Este jueves, a la pregunta de si el PP estaría dispuesto a hablar con Junts, el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, respondió con una frase que tiene su miga: “Estuvieron fuera de la Constitución, pero de ellos va a depender parte del resultado de la mesa electoral y de la investidura, por tanto va a depender de su actitud”. Estuvieron fuera de la Constitución, dijo. En pasado. Al día siguiente, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, afirmó que Junts “está [en presente] fuera de la Constitución” y que Puigdemont “es un prófugo de la justicia y, en consecuencia, está fuera de cualquier tipo de negociación”.
No es la primera vez que se producen estos choques en el seno del PP por cuenta de Junts. El 29 de julio, el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Pedro Rollán, expresó la disposición de su partido a hablar con la formación independentista de cara a la investidura de Feijoó, y algunos medios de la derecha llegaron incluso a encontrar virtudes en una negociación con el partido independentista; pero un par de días después vino la desautorización en boca de la secretaria general, Cuca Gamarra, que dijo que una negociación con Junts “no ha estado ni está sobre la mesa”.
Si algo ponen de relieve estas escenas es el estado de caos y desesperación en que se encuentra sumido el PP por la falta de apoyos para que Feijóo sea investido presidente, sobre todo después del portazo que, por segunda vez, le ha dado el PNV. En las actuales circunstancias, la única posibilidad del líder popular para llegar a la Moncloa es que Junts se abstenga en la votación de su candidatura, lo cual es hoy impensable. Y si los de Puigdemont garantizan su voto a Sánchez, este repetiría como presidente, lo cual es un escenario posible... e indigerible para el PP. En este caso, nos esperarían cuatro años más de operación de acoso y derribo por parte de la derecha contra el Gobierno progresista por pactar con los enemigos de España. Es decir, una repetición de lo que ha sido el último cuatrienio. Existe un tercer escenario, y es la repetición de elecciones si ninguno de los candidatos consigue armar una mayoría suficiente en el Congreso.
En este contexto endiablado podría entenderse que algunos en el PP quieran expedir a las carreras certificado de constitucionalidad –ellos, que mantienen secuestrado desde hace casi un lustro al CGPJ– a una formación a la que llevan seis años acusando de querer romper España fuera de los cauces democráticos. Esa aceptación de Junts en el club constitucional sería una especie de ‘cobertura legal’ para justificar una aproximación con el partido independentista con el fin de que se abstenga en la votación de investidura. Otra cosa es qué respondería Puigdemont al partido que aplicó el 155 en Catalunya y que no ha parado de demonizarlo y acosarlo en sintonía con sus terminales judiciales. O qué concesiones políticas estaría dispuesta a hacer a los separatistas una formación que se vanagloria de ser la garante de la unidad de España. Realmente, resulta inimaginable que Junts pueda facilitar la investidura de Feijóo, pero por esas ironías del destino la formación separatista es hoy el fino hilo del que pende el futuro político del líder del PP. Por supuesto que la aceptación de Junts en el club constitucional no tiene carácter vitalicio: está condicionada a su buena conducta. A su “actitud”, en palabras de Bendodo. Si facilita la investidura de Feijóo, se mantendrá adentro; si vota por Sánchez, será sacado a las patadas sin contemplaciones.
Sería interesante saber qué opina Feijóo de estos cruces de declaraciones en su partido en torno a la formación de Puigdemont. Porque, de momento, guarda un silencio que ya no se sabe si es estratégico o de desconcierto. A medida que se acerca el momento del debate, o los debates, de investidura, más desnortados se muestran el partido conservador y sus círculos afines. En fiel reflejo de lo que sucede en el PP, los medios amigos se dividen entre los que han rebajado tácticamente el tono contra Junts a la espera de que se desencadenen los acontecimientos y quienes arremeten de antemano contra Sánchez por la posibilidad de que salga investido con el apoyo de los malévolos separatistas.
Esta situación a la desesperada se ha trasladado al Tribunal Constitucional, cuya Sala de Vacaciones, compuesta por dos magistrados conservadores y una progresista, fue convocada de manera precipitada por su presidenta, Concepción Espejel, para rechazar, con el voto en contra de la progresista Laura Díez, el recurso de amparo de Puigdemont y Antoni Comín contra los autos del Supremo que ordenan su captura. Se trata, como lo señaló El País, del primer auto que ha emitido dicha Sala en una década, lo que revela lo insólito de la actuación de los magistrados conservadores. Cabe suponer que Espejel, magistrada con documentadas afinidades con el PP, tomó la decisión con el fin de interferir de alguna manera en el proceso de investidura e impedir que Sánchez repita como presidente del Gobierno. Sin embargo, no es descartable que la maniobra tenga justamente el efecto contrario y convenza a Puigdemont de la importancia de decantarse por Sánchez.
Pase lo que tenga que pasar, lo deseable es que suceda con la mayor rapidez posible. No por la estabilidad de España, que está asegurada pese a las admoniciones de ciertos discursos interesados que abogan por que el PSOE facilite la investidura de Feijóo, sino por la estabilidad emocional de los cada vez más desorientados militantes y simpatizantes del PP.