Empate a 171 y ocho votos por desvelar. Es el estado de las negociaciones parlamentarias para la trascendental sesión del próximo jueves, con la que se iniciará la legislatura y que servirá para elegir la Presidencia del Congreso y la composición del órgano de gobierno de la Cámara. Una votación importante de por sí, pero que será el primer test para vislumbrar las posibilidades de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo de cara a una hipotética investidura. Los siete diputados de Junts y, en caso de abstención, el de Coalición Canaria, inclinarán la balanza de la Mesa del Congreso: una mayoría progresista o de derechas al frente del Legislativo.
En las próximas 48 horas se tendrán que resolver todas las incógnitas sobre una votación que determinará el futuro de toda la legislatura. La elección de la Mesa del Congreso es siempre clave porque es el órgano que determina en buena medida la vida parlamentaria: puede vetar leyes, comisiones de investigación, alargar o acortar los plazos de tramitación de una norma, entre otras muchas cuestiones.
Su composición es habitual moneda de cambio entre los partidos para conseguir una mejor posición en cuestiones técnicas durante la legislatura: quién puede o no formar grupo parlamentario cuando se está al borde de lo que marca el reglamento, dónde se sientan los diputados, las contrataciones de los grupos, los tiempos de intervención en el Pleno. Pero con el resultado de las elecciones del 23 de julio y la compleja articulación de mayorías que garanticen una investidura a uno u otro lado, lo que ocurra el jueves puede dar pistas sobre una futura sesión de investidura.
¿Y cómo están las cuentas a dos días de la votación? El bloque progresista tiene los 121 diputados del PSOE, los 31 de Sumar, siete de ERC, seis de EH Bildu, cinco del PNV y el del BNG. En total, 171. El PP suma los mismos 171: sus 137, los 33 de Vox y el de UPN.
Para decantar esa balanza, y aunque los socialistas mantienen vigente el apagón informativo decretado por Pedro Sánchez tras las elecciones del 23 de julio, las negociaciones se han intensificado en las últimas horas con las distintas formaciones cuyos votos resultan decisivos en la sesión de este jueves. Según fuentes parlamentarias, el PSOE está extremando la prudencia incluso en esas reuniones discretas que están teniendo lugar en el Congreso y ni siquiera está trasladando a la mayoría de sus socios de la Cámara sus planes para la candidatura a presidente o presidenta del Congreso, un cargo del que ya se autoexcluyó públicamente la hasta ahora tercera autoridad del estado, Meritxell Batet, y para el que ha sonado en los últimos días el nombre de Francina Armengol, la expresidenta balear ahora diputada.
Este martes, el PSOE ha anunciado que propondrá a la expresidenta de Baleares, Francina Armengol, para la Presidencia del Congreso de los Diputados y que la Comisión Ejecutiva Federal del partido realizará esta propuesta al Grupo Parlamentario en el Congreso durante la reunión convocada el miércoles.
En privado, en la sede del PSOE tampoco ofrecen detalles de las conversaciones con Junts pero sí admiten que el estado de las negociaciones está lejos de poder considerarse encarrilado. “Seguimos trabajando”, se limitan a señalar quienes pilotan los contactos al máximo nivel. En público, las contadas apariciones de representantes socialistas tampoco ofrecen pistas y resulta palpable que la instrucción es ni decir ni insinuar nada que, por una razón u otra, pueda complicar aún más unas conversaciones que todas partes coinciden en calificar de complejísimas. “Quedan 48 horas para que eche a andar esta nueva legislatura y también quedan 48 horas de prudencia, de diálogo y de discreción”, se limitó a contestar la portavoz del PSOE y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, a preguntas de la prensa este lunes en el Congreso.
A dos días de una votación que podría resultar decisiva para la viabilidad de la legislatura, algunos grupos parlamentarios del bloque progresista no esconden su nerviosismo ante un impasse que, en cualquier caso, creen que no beneficia a nadie. “Los números son demasiado complicados como para jugar a negociaciones al límite”, opina un diputado de uno de los grupos de izquierdas que ya han mostrado su predisposición a apoyar una Mesa del Congreso de mayoría progresista. Otro, que coincide en la preocupación ante la contrarreloj del jueves, añade: “La de la Mesa es una negociación técnica, si no son capaces de negociar eso podemos ir echando el cierre a la legislatura”.
