Sánchez e Iglesias aparcan las diferencias y apartan a Calvo de la coordinación de la coalición

La ley del “solo sí es sí” ya tiene una primera damnificada. Es la conclusión a la que han llegado varios miembros del Gobierno tanto de Unidas Podemos como del PSOE. Se trata de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, cuyos compañeros del Consejo de Ministros dan por hecho que sale claramente debilitada después de su pulso con la titular de Igualdad, Irene Montero, a cuenta de las formas y el fondo del anteproyecto de Ley de Libertad Sexual que aprobó el martes el Consejo de Ministros. “En mes y medio ha dinamitado la confianza que había entre socios y provocado un cisma que nunca debió existir”, se quejan varios ministros consultados por eldiario.es.

En realidad la franqueza entre los representantes de Unidas Podemos y Calvo se quebró por primera vez durante la negociación del pasado julio para la investidura que resultó frustrada de Sánchez. Meses después, y ya cerrado el acuerdo para la coalición, ambas partes decidieron poner el contador a cero, pero las políticas de Igualdad, una competencia que la vicepresidenta se resistió siempre a que saliera de su departamento, han vuelto a destapar la caja de los truenos y provocado enfrentamientos entre distintas carteras, incluida la de Justicia, a cuyo titular llegó a reprender el presidente del Gobierno después de las quejas elevadas tanto por Iglesias como por Montero por la dilación en la revisión del texto y las supuestas deficiencias técnicas.

Juan Carlos Campo, que fue acusado de “machista” por Iglesias y por su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha mantenido no obstante una conversación con el vicepresidente segundo en la que ambos han limado asperezas y aclarado malentendidos, después de que el primero admitiera, según fuentes de Unidas Podemos, “haberse visto envuelto en una pugna que desconocía” entre Calvo y Montero.

No es la primera vez que en el seno del Gobierno hay distintos pareceres. Los ha habido durante el debate de la ley de Educación, sobre la política migratoria, entre los ministerios de Economía y Trabajo y hasta por la estrategia en materia de comunicación. La diferencia es que esta vez se han aireado en público, con filtraciones a algunos medios sobre la falta de competencia y capacidad técnica de la titular de Igualdad y han dado pábulo a que la oposición hable de dos gobiernos en uno. La polémica ha obligado incluso a que intervenga el presidente, que, perciben tanto desde el PSOE como desde Podemos, ya ha tomado nota y algunas decisiones al respecto.

“Pedro Sánchez lleva toda la semana sin hablar con nadie. En la reunión del Consejo de Seguridad no se permitió ni una licencia con los ministros, más allá del contenido estricto del orden del día”. El entrecomillado es de un ministro del Gobierno que conoce muy bien al presidente, que es transparente cuando se enfada. En este caso, ha sido testigo de la guerra interna entre sectores de la coalición y sobre todo –apuntan fuentes gubernamentales– le ha abochornado que el espectáculo trascendiera más allá de las paredes del Ejecutivo con filtraciones de una parte y de otra.

Como ha sucedido en otras ocasiones, han sido Sánchez e Iglesias los que han terminado por cerrar las diferencias. Ambos comieron el miércoles tras el estallido público de la crisis por la Ley de Libertad Sexual. Esta vez la batalla se ha saldado en contra de las atribuciones para la coordinación entre ministerios que hasta ahora tenía Carmen Calvo, a quien Unidas Podemos colocó en la diana por la bronca de la ley. En adelante, presidente y vicepresidente segundo han decidido asumir personalmente el peso negociador de las iniciativas de calado, de lo que a efectos prácticos desde Podemos interpretan que “habrá leyes que lleguen al Consejo sin que pasen por la Vicepresidencia Primera”.

En ese contexto, en la tarde de viernes se ha reunido la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición, prevista inicialmente para el próximo jueves. Se ha adelantado, según fuentes socialistas, porque “después de la semana de ruido era necesario verse, hablar, aclarar las cosas” y poner en valor lo que se ha aprobado, en referencia a la Ley de Libertad Sexual. A la reunión no ha acudido Carmen Calvo, pero sí representantes de su vicepresidencia: el subsecretario, Antonio Hidalgo, y su jefa de Gabinete, María Isabel Valldecabres.

Fuentes del Gobierno presentes en la reunión de seguimiento aseguran que en el encuentro “se ha hecho total hincapié en el papel fundamental de la vicepresidenta Carmen Calvo en la coordinación del Gobierno, en especial como presidenta de la Comisión de Secretarios y Subsecratarios, que es precisamente el órgano que coordina a todos los ministerios para organizar todo el impulso legislativo del Ejecutivo y ordenar cada materia que va al Consejo de Ministros”.

