El Gobierno mete a Franco en campaña a la espera del Supremo

“Me produce satisfacción todo el cumplimiento de las leyes siempre en la parte que afecta constitucionalmente al Ejecutivo cumplirlas, esta y todas”. El Gobierno no ha ocultado su alegría -tal y como evidenciaron las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, encargada de hacer el anuncio- por haber superado el trance de ordenar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos para el próximo 10 de junio.

No es una medida más. La retirada de lo restos de Franco ha sido una de las banderas de Pedro Sánchez durante su corto mandato, en el que ha tenido que renunciar a algunas de sus promesas electorales por su debilidad parlamentaria, y se le había atragantado al Gobierno durante los últimos meses. Ahora el Ejecutivo decide colarla en la campaña electoral y jugar esa baza en el ciclo que se abre que incluye generales, europeas, municipales y autonómicas. La operación en el Valle de los Caídos se pretende llevar a cabo una vez rematado ese carrusel electoral, mes y medio después del 28-A. 

Por el medio puede interponerse el Tribunal Supremo: tanto los descendientes del dictador como la abadía benedictina del Valle han repetido durante las últimas semanas que recurrirían a la Justicia si el Gobierno decide seguir adelante con sus planes.

Aunque el Ejecutivo ha optado por firmar la orden de ejecución una vez haya concluido el ciclo electoral precisamente para que no se le acuse de hacer uso partidista de la mesa del Consejo de Ministros, el tema tendrá mucho recorrido en la campaña, más si el Tribunal Supremo acaba pronunciándose.

El Ejecutivo explica precisamente que otro motivo por el que se ha retrasado casi tres meses la ejecución es la concesión de tiempo para que el Supremo se pronuncie y “garantizar así el transcurso de un tiempo suficiente para salvaguardar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los interesados”. La decisión del tribunal coincidirá con la precampaña o la campaña electoral, según reconocen fuentes de Moncloa. 

Sánchez trata de lanzar el mensaje de que su determinación, a pesar de contar con 84 de 350 diputados, puede lograr lo que no hizo ninguno de los ejecutivos socialistas en cuatro décadas de democracia, ni siquiera aquellos que gobernaron con mayorías absolutas holgadas. Y de paso busca equiparar a España con otros países que sufrieron regímenes autoritarios y donde serían impensables esos monumentos a un dictador.

La exhumación es la última de las iniciativas que el Gobierno de Sánchez aprobó después de que el presidente anunciase el adelanto electoral, como la ampliación de los permisos de paternidad, la recuperación del subsidio para desempleados de más de 52 años o el decreto ley de vivienda para la nueva regulación del alquiler.

Todas esas medidas le costaron incendiadas críticas por parte de sus rivales Pablo Casado y Albert Rivera. El primero ha amenazado con llevar los decretos al Tribunal Constitucional y Ciudadanos intentó paralizar la tramitación del de igualdad laboral. El Gobierno se ha llevado la razón y tiene que convalidar ahora esas medidas con una ajustada aritmética parlamentaria: el bloque de la moción de censura supera en tan solo un diputado a PP y Ciudadanos en la Diputación Permanente, el órgano de guardia en el Congreso cuando están disueltas Las Cortes. 

La salida de Franco, un icono de un mandato difícil

Los socialistas buscaron en la exhumación de Franco desde el primer momento convertirla en el icono de la legislatura de Sánchez, como la retirada de las tropas de Irak lo fue en cierta medida del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. No ha podido ser, pero el PSOE no dudará en usarlo como argumento electoral. 

Pero los socialistas miran de reojo al Supremo porque ahora la exhumación de Franco está en sus manos. “La última palabra la tiene el tribunal”, reconocen en el Gobierno. En Moncloa están convencidos de que los magistrados fallarán a su favor porque consideran que se trata de un “expediente impecable” que responde a una ley en vigor –a través del decreto ley que convalidó el Congreso–. Además, sostienen que el argumento de que la exhumación es “irreversible” no es aceptable ya que podría deshacerse, como sucedió en Navarra con el caso del general Sanjurjo, si una sentencia decide revocarla. 