Junts pospone la decisión
Así las cosas, todo está en manos de Junts. Los siete diputados que logró el partido del Carles Puigdemont no revelarán su posición hasta el mismo jueves, con un ojo puesto en la gobernabilidad de España y las necesidades del expresidente de la Generalitat huido a Bélgica, y el otro en su pugna con ERC por la hegemonía del independentismo, muy castigado en las urnas el pasado 23 de julio.
ERC no ha querido dejar la mínima duda de que está alineada con el bloque progresista en la votación de la Mesa del Congreso, igual que en una posterior e hipotética investidura de Pedro Sánchez. Con todo, y pese a que la semana pasada la portavoz, Teresa Jordá, dio por hecho que un socialista presidiría la Cámara, en las últimas horas la secretaria general republicana, Marta Rovira, ha aumentado sus exigencias ante el final de la negociación.
Según indicó la dirigente de ERC, exigen que la persona que dirija el Congreso dé luz verde a iniciativas vetadas en la legislatura pasada, como es el uso del catalán en los plenos, permitir una comisión de investigación sobre el espionaje de Pegasus o la tramitación de una eventual ley de amnistía.
Aun así, los republicanos son conscientes de que necesitan una Mesa a favor para garantizarse el grupo parlamentario propio, algo que no conseguirán de forma automática. También para evitar una mayoría de derechas que bloquearía cualquiera de sus reivindicaciones.
Menos claro está el papel de Junts, que se mantiene hermético bajo la consigna dada por Carles Puigdemont. El expresident rompió momentáneamente su silencio este lunes para asegurar que vienen “días decisivos”, entre los que él sitúa el próximo 17 de agosto, cuando se votará la composición de la Mesa del Legislativo.
En Junts hablan de que su posición de bisagra de mayorías en el Congreso es una “oportunidad de oro” para negociar. Pero también consideran que deben dejar pasar el tiempo de la forma más estoica posible para que el PSOE les haga una oferta completa de cara a la investidura. “Según pasan los días”, ha dicho Puigdemont, “crece el nerviosismo y sube la subasta”. Una estrategia que mantienen, por el momento, hasta la constitución de las Cortes.
Y el PP, a la espera
En el PP también echan cuentas a la espera que de Puigdemont deshoje la margarita. Y les pueden salir los números. Los 171 que suma podrían ser insuficientes si Junts apoya a una mayoría progresista para la Mesa. Pero si el partido catalán decide no sumarse a ese bloque, los de Feijóo podrían lograr el control del Congreso si suman el otro voto sin definir: el de Coalición Canaria
El número tres del partido, Elías Bendodo, daba este lunes por hecho el apoyo del partido canario, después de que el PP haya dado la Presidencia del Gobierno autonómico en las islas a Fernando Clavijo, pese a que las elecciones las ganó el PSOE.
“El PP tiene bastantes más apoyos que el PSOE para la investidura”, dijo Bendodo en Málaga. “El PP tiene 171 síes garantizados, 172 si contamos el de Coalición Canaria, que es muy posible”, añadió, para zanjar: “Se está trabajando”.
Lo que parece descartado es la jugada planteada por Clavijo para que el Congreso lo presida el PNV. Ni el PSOE ni el PP están por la labor. El ‘sí’ de la diputada de CC, Cristina Valido, solo sería definitivo ante la ausencia de Junts. Si los de Puigdemont permiten una mayoría de las derechas en la Mesa las opciones de investidura de Sánchez caerían en picado. Y aumentarían las opciones de Feijóo de someterse a una votación en el Congreso, con el PP metiendo presión incluso al jefe del Estado. Si, por el contrario, apuntalan una Mesa del Congreso progresista se abriría un nuevo proceso para elegir al presidente del Gobierno. Y ahí, sí, llegaría la hora de negociar de verdad.
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