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Las dudas sobre los negocios del tesorero de Ciudadanos ponen en aprietos a Rivera

El secretario de Finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado

Carmen Moraga

Las sombras sobre los negocios del tesorero de Ciudadanos, denunciados por Infolibre, han obligado a Albert Rivera a dar explicaciones en algunas de sus recientes entrevistas. El asunto que ese diario ha destapado afecta directamente a su tesorero, Carlos Cuadrado, a quién el PP acusa de ocultar las actividades de varias empresas en su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las finanzas de los partidos en el Senado. En Ciudadanos niegan que haya nada irregular.

Pero, paralelamente, otra vez han vuelto a asomar indicios sobre el uso indebido de las subvenciones públicas que reciben los grupos municipales, esta vez en Andalucía.

Y todo, en el peor momento posible para Rivera, que se ha visto descolocado por la moción de censura que llevó al poder al socialista Pedro Sánchez, que tiene que hacer frente a un rival en el PP inesperado y mientras intenta recuperar el foco de los medios desplegando una intensa agenda de actos en los que presenta a su formación como garante de la regeneración democrática.

En plena batalla por el espacio de centro-derecha a las vísperas de un ciclo electoral que va a durar dos años, sus rivales empiezan a atacarle por ese flanco.

El Partido Popular ha pedido a Rivera que destituya a su tesorero por las informaciones que está publicando Infolibre en varias entregas.

Una empresa de máquinas textiles cobra por asesorar

Según acreditó este medio en una de sus primeras informaciones, Cuadrado mintió ante la comisión de investigación del Senado al asegurar que no tenía ningún asunto judicial pendiente, ni en nuestro país ni fuera.

Esa información desveló que se encontraba involucrado en Brasil en varios procedimientos judiciales, en concreto en el Estado de São Paulo. Uno de ellos por el impago de una deuda de 74.000 euros con el Banco Itau. “En esa causa, Cuadrado acaba de perder su último recurso y deberá pagar”, apuntaba Infolibre.

Por este motivo, el PP anunció que en cuanto en otoño finalicen los trabajos de la comisión llevarán a los tribunales de Justicia al tesorero, “por mentir” a la Cámara.

Poco después, el mismo diario desveló que Cuadrado recibió durante cinco meses pagos del partido durante la campaña de las elecciones generales del año 2015, que facturaba mediante una sociedad limitada “interpuesta” que llevaba 15 años dedicándose a la fabricación y comercialización de máquinas para el sector textil.

En su comparecencia en el Senado, José Manuel Villegas, aunque admitió esos pagos, aseguró que se hicieron de forma “legal” y defendió que la empresa también se dedicaba “al asesoramiento fiscal y financiero”. Según explicó, el partido contrató de esa manera a Cuadrado durante algunos meses porque en ese momento, carecían de una gran infraestructura y se “externalizaban” muchos de los trabajos.

Nuevas revelaciones sobre las empresas de Cuadrado

Las mismas noticias apuntaban a que el tesorero dejó sin pagar 53.000 euros a los que fue condenada su empresa por incumplir un contrato y aluden a las múltiples falsedades que contienen sus cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona por su compañía, denominada Damei Europe, de la que es administrador único y dueño del 99% del capital, cargo que compagina desde hace doce años con el de secretario de Finanzas de Ciudadanos.

Hace unos días, Infolibre desveló también que Cuadrado aportó a esta empresa la cantidad de 791.076 euros cuyo origen no ha aclarado aún. “Para que alguien pueda aportar 791.076 euros a una empresa, sólo hay dos posibilidades legales: o previamente tenía ese capital –bien porque sus altos ingresos le permitieron ahorrarlo, o bien porque recibió una herencia–, o lo pidió prestado”, señaló el medio, que se ha hecho eco de las peticiones reiterada del PP a Rivera para que cese a su tesorero de inmediato.

“¿Qué sabe el tesorero que impide a Rivera su cese fulminante?”, se preguntó el senador popular y portavoz en la comisión de investigación del Senado, Luis Aznar.

Lo cierto es que hace meses que el PP ya decidió dar por “acreditada” la financiación irregular de Ciudadanos tras las declaraciones que realizaron en la citada comisión del Senado algunos de los integrantes de la Plataforma por las Garantías Ciudadanas que fueron expulsados del partido de Rivera por denunciar “conductas ilícitas”, según aseguran los afectados.

Entre los comparecientes figuraban el abogado Alberto Ganga, o el concejal de ULEG Carlos Delgado, que denunciaron prácticas de financiación que bordean la legalidad. Incluso desvelaron que había habido casos de candidatos que pagaron entre 11.000 y 18.000 euros para ocupar los primeros puestos en las listas electorales.

“Ciudadanos es una caja de sorpresas. Se ha abierto un melón que no sabemos a dónde nos va a llevar”, sentenció entonces el portavoz popular.

eldiario.es publicó hace ya dos años que el partido de Albert Rivera creó una estructura de franquicia para cobrar servicios a sus grupos municipales a los que obligaba a firmar contratos mercantiles por trabajos de asesoría legal, contable, fiscal, sobre organización y publicitaria, así como locales e incluso material informático. Se trata de una práctica prohibida por ley.

