Serena alegría, no un cheque en blanco

Sienta bien recuperar la alegría. No llega a ser un torrente de adrenalina, ni siquiera la exaltación o euforia que suele acompañar a la rebeldía, es más una sensación de alivio, una recuperación de energía y una renovación de la esperanza por la empatía social que proyecta ya el nuevo gobierno.

Recién se ha inaugurado la era del primer gobierno de coalición y progresista, con un programa común que viene marcado por la recuperación de las políticas sociales y la atención a las necesidades más acuciantes que atraviesan las condiciones de vida en el estado español.

El discurso oficial del nuevo gobierno transmite ya un mismo mensaje: la vida de las personas en el centro de las políticas. Recogiendo una parte importante de las demandas más significativas realizadas por los movimientos sociales desde que el estallido del 15M convirtiese la indignación y descontento social en acción política ciudadana; al igual que las vindicaciones surgidas de la movilización y emergencia feminista que hemos reactivado muchas mujeres en los últimos años, con motivo de los 8M y con cada afrenta de la misoginia distribuida que padecemos; y también las que han estado sosteniendo la movilización de pensionistas cada lunes y la denuncia continua de la juventud por la emergencia climática. No cabe duda de que todo ello conforma un importante nutriente de ese programa común a desarrollar por el primer gobierno de coalición progresista que también se declara feminista y ecologista.

Reconforta sentir que la empatía social por fin se instala en la ética y estética del nuevo gobierno. Las medidas anunciadas tras los primeros consejos de ministras lanzan un mensaje tranquilizador a este respecto; la subida del 0,9% de las pensiones, la perspectiva de vincular su revalorización en base al IPC, el anuncio de la derogación de la reforma laboral de 2012, la subida del SMI a 950 euros, pactada con las organizaciones sindicales, la subida del salario del funcionariado marcan una prioridad de escucha activa y compromiso social que alivian, en cierto sentido, el malestar social acumulado durante estos últimos años de afrenta continua a las condiciones de vida. Reconforta también la declaración de emergencia climática y la apuesta decidida y explícita del nuevo gobierno por la educación en igualdad y la corresponsabilidad. En este sentido, son especialmente alentadoras dos líneas de intervención; por una parte, la coherencia y compromiso con el cumplimiento de los Derechos Humanos y de los convenios y tratados internacionales que plantean garantías para poder vivir vidas libres de violencias patriarcales, machistas y xenófobas, como respuesta firme ante la afrenta de la ultraderecha y su burdo intento de censura parental a los contenidos de igualdad de género y diversidad sexual. Igualmente alentadora resulta la prioridad manifestada en continuar haciendo efectiva la equiparación de los permisos por nacimiento (maternidad y paternidad) a las 16 semanas previstas para 2021, superando las trabas y dificultades que recoge el texto normativo y que están siendo denunciadas desde la plataforma que ha impulsado dicha reforma legislativa.

Insisto. Sienta bien recuperar la alegría, aún cuando el baño de realidad haga aflorar algún que otro vértigo social por los límites y dificultades a sortear para cumplir la hoja de ruta del acuerdo de Gobierno. Sin pretender chafarle a nadie la fiesta, creo que conviene tener muy presente algunas cuestiones estratégicas en lid y procurar que, en el abordaje de las mismas, el camino emprendido no nos aleje del cambio estructural necesario. Este gobierno tendrá que enfrentarse a cómo hacer posible la prioridad de atención a las necesidades de la vida sorteando la restricción real que va a suponer el artículo 135 de la Constitución; dependiendo de la dinámica y pericia institucional puesta en funcionamiento veremos, o no, la viabilidad para solventar la fricción, que llegará, ante las evidentes diferencias ideológicas que coexisten en este primer gobierno de coalición progresista y, en base a ello, cómo poner en marcha políticas valientes que propicien transiciones económicas y transiciones ecológicas necesarias y justas.

Quizás este sea el motivo fundamental por el que mi alegría ni resulta desbordante ni deviene en jolgorio. Se trata más bien de una alegría serena, que toca tierra, próxima a la imperiosa necesidad de dar respuesta al malestar de una mayoría social; consciente de la frágil cohesión en torno a políticas decididamente transformadoras y del riesgo de no poder gestionar las expectativas y frustración social; expectante ante el riesgo de que los coletazos de un relativo progresismo, impregnado de individualismo neoliberal, consiga encontrar algún atisbo de complicidad institucional en la política feminista a impulsar; y en alerta continua por la visceralidad que acrecienta la caverna mediática, ultraconservadora, reaccionaria y anti-derechos.