Choque por la Ley de Libertad Sexual

El conflicto, que parecía haber quedado limado hace unas semanas cuando Irene Montero recibió el sí de Sánchez a que la norma incluyera la reforma del Código Penal en lo referente al consentimiento sexual, frente al criterio de Calvo y del titular de Justicia, se trasladó a la mesa del Consejo de Ministros.

En la reunión del martes 3 de marzo, Sánchez abroncó a Calvo porque los miembros del Gabinete tenían textos distintos del anteproyecto impulsado por Igualdad y solo dos titulares de cartera tenían entre su documentación el resumen ejecutivo preparado por Montero para todo el Gobierno. El texto de la ley no se correspondía siquiera con la versión final en la que habían trabajado hasta última hora del día anterior, incluyendo las modificaciones planteadas, fundamentalmente, por el Ministerio de Justicia. El presidente se llevó a un aparte a los ministros implicados en el asunto y todos salieron y volvieron a entrar en la sala. Sánchez no ocultó, además, su malestar con Juan Carlos Campo por las filtraciones sobre los defectos que tenía el borrador de la ley apenas 24 horas antes de que el Gobierno aprobara el anteproyecto.

La guerra en el Gobierno de coalición por la aprobación del anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual ha sido el último capítulo de una serie de desencuentros entre los dos integrantes del Ejecutivo, el PSOE y Unidas Podemos. Pero no es un capítulo más, porque ha saltado a los medios con total virulencia y ha llegado a preocupar en ambas organizaciones por la brecha que podía abrir en el futuro. La principal inquietud de Sánchez respecto a este conflicto es que hasta ahora los problemas se habían resuelto sin apenas airearse y menos aún el choque directo entre miembros de un Ejecutivo que hasta ahora hacía gala de tener una gran sintonía, pese a pertenecer a distintas familias políticas.

No obstante, la primera gran discrepancia pública se produjo tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que avaló las llamadas devoluciones en caliente, es decir, la interceptación de personas migrantes en la frontera terrestre que separa España de Marruecos y su reingreso inmediato al país africano. Tras la sentencia, el Ministerio del Interior aprovechó para ratificar que se mantendrían este tipo de actuaciones en las fronteras, y desde Unidas Podemos advirtieron de que eso suponía saltarse el acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que recoge la promoción de “una política europea de inmigración justa y solidaria a través de la articulación de vías legales y seguras, que respete los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la UE para todas las personas”.

Marlaska, señalado por la política migratoria

Esa posición sobre la sentencia de Estrasburgo, sumada a la filtración de un antiguo borrador de la ley de asilo de la que Interior se desmarcó aduciendo que fue elaborada por técnicos y que se esperará a que haya una posición de la UE para acometer esa legislación, supuso el primer choque interno. Moncloa tranquilizó a sus aliados con un comunicado pactado, del que Interior no fue advertido, en el que se establecía que la política migratoria debe basarse en el “respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y en los derechos humanos”.

Tras sortear esa desavenencia, PSOE y Unidas Podemos aseguraron haber extraído un aprendizaje y se emplazaron a tratar de anticiparse a los problemas para pulir las discrepancias con antelación. El caso de la sentencia de Estrasburgo era un claro ejemplo de cómo el Gobierno puede predecir distintos escenarios y acordar la posición con premura dado que la fecha del fallo era conocida con anterioridad.

Casi en paralelo a la bronca por la política migratoria estalló el segundo conflicto que se ha prolongado hasta esta semana a propósito del proyecto de Ley de Libertad Sexual. Desde Igualdad acusaron a Justicia de bloquear el proyecto. El temor era que su aprobación se retrasara respecto a la fecha acordada con Sánchez para su aprobación: en el Consejo de Ministros de la semana del 8M. El departamento de Juan Carlos Campo negó estar dilatando el procedimiento.

Lo que rezumaba era la intención de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y de Campo –que había confirmado en rueda de prensa la portavoz, María Jesús Montero– de acometer la legislación del “solo sí es sí” en la reforma integral del Código Penal y no a través de la ley estrella del departamento de Irene Montero.