El propio tesorero del partido admitió entonces que la firma de esos contratos es obligatoria en todos los ayuntamientos: “Los grupos municipales tienen independencia pero las reglas internas del partido solicitan que eso se firme para tener transparencia y que quede todo claro. Trabajamos para controlar que no haya movimientos de dinero inadecuados”, dijo Cuadrado al autor de la información.

Acusaciones de uso indebido de las subvenciones

Las sospechas se extienden también al uso de esas subvenciones públicas que reciben los grupos municipales. El último escándalo le ha estallado a Rivera en Andalucía justo cuando el partido se prepara para el previsible adelanto electoral por parte de Susana Díaz.

Ciudadanos, que pretende dar el sorpasso a los populares en las próximas autonómicas y ha amenazado con dejar caer al PSOE -con el que firmó un pacto de investidura- por el caso de los ERE, se ha visto involucrado ahora en otro posible caso de uso fraudulento de subvenciones.

Desde hace unas semanas, la fiscalía de Sevilla investiga una denuncia interna por delitos de malversación de caudales públicos y financiación irregular contra el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento y en la Diputación, Javier Millán.

La demanda ha sido presentada por el exportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Camas, Juan José Jurado, quien tras ser expulsado del partido junto a otros compañeros de filas, pasó a formar parte del nutrido grupo de no adscritos del consistorio del municipio andaluz.

En la denuncia su excompañero acusa a Millán de “irregularidades en el uso de fondos públicos y de presunta malversación de caudales públicos”, de contratos de “falsos autónomos”, de abuso “desmesurado” en taxis y pago indebido de facturas por la cuenta de la Diputación.

Según ha adelantado el Diario de Sevilla, los denunciantes sostienen que el partido impuso en 2015 a sus cargos públicos un protocolo de apertura de cuentas y unas instrucciones presupuestarias y contables con la “finalidad de compeler el uso de los fondos públicos desde directrices del partido presuntamente ajeno al artículo 73.3 de la ley de bases de Régimen Local y a la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos”.

Cuentas controlada por la dirección nacional

El sistema se basa en que los ingresos públicos se integran en la cuenta de Madrid y desde esa cuenta se transfiere “sólo el 70% de cada ingreso mensual a la cuenta de pagos, acumulándose el 30% de todos los periodos” en la cuenta nacional de la formación naranja que es quien la controla.

El caso de Sevilla recuerda a otros destapados en otros lugares, como Huelva, en donde una sede fue sufragada con fondos del grupo de la Diputación Provincial. O el de La Rioja, en donde se pagaron varias nominas a la delegada territorial, María Luisa Alonso, y al portavoz del País Vasco, Nicolás de Miguel, con dinero de las subvenciones que recibía el grupo municipal de Logroño.

El asunto llegó a los tribunales porque un exdirigente de la dirección riojana expulsado del partido, interpuso una denuncia contra Alonso, por el uso indebido de las subvenciones que fue admitida a trámite por el juzgado número nº2 de Logroño. El demandante, además, ganó su pleito por la expulsión y tuvo que ser readmitido en el partido.

El propio partido, admitió las irregularidades pero las atribuyó a “errores administrativos” que se solucionaron devolviendo el dinero a la cuenta municipal

El PP llamará a Rivera a la comisión del Senado

Precisamente, en la última sesión de la comisión de investigación sobre financiación de los partidos celebrada en junio en el Senado, los populares pusieron el foco en estas prácticas prohibidas por ley.

La comparecencia en la comisión de Villegas reflejó la alta tensión que se ha creado por este tema entre ambas formaciones.

El portavoz popular logró irritar al número dos de Rivera por la brusquedad del interrogatorio al que le sometió. Villegas terminó sacando a relucir la corrupción del PP, los juicios que tienen aún abiertos, y el hecho de que el partido haya sido condenado por “financiación ilegal” en los tribunales.

El dirigente de Ciudadanos rechazó haber utilizando fondos de las cuentas de las subvenciones que reciben los grupos municipales para pagar gastos de las campañas. También rechazó que el partido controle ese dinero en una cuenta centralizada de la que son apoderados el propio Villegas y Cuadrado. “Ni un duro se desvió a las cuentas del partido para pagar esos gastos”, afirmó Villegas, tajante.

El problema es que ha sido el propio Tribunal de Cuentas el que ha tenido que llamar al orden en más de una ocasión al partido de Rivera por contabilizar, entre otras cosas, algunas partidas de ingresos como gastos de campaña o no identificar a algunos de los donantes que realizaron aportaciones al partido, por lo que tiene en estos momentos abierto un expediente sancionador.

La llegada del verano y de las vacaciones parlamentarias han paralizado los trabajos de la comisión de investigación. Pero en septiembre los populares, ya con nuevo líder y nueva dirección, están dispuestos a recibir al propio Rivera, cuya comparecencia han anunciado y esperan con gran interés “para ver si él aclara las cosas”, según dijo Luis Aznar.

“Vendrá encantado”, argumentó Villegas en el Senado. “Ciudadanos no tiene nada que ocultar y está limpio de corrupción”, remachó en número dos de Rivera.

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