Celebro este acuerdo de Gobierno, aún cuando se ha hecho esperar más de lo que el sentido común exigía. No se trata de un cheque un blanco, más bien de tender la mano, de abrir oportunidades y crear sinergias que posibiliten el giro social, económico y político necesario para la justicia redistributiva plena. Ahí está el papel que toca asumir desde la sociedad civil, cada quien desde sus opciones, ámbitos de responsabilidad y competencia.

Hace unos meses, ante la perspectiva de que cuajase este acuerdo progresista ya en abril de 2019, desde la revista Alternativas Económicas señalaban los retos del nuevo gobierno recogiendo las urgencias económicas definidas por las 17 personas que participamos en dicha consulta; algunas personas y propuestas forman parte ya de la hoja de ruta del nuevo gobierno español; algo ciertamente esperanzador. Traigo a este momento actual las prioridades que definí por aquel entonces; celebro que algunas propuestas se hayan incluido en el acuerdo de gobierno, sin embargo, otras siguen pendientes de ser asumidas como claves para una senda con potencialidad género-transformativa suficiente:

Sistema Público e Integral de Cuidados, con criterio universalista, gratuito, basado en empleo público, prestación directa, con cobertura suficiente y estándares de calidad aceptables; a través del desarrollo de 4 ejes fundamentales:

Reforma y ampliación del Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), trasladando la experiencia y diseño de modelos de atención como el sueco a la realidad plurinacional del estado español.

Aplicación efectiva de Permisos por nacimiento iguales, intransferibles y 100% remunerados para cada persona progenitora.

Servicio Público de atención directa en momentos del ciclo vital de mayor vulnerabilidad; esto es, respecto a menores de 3 años (universalidad y gratuidad de escuela y educación infantil de 0-3) y respecto a mayores de 65 (servicios de apoyo personal, centros de día y servicio de alquiler social de viviendas compartidas).

Creación de una Agencia Pública de intermediación en la contratación del servicio de empleo de hogar, que acabe con la perversión actual de que las familias contratantes se convierten en 'parte patronal', garantizando condiciones dignas de trabajo; equiparación al régimen general de la Seguridad Social del sector de empleo doméstico/hogar y derogación de la Ley de extranjería que atrapa en condiciones de esclavitud laboral a mujeres migradas en este sector de empleo.

Proceso de transición energética hacia un modelo ecosocial, basado en el ahorro, reducción de consumo, eficiencia energética y producción colectiva de energías renovables; estableciendo el acceso a los recursos energéticos como un derecho social básico.

Reducción de la jornada laboral máxima e inicio de proceso de redimensionamiento y reorganización de los tiempos de vida; iniciando la transición de las 40 horas laborales a 35/34 y posteriormente a 30 horas laborales máximas en cómputo semanal.

Establecimiento de un ingreso vital que garantice a todas las personas adultas la obtención de renta, acorde al SMI, evitando situaciones de pobreza monetaria y trampas de esclavitud laboral y/o sexual.

Reforma fiscal desde el criterio de progresividad efectiva y equidad (de género, territorial y horizontal); lo que debería incluir: 1) La transformación de la política social basada en deduciones/reducciones tributarias en una política social basada en servicios públicos de gestión directa y derechos fundamentales garantizados. 2) Refuerzo de la actividad antifraude y antievasión/elusión fiscal. Y 3) Aplicación de un Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF); reajuste de la contribución fiscal de las rentas de trabajo y rentas de capital, corrigiendo la inequidad provocada por la transferencia neta de rentas del factor trabajo al capital auspiciada desde las políticas austericidas neoliberales.

Tengo el convencimiento de que necesitamos seguir activando músculo social, ecologista y feminista, como contraparte necesaria del acuerdo progresista establecido, que ha de cumplirse restituyendo derechos, mejorando condiciones de vida y permitiendo avances y logros significativos en esta nueva etapa de transición.

No me cabe duda de que conseguir profundizar en la democratización real va a depender también de qué alianzas establezcamos y a quién o qué identifiquemos como adversarios. Ojalá que la dispersión de intereses y la difícil gestión de egos no nos alejen de los horizontes emancipatorios.

Celebro esta serena alegría.