Bélgica obliga a pagar una tasa a algunos periodistas por la seguridad en cumbres

La decisión de las autoridades belgas de imponer el pago de una tasa de 50 euros a los periodistas belgas o residentes en Bélgica por los controles de seguridad a los que son sometidos antes de asistir a las cumbres de la Unión Europea (UE) ha levantado ampollas entre los corresponsables y ha sido criticada hoy por la Comisión Europea.

El Consejo de la UE ha explicado que el origen de la imposición de esa tasa está en la legislación belga, mientras que el Ejecutivo comunitario indicó hoy que analizará todas las medidas posibles contra esta decisión, calificada de discriminatoria por las organizaciones profesionales.

“Desde el 1 de junio de 2018 una nueva normativa belga prevé una tasa de 50 euros a pagar por los empleadores de toda persona que sea objeto de un control de seguridad por las autoridades belgas. Este control tiene actualmente una validez de seis meses”, explicó el Consejo en un comunicado.

El Consejo, que representa a los Veintiocho países de la UE, deja claro que la medida le ha sido impuesta por las autoridades belgas.

“Esta ley belga no nos gusta (...) Los periodistas deben poder hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles”, dijo hoy la portavoz comunitaria Mina Andreeva en la rueda de prensa diaria de Comisión.

Añadió que, como guardiana de los Tratados, la UE puede examinar las denuncias que le sean presentadas.

Por su parte, la Asociación general de Periodistas Profesionales de Bélgica denunció la medida, que consideró que discrimina a diferentes niveles, ya que perjudica en particular a los periodistas autónomos o freelance.

“El principio mismo de tener que pagar para poder estar acreditado (...) obstaculiza la libertad de informar”, denunció la asociación en referencia a una media que en las cumbres comunitarias suele reunir a más de un millar de periodistas.

Por su parte, la Asociación de la Prensa Internacional (API), que representa los intereses de los corresponsales en Bruselas, criticó también esa medida que supondría el pago de 100 euros anuales.

“La API considera que esta medida es triplemente discriminatoria porque se aplica solo a los periodistas que residen en Bélgica y no a los que vienen de otros país (a las cumbres)”, señaló en un comunicado en su página web.

Agrega que también discrimina “porque los periodistas autónomos -que son la mayoría de los corresponsales en Bruselas- tendrán que pagar ellos mismos, mientras que los empleados por una organización verán ese gasto cubierto por sus empleadores y porque las organizaciones más pequeñas se verán afectadas por ese coste”, y en consecuencia ello puede afectar a su cobertura de las cumbres.

Esta organización profesional considera que esa tasa que se incluyó en una ley aprobada por el Parlamento belga a principios de este año, “sin prevenir y sin consulta, es un obstáculo injustificado para el trabajo de los periodistas y va a restringir el acceso de los medios a acontecimientos de interés público”.

La API, junto a las asociaciones de periodistas belgas VVJ y AJP, “piden a las autoridades belgas, en particular a los ministros del Intérior y de Asuntos Exteriores, y al primer ministro, Charles Michel, que revoquen esta decisión”, indica el comunicado.