive España por la renuencia del PP a renovar cuatro órganos esenciales para el funcionamiento de la democracia: el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Afirmó Sánchez que, con su bloqueo, el principal partido de la oposición lleva tres años incumpliendo la Constitución. Una periodista le formuló la pregunta obvia: ¿Y entonces? Al igual que muchos ciudadanos, la informadora quería saber hasta cuándo se permitirá prolongar una situación anómala que, en opinión no solo del jefe del Ejecutivo, sino de prestigiosos juristas, vulnera de modo flagrante la Carta Magna. Respuesta de Sánchez: “Espero que el PP entienda que debe cumplir la Constitución”.

Sin duda, el partido de Pablo Casado es el máximo responsable del bloqueo de los órganos constitucionales. Su negativa a negociar con el PSOE ha conducido, entre otras cosas, a que los miembros del cuerpo rector de los jueces se encuentren en funciones desde hace más de dos años y medio. La estrategia del PP es tan obvia como inaceptable: ir dando largas, con los más diversos argumentos, hasta las próximas elecciones generales, con la esperanza de que un vuelco en la aritmética parlamentaria le permita mantener el control de dichos órganos ante un horizonte en que se dirimirán asuntos cruciales para el país… y para el propio PP, acorralado judicialmente por una ristra de escándalos de corrupción y manejos turbios de las fuerzas de seguridad del Estado.

Ahora bien: la formación conservadora no es la única responsable del incumplimiento de la Constitución. La Ley Orgánica 1 de 1985, que desarrolla el mandato constitucional relativo al funcionamiento del poder judicial, establece en su artículo 568: “Los presidentes del Congreso y el Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo [el CGPJ] se produzca en plazo”. Esto apela directamente a los socialistas Meritxel Batet y Ander Gil, cabezas respetivas de las dos cámaras, quienes evidentemente han incumplido su parte para la superación del embrollo, ya que la renovación no se ha producido “en plazo”.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, el muy conservador Carlos Lesmes, remitiéndose precisamente al artículo 568, ha solicitado formalmente en cuatro ocasiones a los presidentes del Congreso y el Senado que procedan a la renovación del órgano rector de la justicia. Dichas peticiones, por loables que sean o que lo parezcan, tienen en últimas el efecto de trasladar la responsabilidad al PSOE y dejar en un segundo plano al PP, partido que lo promovió para el cargo. Si el presidente y demás miembros del CGPJ están realmente preocupados por esta crisis institucional que los atañe directamente, tienen una opción más contundente para forzar un acuerdo que el envío de cartas inútiles a las Cortes: anunciar la dimisión de sus cargos y, de paso, dejar de hacer nombramientos que por una regla elemental de elegancia ya no les corresponden.

¿Y qué están haciendo los socialistas frente a los requerimientos de Lesmes y la cerrazón de la derecha? Pues esperar pacientemente a que Casado entre en razón y se avenga a negociar. El presidente Sánchez ha descartado la propuesta de Unidas Podemos de promover una reforma legislativa para que los miembros del CGPJ puedan ser elegidos con la mitad más uno de los escaños en las Cortes, en el caso de que no se logre un consenso mediante mayoría cualificada de 3/5, lo que permitiría a las fuerzas progresistas superar el bloqueo del PP y sacar adelante la renovación del poder judicial. Este plan se desechó tras las críticas de la Comisión Europea, que lo interpretó como un intento de minar la independencia de la justicia. Dicho lo cual, lo que no puede hacer el presidente Sánchez es proclamar algo tan serio como que estamos ante una situación inconstitucional y cruzarse de brazos, haciendo depender la salida en un acto más que improbable de contrición del PP.

Así, pues, con una derecha obstinada en el bloqueo y un PSOE incapaz (o temeroso) de derribar ese muro mediante alguna fórmula creativa que deje sin argumentos a Casado, la Constitución se está incumpliendo olímpicamente sin que a los grandes partidos parezcan importar mucho las consecuencias que ello tenga en la institucionalidad del país. Y aquí entra en escena un actor del que se ha hablado muy poco en este lío y que podría contribuir a su solución: Felipe VI. No lo decimos por un súbito arrebato monárquico, sino porque lo sugiere la propia Constitución. El artículo 56 de la Carta establece que el monarca “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Y el artículo 61 señala entre sus obligaciones la de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes”. Entendemos que, en ocasiones, estos papeles de árbitro y moderador los debe cumplir con discreción y finesse, en la intimidad de los pasillos palaciegos, para que no se le pueda acusar de intromisión en el debate político. De cualquier modo, sería interesante saber si en el asunto que nos ocupa ha habido movimientos de Zarzuela. Por el momento, de haberse producido, no han tenido resultado.

Pareciera que el único acuerdo hoy posible es el de dejar pudrir las cosas y permitir que se siga incumpliendo alegremente la Constitución. Unos por acción y otros por omisión, cierto. Pero con una unanimidad digna de estudio en las facultades de ciencias políticas.