El Parlamento de Nicaragua cancela a otras cinco ONG en medio de la crisis

El Parlamento de Nicaragua canceló hoy con “carácter urgente” la personalidad jurídica de otras cinco ONG, lo que eleva a nueve en las últimas dos semanas, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega desde abril.

Esas organizaciones no gubernamentales son el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), fundado y dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), y quien dirigió el diario Barricada, órgano oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en su primer régimen (1979-1990).

También suspendió a la Fundación Popol Na, presidida por Mónica Baltodano, una ex guerrillera sandinista que luchó contra la dictadura de los Somoza, formó parte del primer Gobierno sandinista, luego fue diputada cuando el FSLN era oposición, y acompañó al presidente Ortega cuando fue acusado de violación por su hijastra Zoilamérica Narvaez.

Además, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), cuyo presidente es Jaime Wheelock, uno de los antiguos nueve “comandantes” de la revolución sandinista.

También la ambientalista Fundación del Río, que alertó a la sociedad nicaragüense de las dimensiones reales del incendio de la reserva Indio Maíz en abril pasado, que calcinó unas 5.945 hectáreas de bosque virgen, previo a la crisis sociopolítica en la que está sumergida el país.

Asimismo, fue cancelada la ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias, que defiende los derechos de las mujeres y promueve el desarrollo en el norte de Nicaragua.

El Parlamento nicaragüense, controlado por los sandinistas, quitó el estatus legal a esas organizaciones basado en un informe del Ministerio de Gobernación que los acusa, entre otros, de formar parte de un grupo de ONG que apoyaron “el fallido intento de golpe de Estado”, como el Ejecutivo se refiere a las manifestaciones antigubernamentales.

Según el Ministerio de Gobernación, esos organismos incumplieron “gravemente sus obligaciones legales” y sus estatutos al haber “desnaturalizado su personalidad jurídica”, “alterar el orden público”, “realizar acciones para desestabilizar el país” y “afectar la seguridad ciudadana”.

También por “facilitar fondos para la comisión de actos terroristas”, lo que fue rechazada por cada uno de esos organismos, que pusieron a disposición sus libros contables.

Los legisladores sandinistas acusaron a esas ONG de actuar “como partidos políticos”, pedir en el exterior sanciones contra el Gobierno y promover una campaña contra el Estado y contra el Ejecutivo.

“Estos organismos en algún momento defendieron la ideología sandinista y si siguieran defendiendo al régimen no estarían decapitados”, dijo el diputado liberal opositor Miguel Rosales, que denunció “una guillotina legislativa” en Nicaragua.

El diputado sandinista José Antonio Zepeda sostuvo que no se trata de ninguna venganza política sino de organizaciones que incumplieron con sus estatutos y desnaturalizaron sus objetivos.

Dos de las ONG afectadas previamente fueron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dirigido por la activista Vilma Núñez, y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), cuya directora, Ana Quiros, fue expulsada de Nicaragua.

Las otras dos afectadas fueron el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y Hagamos Democracia, cuyos directores, el académico Félix Maradiaga y el político Luciano García, respectivamente, debieron huir al exilio alegando “persecución estatal”.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.