Ese desencuentro aceleró la constitución de la mesa permanente de seguimiento del pacto, uno de los instrumentos de los que se ha dotado la coalición para dirimir posibles conflictos y organizar el funcionamiento. De ese primer encuentro ambas partes salieron satisfechas y dieron por solucionados los dos conflictos. Sin embargo, ni ese mecanismo ni las comidas mensuales de Sánchez con sus vicepresidentes han establecido unas bases sólidas para evitar que el conflicto explotara poniendo en entredicho la confianza entre los miembros de la coalición. Todavía no se ha establecido un protocolo para reunir a las dos mesas de continuidad del acuerdo, la del Gobierno y la parlamentaria. No obstante, tras la bronca por la Ley de Libertad Sexual se ha vuelto a convocar para la próxima semana.

El Ministerio de Igualdad se ha sentido ninguneado por las críticas que se han vertido desde otros departamentos al texto de la Ley de Libertad Sexual y que se han hecho públicas en los medios de comunicación. Llegado ese punto, las grietas entre los socios son evidentes. “El exabrupto de Iglesias es intolerable”, comentaba un alto cargo de la Moncloa sobre las acusaciones de machismo vertidas desde Unidas Podemos. La posición que han mantenido los dos sectores que componen el Gobierno va en contra de las propias normas de convivencia que pactaron en las que, además de establecerse la coordinación para pactar incluso las discrepancias, se establece el compromiso de mantener “la máxima discreción en relación con las negociaciones y acuerdos que se produzcan en el seno del Gobierno”.

El feminismo volverá a ser foco de conflicto

Tanto en el PSOE como en Unidas Podemos son conscientes, además, de que el conflicto respecto al feminismo no ha hecho más que empezar. Por una parte porque siempre ha sido una bandera socialista que en la coalición se les ha arrebatado. “Está dolida”, reconocen en las filas socialistas sobre la pérdida de la cartera por parte de Carmen Calvo. Pero también admiten que hay un problema de fondo que resurgirá al abordar las leyes LGTBI. “El origen viene con la ley trans y la autodeterminación del género, que es una aberración legislativa. Si eliminas la calificación del sexo, ¿cómo mides la discriminación?”, explica una dirigente socialista, que asegura que hubo un “pacto de no agresión en este tema”, “que no se iba a entrar” y que “se intentó colar en la ley”. Esa es la parte que revolvió a una parte de las feministas y, especialmente, a las vinculadas con el partido. La guerra, que atraviesa también al movimiento, volverá al Consejo de Ministros, según temen en las dos formaciones.

Esta misma semana también han quedado patentes las discrepancias internas respecto a la nueva ley de educación. Para Unidas Podemos es insuficiente respecto al acuerdo rubricado por Sánchez e Iglesias, que señala que se impedirá “la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos”. Fuentes del departamento de Isabel Celáa explican que no se pueden prohibir las ayudas a esos centros porque iría en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, pero aseguran que “esa es la intención de la ley”, aunque expresado de otra forma.

La ley de Educación y el 'caso Couso'

El texto señala que “se priorizará a las escuelas que no segreguen” a la hora de adjudicar los conciertos. De esta forma, fuentes de Educación sostienen que si un colegio que segrega recibe subvención –ya que depende de las comunidades autónomas– y no lo hace uno que no segrega podría actuar la Inspección y emprender acciones legales. Sin embargo, la explicación no convence a Unidas Podemos, que ha anunciado que presentará enmiendas en la tramitación parlamentaria al igual que pretende hacer el PSOE en la ley de libertad sexual.

La peor semana para el Gobierno de coalición se cerró con otros dos casos de discrepancias. Uno sobrevenido tras la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al Estado a indemnizar a la familia del cámara de Telecinco asesinado en Irak por tropas de EEUU, José Couso. La Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, ha decidido recurrir dicha sentencia. La respuesta desde Unidas Podemos fue inmediata en contra de la decisión del departamento que dirige Campo.

El otro conflicto viene de lejos y puede tener una pronta resolución o enconarse. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido información a Suiza acerca de la investigación abierta sobre los 100 millones que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí en una cuenta de dicho país. En el Congreso, ERC y el Grupo Plural han solicitado una comisión de investigación que ha recibido el apoyo de Unidas Podemos y el rechazo del PSOE, que arguye que los letrados del Congreso no avalan la creación de un organismo para investigar al exjefe del Estado dado que gozaba de inmunidad. No es la primera vez que ambos partidos chocan por una investigación parlamentaria sobre Juan Carlos de Borbón, pero sí es la primera vez que lo hacen compartiendo Ejecutivo. En las filas socialistas no ha sentado bien que el grupo confederal apoye esa iniciativa que saben, según las fuentes consultadas, que quedará “en vía muerta”.