Pedro Sánchez apuesta por “derogar” la ley Mordaza: “Ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión”

En su discurso en la Casa de América, Pedro Sánchez no ha especificado plazos ni el alcance de la derogación de una ley de 2015, d aprobada durante la mayoría absoluta del PP, que cuenta con el rechazo frontal de Podemos y de otros partidos de izquierda y nacionalistas, muy críticos con la norma impulsada por el entonces ministro del Interior, el 'popular' Jorge Fernández Díaz.

El pasado 31 de mayo, durante el debate en el Congreso de la moción de censura planteada a Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno prometió trabajar para derogar algunos artículos de la 'ley mordaza'. Es la misma tesis que defendió el 26 de junio la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, que insistió en el “compromiso” del Ejecutivo de Pedro Sánchez de avanzar en la derogación de los artículos más lesivos.

Por entonces el Grupo Parlamentario Socialista estaba a la espera de una reunión con los miembros del Gobierno para determinar si el Ministerio del Interior se planteaba reformar esa norma 'motu proprio' o dejaba el trabajo al Congreso. En todo caso, Lastra puntualizó que se haría “de la mano de los grupos”.

DOS PROPUESTAS PARA REFORMAR O DEROGAR

Existen dos propuestas para reformar o derogar la citada norma: una del PSOE, que propone eliminar toda la ley del PP y volver a la anterior legislación en la materia, que data de 1992; y otra del PNV, que modifica la ley vigente sin necesidad de retrotraerse a 1992. Los sindicatos representativos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil, que vieron reforzado su protección, apoyan la norma aunque aceptando que existe margen de mejora en su articulado.

Al ser una norma orgánica, no basta con recabar más votos a favor que en contra, sino que es imprescindible reunir la mayoría absoluta en ambas cámaras (176 diputados en el Congreso), con la particularidad de que en el Senado es el PP quien dispone de mayoría absoluta.

Si se opta por la vía del proyecto de ley del Gobierno, el proceso podría ralentizarse aún más ya que sería preciso redactar un anteproyecto de ley y someterlo a examen previo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado, y luego empezar todo el procedimiento parlamentario desde el principio: toma en consideración, plazos de presentación de enmiendas, prórrogas, ponencia, etcétera.

La aprobación definitiva en marzo de 2015 de la Ley de Seguridad Ciudadana contó con los votos de PP y UPN y el rechazo de toda la oposición. Se puso fin a 16 meses de tramitación parlamentaria en los que el texto sufrió numerosos cambios con respecto al borrador original que presentó Interior en noviembre de 2013, con aspectos en un principio muy polémicos.

La norma establece 44 razones por las que alguien puede ser sancionado con multas que van desde los 100 euros hasta los 600.000. El procedimiento que regula los expedientes sancionadores es una de las cuestiones más polémicas que diferentes plataformas, partidos políticos e inclusos representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado solicitan revisar.