Los militantes de IU avalan la reforma de sus estatutos propuesta por Garzón con una participación del 19%
La reorganización de Izquierda Unida planteada por su coordinador federal, Alberto Garzón, da otro paso. La militancia de la coalición ha ratificado en una consulta los nuevos estatutos que regirán a la formación a partir de 2020. Eso sí, en la votación han participado 3.841 afiliados, un 19% del censo total, según ha informado la propia organización. De ellos, el 81,61% ha votado a favor de la propuesta de reforma planteada por la dirección.
La reformar de los estatutos se produjo durante la XI Asamblea Federal, que encumbró en 2016 a Garzón al frente de la coalición. El proceso entonces no permitió un debate pausado para modificar las normas internas de la coalición por lo que algunos delegados pidieron una asamblea para ratificar los cambios dos años después.
El proceso para hacerlo se inició hace ahora cuatro meses. Desde entonces, IU ha debatido el contenido de la propuesta de reforma y, por primera vez, se ha sometido a la militancia antes de ser ratificado por el habitual sistema de delegados en la Asamblea por un Nuevo Modelo Organizativo y Estatutos.
La reforma no ha estado exenta de críticas por sectores minoritarios dentro de la organización, según las votaciones que se produjeron en 2016.
La nueva normativa, por ejemplo, limita el sueldo de los cargos de forma general a tres SMI. Pero la polémica ha venido protagonizada por la pérdida de autonomía jurídica de las federaciones regionales y los grupos parlamentarios que los nuevos estatutos señalan.
El documento aprobado plantea la necesidad de recentralizar la organización interna de la coalición para “abandonar la estructura de partido político clásico y avanzar hacia un Movimiento Político y Social”. El texto aprobado asegura: “No se puede volver a generar una refundación fracasada que desanime a nuestra militancia y que transmita el mensaje de que seguimos siendo un partido político clásico”.
La hoja de ruta definida abre un “proceso de desaparición de las personalidades jurídicas de las federaciones” que componen IU.
La estructura del partido es hoy una mezcla de organizaciones con diferentes nombres y roles. IU es una coalición que aglutina diferentes partidos (PCE, Izquierda Abierta, Izquierda Republicana y el Partido Feminista, entre otros). Además, algunas de sus federaciones regionales tienen también la personalidad jurídica de partido independiente y coaligado, como es el caso de Andalucía, la Comunidad Valenciana o la ya expulsada IUCM. Por último, Galicia o Murcia comparten CIF con la dirección y no tienen entidad jurídica propia.
La dirección de Garzón quiere simplificar este galimatías orgánico y ofrece dos opciones a sus federaciones: disolverse en la estructura federal de IU o abandonar las siglas de la coalición y registrarse como un partido netamente independiente, que puede mantenerse en la coalición.
Esta apuesta ha sido criticada por quienes ven un intento de controlar orgánica y políticamente IU para, en último caso, disolverla en Podemos. Es la posición mantenida por Izquierda Abierta, que mantiene un enfrentamiento abierto con la dirección de Garzón. En su opinión, se “debilitará a la organización de cara al encuentro con Podemos”. Desde este partido, cuya candidatura quedó tercera en la última asamblea, creen que “una cooperación competitiva y sana iría mejor a los objetivos de refuerzo de la unidad popular”.
La última pata de la recentralización pasa por ampliar la “dependencia y vinculación orgánica de los grupos institucionales a la organización”, de tal manera que los diputados europeos, estatales y autonómicos y los concejales de IU se deban más a las decisiones de los órganos del partido.