El Gobierno mira de reojo al Supremo

No todos en el Ejecutivo son tan optimistas. Algunas fuentes temen que el Supremo considere que la modificación de la ley de memoria histórica en la que se sustenta el procedimiento de exhumación constituya una “ley de caso único”. Las normas tienen que tener carácter general y no afectar a individuos concretos. 

Preguntada por el futuro del Valle de los Caídos, la vicepresidenta admitió que la prioridad del Ejecutivo ha sido sacar de allí a Franco por la “perturbación” que supone para un lugar que a juicio de los socialistas debe ser un lugar de “reposo” y “memoria” de la guerra civil. 

La paralización por parte del tribunal sería un varapalo para el Gobierno, que ha acusado el desgaste de los vaivenes en el procedimiento para la exhumación en el que se ha enfrentado a la familia del dictador y también a la Iglesia, que ha mantenido una posición ambigua y ha optado por no mojarse en el proceso. Un fracaso en la decisión final de sacar los restos el 10 de junio se convertiría, además, en un arma para los contrincantes. 

El del Supremo será el último de los obstáculos de una carrera que ha estado plagada de ellos. La familia ha “obstruido” el proceso desde el principio, según denuncia el Gobierno. Además, el “entorno” del dictador también ha intentado entorpecer el procedimiento para que sus restos salieran del mausoleo. 

Maniobras orquestadas en diferentes instituciones

A través de abogados cercanos, decenas de particulares presentaron recursos en los juzgados contra el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que avalaba la obra menor que hay que realizar para sacar el cadáver. 

Esas demandas fueron rechazadas hasta el quince ocasiones por tres jueces distintos hasta que una de ellas fue a parar al juzgado número 3 de lo contencioso administrativo de Madrid, cuyo titular, José Yusty Bastarreche, es un público opositor de la Memoria Histórica. Él aceptó una de esas denuncias, a pesar de que otros juzgados ya habían visto esos casos anteriormente y la legislación indica que tienen que reagruparse en el primero que lo recibió. Los demandantes decidieron retirar todos los recursos que habían recaído en otros magistrados para que la causa se quedara en manos de Yusty Bastarreche.  

El magistrado asumía los argumentos de un informe encargado por la Fundación Francisco Franco que habían desdeñado la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo con el rechazo de recursos similares a los que particulares presentaron en los juzgados como parte de una estrategia orquestada. 

En Moncloa muestran “preocupación relativa” por este asunto porque consideran que, en todo caso, el juez ha paralizado “un informe que ya ha surtido efectos” porque el Ayuntamiento avalaba el procedimiento. Por otro lado, fuentes gubernamentales sostienen que no necesitan una “licencia urbanística” para llevar a cabo la obra: “En la Ley del Suelo hay una excepción para la Administración General del Estado. El Estado no pide licencias urbanísticas”. 

Otro frente que tiene el Gobierno es la Iglesia. La vicepresidenta, Carmen Calvo, llegó a irse al Vaticano a abordar la cuestión con el número dos del Papa. La reunión fue fructífera para el Ejecutivo, que aseguró tener el respaldo de la Santa Sede, pero lo cierto es que la jerarquía eclesiástica se ha mostrado equidistante en todo momento y ha optado por no entrometerse. Se limita a decir que cumplirá la ley y apela a un entendimiento entre el Ejecutivo y la familia del dictador que ha sido imposible. 

La orden de los benedictinos ha plantado cara directamente a Sánchez y amenaza con no dejar entrar en la basílica a los operarios que tendrán que llevar a cabo la retirada de la losa y la exhumación. El Ejecutivo sostiene que tiene la “habilitación” que necesita para entrar en la abadía, pero no ha concretado todavía cuál será la fórmula.

Por el momento, la exhumación queda en standby hasta que hable el Supremo o hasta el 10 de junio. En esa fecha, un mes y medio después de las elecciones generales, el Gobierno de Sánchez estará en funciones (en el mejor de los casos, siempre que no se produzca una investidura exprés de las derechas, si suman mayoría el 28-A). La opción de que un Gobierno de derechas esté constituido para entonces es remota por los plazos, pero posible. Calvo ha lanzado una advertencia: “Esta decisión mientras sea legal la tiene que cumplir cualquier Gobierno”. No habría tiempo, a su juicio, de deshacer vía decreto el que ordenó el proceso de exhumación.