Revocar la ciudadanía a terroristas: los Estados se lavan las manos
Shamima Begum, británica de padres bangladeshíes, tenía 15 años cuando decidió huir de la casa de su familia en Londres y viajar a Siria con dos compañeras de instituto para unirse al ISIS, convirtiéndose las tres en esposas de combatientes. Cuatro años después, en febrero de 2019, tras haber perdido a sus dos hijos y embarazada del tercero, Begum decidía regresar a Inglaterra para dar a luz. Se encontró entonces con que el Gobierno de su (hasta entonces) país pretendía revocarle la nacionalidad británica.
Al frente de la decisión, que implica que Begum no pueda ser juzgada ni condenada en Reino Unido, está Sajid Javid, del Ministerio de Interior británico, político conservador que afirma que con esta medida busca “frenar la radicalización”. Decía en declaraciones oficiales el 20 de febrero, refiriéndose a los británicos que se han unido al ISIS: “Digamos que están en el Reino Unido y radicalizan a otros. Podrían llevar a cabo ataques terroristas o incitar a otros a cometerlos”.
A quienes citan el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos –“toda persona tiene derecho a una nacionalidad y nadie puede ser despojado arbitrariamente de ella”– Javid responde que no es este el caso, ya que Bangladesh puede hacerse cargo de la nacionalidad de Begum, de modo que no llegue a ser una “sin Estado”. El Gobierno de Bangladesh, sin embargo, ya ha anunciado que Begum, que nunca ha puesto pie en el país, no es su responsabilidad.
Un precedente peligroso
El caso de Shamima Begum no es el primero en el país, aunque quizás sí el más mediático. Según The Guardian, unas 120 personas han sido despojadas de la nacionalidad británica desde 2016, la mayoría personas vinculadas a grupos extremistas.
Según el alcalde de Londres, Sadiq Khan, este tipo de decisiones supone una “abdicación de responsabilidad” y podría tener consecuencias para millones de personas de confesión musulmana o con familia en otros países. Se corre “el riesgo de crear ciudadanos de segunda clase, al poder revocarse la ciudadanía según el capricho de un político. Una vez se decide que un ciudadano no merece la ciudadanía que le corresponde por nacimiento, ¿dónde está el límite? ¿A cuántas personas más podría afectar esta medida?”
Los efectos del discurso de Sajid Javid ya se han hecho notar de modos distintos. Una galería de tiro en la que se juegan partidas de Airsoft en Wallasey, en el condado de Merseyside, ha instalado una imagen en tamaño de real de Shamima Begum como diana, después de que se registrase un número récord de demandas de los clientes. Lo califican como un modo de divertirse “de forma desenfadada”.
Al mismo tiempo, crece el miedo de los vecinos de Bethnal Green, donde se crió Begum, un barrio con una larga tradición de diversidad y activismo en el que las personas de confesión musulmanas se sienten señaladas e interrogadas.
Según Joey Ayoub, defensor de derechos humanos y editor del portal Global Voices, decisiones como esta envían un mensaje muy peligroso: “que Begum no es responsabilidad británica, que los Estados pueden lavarse las manos cuando alguno de sus ciudadanos viola las leyes o comete un crimen, que pueden poner distancia con los actos, por reprobables que sean, de su ciudadanía, en vez de asumir la responsabilidad de castigarlos y corregirlos.” Añade Ayoub que Begum “debe ser juzgada por la justicia británica por pertenencia a un grupo que ha cometido genocidio contra minorías como los yazidíes e incontables atrocidades en distintos países.”
Una medida habitual en países como Siria, Egipto o Bahréin
Reino Unido no es el primer país en implementar esta medida como modo de alejar, en vez de afrontar, cuestiones relativas a su ciudadanía. Sigue la estela de Estados totalitarios donde hace años que se lleva a cabo, como Siria, Egipto o Bahréin.
“Soy oficialmente un ”sin país“, decía en 2015 el defensor de derechos humanos Ali Abdulemam, en entrevista con eldiario.es, tras saber que Bahréin había revocado su ciudadanía. Abdulemam forma parte de una larga lista de personas, la mayoría activistas y opositores pacifistas, a las que la monarquía Al-Khalifa ha dejado sin Estado, tras acusarlos de poner en peligro la seguridad nacional.
Antes de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos ya había revocado la nacionalidad a siete miembros del grupo islamista Al-Islah. En Egipto, bajo el régimen del general Sisi, que desde su ascenso al poder no ha dejado de recrudecer la persecución de toda forma de disidencia, se experimenta también con la nacionalidad como arma arrojadiza. El decreto presidencial aprobado en 2015, en plena polémica por la condena de tres periodistas de Al Jazeera a siete años de prisión, empujaba a personas de doble nacionalidad como Mohammed Fahmy a renunciar a la nacionalidad egipcia. En Siria, donde durante la década de los setenta fue habitual revocar la ciudadanía a personas de etnia kurda, la represión desatada desde 2011 ha incluido sistemas de renovación de identificación nacional al que sólo los sirios afines al régimen pueden acceder.
El efecto dominó que generan medidas de securitización incluye también Estados Unidos. Horas después del anuncio del departamento de Interior británico, el Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, declaraba: “Hoda Mutahana no es problema de EEUU”, refiriéndose así a la joven estadounidense de padres yemeníes que acompañó a Shamima Begum en su periplo por el ISIS.
Como afirma Daniel L. Byman, del Center for Middle East Policy, “evadir la responsabilidad que un gobierno tiene con sus propios ciudadanos es un desastre a muchos niveles”. Explica que esto, además de admitir que el país es incapaz de gestionar su seguridad, supone dispersar a combatientes extranjeros, haciendo que supongan un riesgo aún mayor. Y añade: “Entre los terroristas del 11 de septiembre había, de hecho, muchos a los que no se les permitió regresar a casa”.
