Sobre el derecho al aborto

Hace algo más de un mes en este mismo diario leí un artículo en que hacía mención, entre otras diferencias entre regiones del Estado, a la falta de acceso en La Rioja al aborto voluntario. A raíz de ese texto vi que, en los comentarios, alguien decía que no tenía ni idea de que en esa comunidad todo el personal de ginecología de la sanidad pública había firmado la objeción de conciencia a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Esta situación de objeción en bloque obliga a las riojanas a desplazarse a otras comunidades autónomas, derivadas desde el servicio público de salud a clínicas privadas. El comentario me animó a ponerme, por fin, a escribir sobre este tema, que al parecer es tan desconocido. Un par de semanas más tarde publicamos Prohibido abortar en La Rioja y la difusión nos trajo más noticias similares. En Lleida la situación es la misma. Todo el personal de ginecología se acoge a la objeción de conciencia. Y parece que la lista de provincias con esta situación es amplia. “Estoy preguntando y parece que en Cáceres tampoco se puede…”, me decía ayer mi compañera Mª Ángeles Fernández por WhatsApp. El tema había saltado en un grupo de amigas después de que la televisión pública vasca, ETB, emitiera un reportaje sobre el tema el pasado domingo 7 de marzo, y de que este hilo de Twitter se hiciera viral. 

Según la ley, la objeción tiene que darse de forma individual y personal, no pueden darse objeciones en bloque. En la práctica, en cambio, parece que ocurre lo contrario. Y es difícil demostrar que existen presiones a escala hospitalaria. De hecho, el pasado 4 de marzo, la parlamentaria de Izquierda Unida del Grupo Mixto en La Rioja, Henar Moreno, presentó una Proposición No de Ley en el Parlamento riojano para pedir que el aborto voluntario estuviera garantizado en la sanidad pública riojana. La propuesta fue vetada por PP y Ciudadanos precisamente acogiéndose a este derecho a la objeción. 

Y sí, la objeción está contemplada en la ley, no solo la ética, sino también la profesional: realizar abortos no suma en la carrera de los y las médicas y, como explicaban profesionales de la sanidad de La Rioja, si todo el mundo se declara objetor, quien no lo haga cargará con todas las interrupciones. Pero aunque el derecho a objetar se presente desde ciertas bancadas políticas como un asidero para no garantizar el aborto en clínicas públicas, lo cierto es que hay soluciones, como demostró el caso navarro. En Navarra se sortearon las dos barreras principales a la hora de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en el Estado: la objeción general del personal sanitario y la derivación a la sanidad privada. (Bueno, tres, también se sorteó la sombra de Balaguer). Otro ejemplo es Galicia. Allí las cosas cambiaron después de que en 2015 una mujer embarazada perdiera el útero por tener que viajar hasta Madrid para poder abortar. La objeción de conciencia le costó a la sanidad gallega 270.000 euros de indemnización.

Hay otros casos tremendos que no han supuesto ningún cambio, como el de esta mujer que estuvo encarcelada 579 días en Melilla por un aborto espontáneo. Sufría una negación del embarazo y por eso siguió adelante la gestación más allá de las semanas en las que legalmente se permite abortar. Hablamos del año 2012. La causa se resolvió el año pasado. 8 años para que finalmente el Tribunal Supremo dijera que no se podía demostrar que hubiera un delito de homicidio.

Hay más casos así y es especialmente grave en el caso de las migrantes, puesto que en muchas ocasiones carecen de padrón y, por tanto, de acceso a sanidad. Lo contaba el personal sanitario que quiso hablar para el reportaje de Prohibido abortar en La Rioja: contaban el caso de alguna mujer migrante que había decidido seguir adelante con el embarazo por el miedo a desplazarse durante la pandemia y que la policía pudiera pararla. Por cierto, todos los profesionales de la sanidad riojana que quisieron hablar lo hicieron de forma anónima, para no sufrir represalias. “Ya están preguntando en los hospitales a ver quién ha hablado”, me decía una de estas fuentes unos días después de publicar. 

Las compañeras del Movimiento Feminista de Salamanca nos recordaron este texto publicado en septiembre en El Salto donde contaban que las mujeres de esta provincia tenían que “someterse a un peregrinaje” por la comunidad para ir a clínicas privadas en otras provincias. El problema, explican desde la organización Women’s Link, es que los abortos voluntarios son una prestación pública por ley que, en la práctica, se deriva en casi todos los casos a clínicas privadas concertadas. Y no hay clínicas privadas en todos los territorios. Desde el periodismo de datos también se han hecho investigaciones en este sentido: desde que se aprobó la legislación vigente del aborto, el 91 por ciento de estas intervenciones se han realizado en clínicas privadas-concertadas. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad son de 2019 y muestran que durante ese año el 86 por ciento se han hecho en este tipo de clínicas. La tendencia es a la baja, pero muy levemente. A esto hay que añadir, dicen desde Salamanca, que hay alumnas que denuncian que en la carrera tampoco se aprende correctamente a practicar IVEs. 

