Reforma fiscal y Ley Gallardón sobre el aborto: dos caras de la misma moneda

En la reforma fiscal que prepara el Gobierno destacan dos aspectos: el primero es la rebaja fiscal generalizada, que costará 9.000 millones de euros a las arcas públicas. Esta rebaja aumentará en unos cuantos euros la renta disponible de muchas personas (las que actualmente tienen rentas para poder pagar IRPF),1,6 millones incluso quedarán eximidas.

Todo esto sería para alegrarse si no fuera por la contrapartida que ello supone. En un anuncio de la propia Agencia Tributaria nos lo explican muy bien, en respuesta a alguien que no quiere pagar impuestos: “Si, claro, tienes razón, nos ahorramos el impuesto, y también la sanidad, y las pensiones...”. Sería para alegrarse si no fuera porque este es un paso más para que todas y todos salgamos verdaderamente del sistema. Como mucho tendremos unos euros más en el bolsillo, pero ¿de qué nos servirán en el caso de que nos pase algo y necesitemos ayuda? Si ahorra usted esos euros obtendrá (con suerte) una renta del banco, pero esa renta no llegará al mínimo digno si su vida se prolonga hasta una edad avanzada. Y si además tiene la mala suerte (bastante frecuente) de no poder valerse por sí mismo, no le dará para pagar una residencia de calidad.

Aquí viene el segundo aspecto destacado de la reforma fiscal: por si usted tiene un hijo con rentas del trabajo que le acoja cuando sea mayor y dependiente, la reforma ha previsto una nueva desgravación de 100 euros al mes para él. Pero, ¿quién le cuidará? Correcto: la mujer de su hijo se verá convertida en su “cuidadora informal”. Claro que en ese caso, si su hijo tiene una renta suficientemente alta, se beneficiará también de la desgravación por tributación conjunta.

Este segundo aspecto, la política familiar, no ha sido objeto de mucha atención, más allá de la declaración por parte del Gobierno de que esta reforma “favorecerá a la familia”, sin entrar en detalles de qué familia, o la familia de quién, se trata de favorecer. Por cierto, es muy extraño que nadie hable de la desgravación por tributación conjunta de los matrimonios, a pesar de que actualmente origina el segundo mayor gasto fiscal del IRPF y a partir de esta reforma probablemente se convierta en el primero. Nadie niega que esta desgravación es regresiva, antisocial y pro-desigualdad de género; pero casi nadie se escandaliza de que se mantenga.

Tampoco provoca escándalo que continúe el olvido de las familias monoparentales, ni que las rentas bajas se queden sin ayudas por hijos/as (por cierto, la desgravación por el primer descendiente subirá 1,6 euros, aunque el Gobierno la califique de “fuerte subida”). ¡Qué ocasión perdida para avanzar en prestaciones universales por hijos/as y por familias monoparentales! ¿Cómo es posible que la pobreza infantil no sea el primer problema de Estado?

Estos dos aspectos de la reforma tienen un nexo en común no declarado: el modelo de sociedad al que nos dirigimos. Una sociedad en la que el sistema de impuestos, prestaciones y servicios públicos esté reducido al mínimo y sólo cubra a una pequeña parte acomodada de la población. El resto estará en la economía sumergida y, cuando no esté en condiciones de trabajar y no pertenezca a esa clase social y a ese modelo de familia “sustentador masculino/esposa dependiente”, terminará como mucho en la asistencia social.

A las mujeres se nos reserva la gran tarea de proveer, en el seno del hogar, los cuidados que el sector público y los hombres no asumen, aunque en realidad la familia “sustentador masculino/esposa dependiente” tal como se la imagina “El Legislador” ya no es tan frecuente. Para imaginarnos cómo será esa sociedad podemos dirigir nuestra mirada a los países latinoamericanos, en los que las mujeres también tienen mayor nivel de formación que los hombres y altos índices de ocupación, pero están extensivamente en la economía sumergida, por tanto sin pensiones y demás prestaciones sociales. Una sociedad con alto índice de familias monoparentales; bajísima cobertura de los servicios públicos; altísimas tasas de pobreza, y en particular de pobreza femenina e infantil; altísimas tasas de violencia y desestructuración juvenil....

Una sociedad sin derecho al aborto, sí, como en la mayoría de los países latinoamericanos, en los que la oligarquía y las jerarquías eclesiásticas campan por sus respetos con el beneplácito de los organismos internacionales. Las mujeres no cuentan, aunque de ellas se dice que son quienes mejor administran los recursos (que no tienen) a favor de su prole. En estas sociedades sin estado de bienestar fuerte es donde pueden mantenerse las supersticiones y el machismo exacerbado de los hombres, que en el fondo creen beneficiarse de la esclavitud femenina. No es así, sino que toda la sociedad resulta perjudicada, aunque la ideología patriarcal nos impide verlo. Esa es la sociedad que viene, pero podemos impedirlo si toda la ciudadanía se implica. Aclaremos: toda la ciudadanía significa hombres y mujeres.