Hay una parte de mí que muy gustosamente se explayaría aquí sobre esa fórmula consistente en confundir los servicios públicos con los cortijos privados, explotarlos como tales y conseguir hundirlos sin que los daños alcancen más que a los pardillos y sin una sola responsabilidad política. Esos magníficos gestores, ya saben. Habrá muchos colegas altamente cualificados que lo recrearán con lujo de detalles.
No obstante, en el cierre a sangre fría de Canal 9 laten aún otras cuestiones que no quiero dejar pasar por alto. La primera y primordial es ese desprecio íntimo, interno y asumido que tienen algunos gobernantes del PP por los tribunales y, aún más, por esos subalternillos que los componen y a los que desean someter. Esos, a los que los demás llamamos jueces. El anuncio del cierre del canal autonómico se produjo a las cinco horas de haberse hecho pública una sentencia del TSJV que obligaba a readmitir a los despedidos por el ERE. La reacción de Fabra, revestida desde luego de un argumento economicista, es todo un corte de mangas. ¿Que me vais a obligar vosotros a readmitir a nadie?,¿que me vais a decir como administro yo el cortijo? Pues, como puedo, os vais a quedar de un palmo porque lo cierro. Hubieran podido recurrir la sentencia en casación pero ni lo han intentado.
Y la sentencia, la sentencia tiene miga porque no es que les de un varapalo porque el ERE estuviera mal hecho, no, es que deja claro que se realizó con total desprecio de los representantes de los trabajadores y, sobre todo, que ni siquiera lo económico mandaba puesto que se desestimó y se impidió la oferta de cualquier otra opción que permitiera bajar la masa salarial. Las propuestas de reducciones salariales, reducciones de jornada, salidas temporales ni se pudieron debatir. Como dice el tribunal, “los términos del despido colectivo estaba acotados de antemano y no había margen alguno para aceptar o asumir remedios menos traumáticos o de inferior coste social que no fueran el despido del 70% de la plantilla”. Y creo que se puede afirmar sin riesgo a errar que tal actitud no fue debida a un “error” del Bufete Garrigues al que ahora cínicamente culpan. No, una actitud de desprecio tamaño a los representantes de los trabajadores sólo podía tener su origen en una indicación política.
Claro que si acudimos a las declaraciones realizadas por Ignacio González, ese presidente que cerrará Telemadrid “si me obligan los sindicatos”, nos vamos acercando más al verdadero meollo de la cuestión. Por no hablar del intento de presión manifiesta que supone afirmar, cuando se está pendiente de decisiones judiciales, que si fallan en su contra hará lo mismo. Le ha faltado llamar al tribunal y decirles: “queridos, como me anuléis el ERE os echáis en las espaldas todos los despidos derivados del cierre”. O a lo mejor ya les había mandado el recado antes.
Pues eso. ¡Sentencias a ellos! Siempre ganan. Si hay pleito y les dan la razón, porque se la dan, y si no porque puentean la decisión para salirse con la suya. Luego están los que siempre pierden. Sí, todos los demás.