La ley de 2010 es el ejemplo de cómo el sesgo de género puede atravesar una ley con consecuencias graves para las sujetas de la misma. Una ley en la que no parece que se tuvieran en cuenta los plazos al valorar el tiempo que tarda en derivarse a una mujer a una clínica privada, más si tiene que ser en otro territorio. En el caso de La Rioja la media está en dos semanas, aunque a veces es más. Desde que una embarazada acude a su centro de salud más cercano hasta que le dan cita en ginecología en Logroño, suele pasar más de un día, cuando debería ser al día siguiente. A esto hay que sumar los tres días de reflexión por ley, que no empiezan a contar desde el primer día en que la embarazada decide terminar con la gestación, sino que tiene que esperar a acudir al centro ginecológico. Si sumamos otra serie de cosas, como que en Pamplona, donde se encuentra una de las clínicas a las que suele derivarse a las riojanas, solo se practican abortos un día a la semana, nos encontramos con un periplo innecesario que podría acortarse agilizando ciertas gestiones. Si los plazos en temas sanitarios son imprescindibles en cualquier caso, en el caso del aborto, además, pueden suponer que un aborto legal se convierta en ilegal, entre otras cosas. Es más. El sesgo de género aquí supone que la práctica de concertar los servicios públicos de salud, algo que venimos viendo desde hace años con el desmantelamiento de este sistema, viene dándose en el caso del aborto desde su legalización. 

Hay un tipo de abortos que están más invisibilizados y son aquellos que se realizan a partir de la semana 22, según cuentan desde Women’s Link. La ley vigente permite el aborto voluntario hasta la semana 14. Los abortos por causas médicas son legales hasta la semana 22. ¿Qué pasa con las mujeres que necesitan abortar por causas médicas más allá de esa semana? Estos casos tienen que suponer “anomalías fetales incompatibles con la vida y que así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico”. Cada comunidad autónoma debe disponer de, al menos, uno de estos comités y tienen que estar publicados en los boletines oficiales. Women’s Link lleva tiempo denunciando que no siempre es así: no siempre están publicados y no siempre están actualizados. 

La falta de información en torno al aborto es otro de los problemas principales. Después de publicar el caso de La Rioja me llegó el correo de una mujer vizcaína que había abortado en la misma clínica que la protagonista del reportaje. A ella le dijeron que la anestesia tenía que ser local, que si quería general tenía que pagarla. Luego se enteró de que el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, sí financia la anestesia general. A María ni siquiera le dieron la opción. Se supone que, por ley, hay que informar a la embarazada de todos los métodos a su disposición. También se supone que, después de abortar, tiene que haber un seguimiento. Sandra abortó en Pamplona, donde le dijeron que le llamarían desde el Centro de Alta Resolución San Millán (CARPA) de Logroño, pero no recibió la llamada. 

En La Rioja han vetado la primera propuesta parlamentaria para garantizar el aborto en la sanidad pública de la comunidad, pero ha llegado al Parlamento. Y a las declaraciones institucionales. Durante la presentación de la nueva ley de Igualdad de La Rioja el 1 de marzo, la consejera de Igualdad, Raquel Romero (Unidas Podemos), prometió que garantizará el acceso al aborto en la comunidad. En el hilo que mencionaba de Twitter se van sumando casos: Ceuta y Melilla, Murcia, Jaén, Soria. 

Las compañeras de Women’s Link recordaban que, hablando con las argentinas, estas les comentaban algo así (cito de memoria): “¿No estuvieron aquí unas españolas hace unos años y dijeron que en España ya, que ya estaba todo bien?”. Lo mismo pensábamos muchas hasta que fuimos un día a abortar. Lo mismo pensaría la persona que puso el comentario por el que me animé a escribir el caso de La Rioja. Lo mismo que todos esos tíos que en cierto foro de noticias comentan que nos lo estamos inventando, que no se lo creen.

Es que es increíble. Pero pasa. Hay mujeres que no pueden desplazarse para abortar. Muchas lo hacen teniendo que pedir días en su trabajo. Muchas lo hacen en secreto, porque sigue siendo un tabú en muchos sitios, y se comen solas el viaje y hasta los gastos que, aunque los cubra la Seguridad Social, siempre lo hace a posteriori y después de más papeleo. Tenemos que seguir contando nuestras historias porque esto no se reduce a los porcentajes que publica Sanidad. Las historias sobre el aborto van más allá de las cifras que dicen que es una práctica segura en España. Solo faltaba.