La sociedad que alquiló a la Junta de Castilla y León su sede en Bruselas le reclamó 1,6 millones de indemnización

La Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León ocultó al Grupo Parlamentario Socialista que la rescisión del contrato de alquiler del palacete donde se asentó su sede comercial de Bruselas no fue, ni mucho menos, sencilla. Aunque el Gobierno regional ha asegurado en varias ocasiones que el acuerdo se resolvió sin más, no es cierto. La sociedad que le alquiló el lugar le reclamó 1,6 millones de euros de indemnización. 

La documentación remitida al juzgado que investiga el caso Perla Negra revela un intenso intercambio de correos entre la Junta, los administradores de la sociedad propietaria del edificio, y los representantes legales de ambos. La investigación del sobrecoste del edificio de Economía en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ha llegado hasta Bélgica porque durante la misma se descubrió que la promotora del inmueble era a la vez propietaria del palacete que la Junta alquilaba en Bruselas. Es decir, que el Gobierno regional tenía una estrecha relación con los constructores, si bien la parte concerniente a Bélgica no había trascendido hasta que el rastreo policial de cuentas lo puso de manifiesto.

Los hechos se remontan a 2006, cuando la Junta formalizó un contrato para alquilar un edificio en la Avenue Louis Schmitd a la sociedad Co-Louis, que se crea en 1999 y que hasta el 1 de enero de 2007 había estado administrada por ciudadanos belgas. Germán Martín Giraldo, socio de Urban Proyecta y la propia Urban Proyecta, representada a su vez por Martín Giraldo se hicieron con el 100% de la sociedad. Éste a la vez es socio en la empresa polaca Cronos Global junto a Alberto Esgueva, hasta 2006 consejero delegado de Excal y principal beneficiario de la trama eólica.

La Junta terminó el contrato antes de tiempo

El contrato tenía una vigencia de 15 años y obligaba a la Junta a pagar 13.920 euros al mes (en 2012 el precio superaba los 15.000 euros), incluso si se rescindía antes de diciembre de 2021. Y ese era el plan, alquilar hasta 2021. Pero la crisis hizo que el Ministerio de Asuntos Exteriores indicase a las Comunidades Autónomas que dejasen de gastar dinero en alquileres de sedes fuera de España y se instalasen en dependencias de las embajadas o del ICEX. A la Junta no le quedó más remedio que dejar el lujoso edificio en noviembre de 2012.

¿Qué ocurrió con la indemnización? La Junta nunca lo ha aclarado. Pero los correos aportados ahora al juzgado, dan bastantes pistas: en abril de 2012 el director de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial (ADE), se dirigió al administrador de Co-Louis para comunicarle el interés de la Junta en resolver anticipadamente el contrato, sin aplicar la cláusula que obligaba a pagar las mensualidades restantes hasta diciembre de 2021.

La respuesta de Martín Giraldo fue que “podría estar en disposición de acceder a la resolución anticipada” sin aplicar la cláusula indemnizatoria. Sin embargo vinculaba esta posibilidad a la “cancelación de la afección de los derechos” que se derivaban del alquiler, a favor de Caja Círculo, ya que la sociedad tenía suscrito un préstamo, en cuya cancelación trabajaba la mercantil.

La ADE llegó a elaborar un convenio para esa rescisión, pero no se firmó. Entre la documentación figura, además, una tasación solicitada en mayo por la Junta a Inmoseguros. La tasadora consideraba que el precio del alquiler a “día de hoy” (2012) debería ser de 9.947,50 euros al mes y en la fecha de la firma del contrato (2006) “alrededor de 14.200 euros al mes”. Lo que se deduce es que la Junta se planteó mantener el alquiler, pero rebajado.

Meses después, en octubre de 2012, la Ade se dirigió de nuevo a Martín Giraldo comunicando que se había firmado un protocolo de colaboración entre la Junta y el Ministerio de Economía para que la oficina se trasladase a la Oficina Económica y Comercial de la Misión Diplomática del Estado Español en Bruselas, y le recordaban su escrito de abril. Pero con un dato erróneo. El Gobierno regional daba por hecho que quedaba eliminada la indemnización: “Nos manifestó su disposición a acceder a una resolución anticipada”, decía en la carta “sin aplicar la indemnización”.

Así le confirmaban la resolución del contrato a partir del 31 de diciembre de 2012. La comunicación se hace extensiva a Caja Tres Círculo Católico, con la que Martín Giraldo debería cancelar el crédito. Y a partir de ahí se precipitan los hechos. Martín Giraldo deja de responder a las cartas, la Junta deja el palacete y entrega las llaves a un abogado.

El 28 de diciembre, quien se dirige a la Junta es la abogada de Co-Louis. En una carta en francés, indica que la Junta ha decidido “de manera unilateral” rescindir el acuerdo y precisa que el correo remitido por su cliente “no se puede interpretar como una renuncia a declarar la indemnización”. “Les advierto de que mi cliente no ha consentido y no a renunciado a la indemnización prevista en el contrato”. Y a continuación hace la cuenta: a la Junta le faltan por pagar 108 meses a 15.650,72 euros, de manera que la indemnización asciende a 1.690.277,76 euros y que como muy tarde deben abonarla el 1 de enero de 2013. En caso contrario acudirá a los juzgados del país competente.

Un día después, la directora de la ADE responde que han desalojado el edificio, que Co-Louis había contestado “favorablemente” a la solicitud y que se le volvió a recordar en octubre que dejaban el palacete, con mensajes que se repitieron el 13, 19,20 y 27 de diciembre “entre otros” y que no se respondió, y que entregarán las llaves cuando se les indique, pero que les devuelvan la fianza. A partir de ese momento se suceden las comunicaciones entre los letrados de la Junta en Bélgica y los de Co-Louis, que reclaman además 30.000 euros por daños en el inmueble y por la desaparición de varios muebles de diseño. Nada más se sabe sobre la reclamación de 1,6 millones

El 27 de octubre de 2014, el representante de Nioma Activos e Inversiones SL se dirigió a la Junta para comunicar que la mercantil había comprado la compañía Co-Louis y les recuerda la carta del 28 de diciembre en el que se fijaba la indemnización de 1,6 millones así como la peritación de daños, “a efectos de notificación prevista en el art. 1690 del Código Civil Belga”, además de recordar quien era la abogada que iba a llevar el procedimiento.

Es decir, que la nueva propietaria, con la que este diario ha intentado contactar siguió adelante con su reclamación. Será la Junta la que tenga que aclarar cómo se resolvió el pleito.