¿Pedro Sánchez volverá a caer de pie? A priori no lo tiene fácil y para lograrlo necesita tres cosas. La primera es que los datos económicos no empeoren. La solución ibérica para frenar la escalada de precios en la luz está funcionando pese a las críticas que recibió por parte del PP y de las grandes compañías energéticas cuando el Gobierno dio y ganó esta batalla en Bruselas. Esa misma excepción ibérica y las subvenciones al transporte explican que España sea el socio de la de eurozona donde menos crecen los precios aunque la escalada de los alimentos, la que notamos todos cada día desde hace meses, sigue descontrolada.
Las pensiones subirán un 8,5% pero la pérdida de valor adquisitivo de las familias, tirando de colchón las que lo tienen, es de las cosas que puede dejar a votantes en casa o impulsarles a cambiar de papeleta. Con todo, la pronosticada recesión que la derecha vaticinó con ahínco, aunque los datos no lo avalaban, no se ha producido y el empleo se ha comportado mucho mejor de lo que los detractores de la reforma laboral también auguraron. La crisis está teniendo consecuencias evidentes, aquí y en el resto de Europa, pero no es la hecatombe que PP, Vox y sus gurús dibujaban. Que la situación mejore o empeore dependerá en gran parte de las medidas que se tomen en las próximas semanas para evitar un repunte de la inflación y de que los fondos europeos, más allá de los anuncios, lleguen de una vez a las empresas.
La segunda cosa que necesita Sánchez es que la reforma del Código Penal, hecha a medida para evitar que más dirigentes y excargos independentistas entren en la cárcel y que los que están ya fuera puedan regresar antes a la política institucional, se olvide cuanto antes. Pero eso no lo decidirá él. Que tenía una prisa más que excesiva para sacarse la reforma de encima ha quedado claro. Ahora serán los jueces los que deberán interpretar unas nuevas tipologías del delito de malversación que lo menos que puede decirse en algunos casos es que son confusas. Si se producen rebajas de penas a corruptos, como auguran algunas asociaciones de fiscales, nadie podrá decir, ni el PSOE ni ERC, que no estuviesen avisados. A lo mejor si se hubiese consultado antes a algún órgano del Estado, ya fuese el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, la redacción final no sería la misma.
El malestar en las filas socialistas (y eso incluye también a algunos sectores del PSC que recuerdan en privado que ERC “no es de fiar” y que Salvador Illa necesita mantener los votos de Ciudadanos que han recuperado) va más allá de Emiliano García Page o Javier Lambán puesto que su enfado estaba descontado. Ni a Sánchez ni a Illa les conviene que Catalunya vuelva a inundarse de lazos amarillos o que arrecien las manifestaciones independentistas que tras las exhibiciones de fuerza en los momentos álgidos del procés han pasado a convertirse en testimoniales. Pero el tacticismo para mantenerse en La Moncloa, a la que el líder del PSOE accedió haciendo bandera de la lucha contra la corrupción, no debería empujarlo a cometer errores que una parte de su electorado, también en Catalunya, no pueda entender.
La tercera y no menos importante que las anteriores es que esos errores pueden parecer menores o como mínimo perdonables si Alberto Núñez Feijóo, empujado por el ayusismo y los tentáculos mediáticos de la derecha, sigue echándose al monte. Ni en octubre de 2017 hubo un golpe de Estado ni lo ha habido ahora con las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno. Sánchez tiene toda la legitimidad, también para equivocarse, y la tiene desde que fue investido presidente, a no ser que los dirigentes del PP, Vox y lo que queda de Ciudadanos no asistiesen a clase el día en que se explicaba cómo se elige el presidente del Gobierno. Siempre pueden echar un vistazo a la Constitución que tanto les gusta reivindicar aunque sea en vano. Con que se lean el artículo 99 será suficiente para que lo entiendan.
España no se ha roto y si alguna vez ha estado cerca (aunque no pasase de un farol) fue en el otoño de 2017, cuando quien gobernaba era el PP. Sánchez lo recuerda a menudo y tiene razón. La misma cantinela ya la utilizó la derecha para recoger firmas en la etapa de Zapatero acusándolo de “sustituir España como nación por Catalunya” y volvió a intentarlo y fracasó el año pasado cuando instaló mesas petitorias para mostrar el rechazo a los indultos concedidos por este Gobierno.
Si el PP se suma a la estrategia de Vox no solo dará oxígeno a la extrema derecha sino que puede asustar a aquellos electores de centro que se creyeron que Feijóo era más moderado que Pablo Casado y tenía un proyecto para España que no pasaba por envolverse en la rojigualda. El miedo a una derecha desbocada no solo funciona en Catalunya. El rédito es conocido: suben los independentistas y los socialistas. También puede ser un revulsivo para ese electorado progresista de otros puntos de España ahora desencantado por las broncas continuas en la izquierda, descontento por cómo se ha abordado la reforma del Código Penal o inquieto por los nubarrones económicos.
Cuanto más se arrincone Feijóo, mejor le irá a Sánchez. El líder del PSOE necesita que el del PP se parezca cada vez más a Casado y que Unidas Podemos y Yolanda Díaz entierren pronto el hacha de guerra, a no ser que a estas alturas aún no hayan entendido que esa división solo perjudica a la izquierda.