Más de la mitad de las universidades públicas tiene caducado su plan de igualdad

Como cuna del saber, la universidad está especialmente obligada a apostar por la igualdad, máxime en un contexto en el que estas instituciones, pese a contar con igual número de alumnos que alumnas, relegan a la mujer en su cúpula. Y sirvan unos datos: sólo hay cinco rectoras en todo el país, menos incluso que en las privadas; cuatro de cada cinco catedráticos son hombres; y ellas son menos del 40% en los vicerrectorados; menos del 30% en los decanatos; menos del 20% en la dirección de los institutos universitarios...

Precisamente para corregir esto se idearon los planes de igualdad, que en cualquier caso siguen siguen todavía pecando de ser pura retórica, lo que queda en evidencia por ejemplo en que la mayoría de las universidades los hayan dejado caducar sin ocuparse de la evaluación de su impacto y su renovación, dado que en principio están pensados para una vigencia máxima de cinco años, y la media suele ser tres. Es más, hay tres que todavía tienen “en elaboración” su primer plan de igualdad -10 años después de que comenzara la implantación de estas estrategias- y son las de Almería, Castilla-La Mancha y La Rioja, e incluso en el caso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo no consta su situación.

De hecho, de las 50 universidades públicas españolas sólo 18 tienen un plan de igualdad en vigor, bien porque lo han aprobado recientemente por primera vez, bien porque se han ocupado de renovarlo en tiempo y forma como llevan años haciéndolo, con los correspondientes diagnósticos.

Son la Universidad de Alicante (hasta 2020), Universidad Carlos III (2022), Universidad de Burgos (2021), Universidad de Extremadura (2019), Universidad de Jaén (2019), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2019), Universidad de Lleida (2019); Universidad de Vigo (2019); Universidad de Zaragoza (2019); Universidad Miguel Hernández de Elche (2020); Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla (2020), Universidad Politécnica de Madrid (2020), Universidad Politécnica de Valencia (2020), Universidad Rey Juan Carlos (2020); y Universidad Jaume I de Castellón (2020). Hay que sumarles las cuatro en las que esta planificación expira en 2018, tres de ellas de Andalucía: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Córdoba; Universidad de Málaga; Universidad de Sevilla.

El impulso de las unidades de igualdad

Se da la circunstancia de que estas instituciones están obligadas por la Ley Orgánica de Universidades de 2001 a promover la igualdad de oportunidades, y además, con la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres de 2007, a contar con unidades con este fin, lo que ocurre hoy día en todas ellas. Es más, junta conforman la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (Ruigeu), que inició su andadura en 2008 para aprovechar los esfuerzos y recursos que cada universidad dedica a la promoción de las políticas de igualdad.

En estos momentos la coordina la Universidad de Valencia, desde donde explican que los planes de igualdad “son una herramienta muy útil para la planificación”, pero también reconocen que “son de compleja y costosa tramitación”. En este sentido, subrayan: “El motivo de que algunas universidades hayan tardado en redactar los primeros planes de igualdad es sin duda debido a la escasa dotación de personal que tienen muchas de las unidades, que dificulta enormemente sacar adelante el trabajo que requiere la elaboración”.

Pero no es lo único: “La planificación requiere marcar una duración determinada, que normalmente suele ser entre 3 y 4 años, para establecer plazos en los que alcanzar los objetivos propuestos. Cuando vencen los plazos y los planes de igualdad se se cierran, viene una importante carga de trabajo con la evaluación, nuevo diagnóstico y redacción del siguiente”. Si no hay suficiente personal en la unidad, esto puede retrasar los plazos inicialmente programados. Y una vez realizado ese trabajo, la propuesta del nuevo plan de igualdad “será sometida a un largo proceso de negociación con el equipo de dirección, los sindicatos y otros agentes implicados”, según las mismas fuentes. Éstas son, en definitiva, las principales razones por las que en muchas ocasiones funcionan durante un tiempo con planes de igualdad ya caducados, cuyas acciones suelen prorrogarse hasta que entre en vigor el nuevo.

De todas maneras, hay espacio para el optimismo. Desde la Ruigeu apuntan que en sus 10 años de funcionamiento han podido comprobar que “la construcción de políticas en red posibilita tener resultados muy satisfactorios, permite compartir experiencias y unir las sinergias de los equipos interdisciplinarios”. Con este balance, fijan sus objetivos más inmediatos: elaboración del manifiesto conjunto para el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres del 25 de noviembre y poner en marcha los grupos de trabajo sobre las temáticas concretas que se abordarán en los próximos encuentros de Ruigeu (4 y 5 de abril) y en el sectorial CRUE-Sostenibilidad (9 y 10 de mayo).