Tratado de Libre Comercio (TTIP) y democracia marca Europa
Hace más de veinte años que el debate sobre el déficit democrático en la Unión Europea está abierto. La escasa capacidad que los ciudadanos tienen de intervenir en las actuaciones de la UE, unida a las tediosas trabas burocráticas, impide desde hace tiempo la madurez de un proyecto comunitario firme. Como medida para paliar críticas y en un intento por dotar al ente de cierta legitimidad popular se estableció, en 2012, la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). Mediante este mecanismo la ciudadanía tiene el derecho formal de presentar peticiones a la Comisión y así -en cierta medida- participar en los procesos de toma de decisiones de las instituciones de la Unión.
Para que la Iniciativa Ciudadana Europea sea tenida en consideración es necesario haber reunido un millón de firmas y contar con un comité compuesto por personas de siete países de la UE. Es, aunque limitada, una interesante oportunidad de participación ciudadana. Sin embargo, son muchas las veces en las que la protección de los derechos de la población, en este caso en materia de participación, queda mucho mejor sobre el papel.
El pasado 10 de septiembre la Comisión Europea rechazaba una Iniciativa Ciudadana Europea que pretendía reunir firmas para exigir la suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos (TTIP) y la paralización del CETA, acuerdo económico y comercial que Canadá y la UE sellaron el pasado 26 de septiembre y que entrará en vigor en 2016.
Para desatender la petición, avalada y promovida por 240 movimientos sociales, sindicales y organizaciones ciudadanas de 20 países europeos, la Comisión se ampara en el recurrente “mire usted, no tengo competencias”, aunque paradójicamente es un organismo que afirma representar los intereses del conjunto de Europa y que se ocupa de negociar, en nombre de la UE, acuerdos comerciales con otros países.
Entretanto, las negociaciones del TTIP han alcanzado ya su séptima ronda y entran en la fase definitiva envueltas por su permanente y ya característica opacidad. El turbio secretismo en el que se desarrollan los encuentros, la total falta de información y los alarmantes datos relativos a los servicios públicos revelados en distintas filtraciones han desencadenado una firme oposición ciudadana. La cláusula que contempla la denominada 'solución de controversias entre inversores y Estados' - que permitirá que las corporaciones multinacionales tengan el derecho de demandar a los gobiernos si aprueban leyes o reglamentos que les ocasionen una pérdida de beneficios - así como la posible revisión a la baja de las regulaciones europeas en materia de salud, medioambiente y derechos laborales también han topado con un rechazo frontal de parte de la ciudadanía, que afirma no temer al poder corporativo ni a las instituciones europeas. Están decididos y avisan: “vamos a derrotar estos acuerdos comerciales”.
La Alianza Stop-TTIP, tras la decisión de la Comisión, no se ha amedrentado y ha puesto en marcha dos iniciativas. La primera acción consiste en preparar una acción legal ante el Tribunal Europeo de Justicia. Para esta plataforma, los acuerdos comerciales internacionales no deben ser negociados a espaldas de la opinión pública. Como mantiene Michael Efler, uno de sus miembros, son “negociaciones sobre las que no hemos tenido influencia” aunque “ se presentará el tratado al Parlamento y al público como un hecho consumado”.
Por otro lado, aparte de la vía judicial, la recogida de firmas para detener los tratados sigue adelante. La imposibilidad de hacerlo a través de las herramientas oficiales de la Comisión Europea ha provocado que el millón de firmas que avale el rechazo a los acuerdos de libre comercio se recopile a través de una herramienta propia que sigue el formato oficial, una ICE autoorganizada. Si la intención de la UE era invisibilizar la oposición ciudadana la jugada ha sido errónea. La sociedad civil ya ha demostrado que el TTIP es un asunto importante que preocupa a la ciudadanía. De hecho, a pocas horas de que se lanzara la iniciativa ya la habían firmado más de 100.000 personas.
El sábado 11 de octubre la protesta sale a la calle, coincidiendo con la tercera jornada mundial contra el fracking. Se celebrará en toda Europa un día de Acción Europea contra los acuerdos que la UE pretende imponer a la ciudadanía. Concentraciones, manifestaciones, charlas o debates constituirán la base de la protesta. El rechazo en España se intuye amplio, con más de 34 acciones repartidas por todo el territorio. Desde Economistas sin Fronteras entendemos que hay muchos derechos en juego e invitamos a la ciudadanía a informarse y participar en cualquiera de las iniciativas propuestas.
Este artículo refleja exclusivamente la opinión de sus autoras, Ana Encinas y Eba Armendariz
