Teresa Peramato: “Eso de que el Gobierno puede instrumentalizar a los fiscales es obsoleto, manido y sin fundamento”

Teresa Peramato (Salamanca, 1962) fue elegida el pasado verano como presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la segunda organización profesional en representación en la carrera. Con tres décadas de experiencia, ejerce actualmente como fiscal ante el Tribunal Constitucional. Ahí recaló tras doce años como fiscal delegada para la Sección de Violencia sobre la Mujer, desde donde promovió iniciativas ante un problema que considera “incontestable” por mucho que haya “posicionamientos ideológicos que lo nieguen”.

Reclama que se forme “ya” un Gobierno “estable” porque, asegura, la situación de interinidad política afecta a la Justicia “de una manera especial”. Y pone un ejemplo concreto de ello: la limitación del plazo para investigar causas penales que aprobó el Partido Popular en 2015 y que lo reduce a seis meses. Asegura que esa reforma ha provocado un “nivel de impunidad” que ningún Estado de derecho puede permitir y reclama su derogación automática.

España lleva nueve meses con un Gobierno en funciones. ¿Afecta esta situación de interinidad al trabajo de la Justicia?

Afecta a todas las administraciones y a la Justicia de forma especial. Tenemos pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. También tiene consecuencias sobre necesarias reformas legislativas como la del artículo 324 de Ley de Enjuiciamiento Criminal [el que limita la investigación de las causas penales tras la reforma del PP], o penales, como la de los delitos contra la libertad sexual. Además, todos los contactos con la Administración central sobre nuestras reivindicaciones como asociación sufren un parón. Necesitamos ya un Gobierno estable.

¿Confía en que en la próxima legislatura se derogue la norma que limita el plazo de instrucción de los delitos? ¿De qué manera está afectando esta norma a que los fiscales saquen adelante investigaciones?

Se vendió como la reforma estrella del Partido Popular y ha tenido unos efectos absolutamente devastadores. No solamente ha provocado impunidad en casos de corrupción, sino que en otras causas las víctimas han visto absolutamente frustrado su derecho a la tutela judicial efectiva. Son plazos que van en perjuicio de una investigación sosegada, tranquila y efectiva. Y eso es algo que perjudica claramente a las funciones el Ministerio Fiscal pero, sobre todo, provoca un nivel de impunidad que un Estado de derecho como el nuestro no se puede permitir. Hemos reclamado desde el primer momento su derogación automática. Hasta ahora no lo hemos logrado, pero confío en que se consiga.

Una de las principales reivindicaciones de su asociación es que el Ministerio Público asuma la investigación de las causas penales. ¿Están los fiscales preparados para ello?

Nuestra preparación es tan buena, exquisita y demostrada como la que puedan tener los jueces. Pero no solamente es que estemos preparados, sino que la función propia del Ministerio Fiscal es encargarse de la investigación. Somos los que sabemos qué pruebas necesitamos para sostener la acusación o, en su caso, pedir el archivo de los procedimientos. Los jueces, por su parte, deberían adoptar el papel de enjuiciamiento y el de jueces de garantía cuando necesitáramos su autorización en caso de diligencias que supongan la invasión de derechos fundamentales. Ese es el sistema más natural y el más apropiado para conseguir una justicia efectiva.

Pero los críticos con esta fórmula sostienen que el Gobierno puede instrumentalizar a los fiscales y decirles a quién tienen o no que investigar.

Ese es un argumento obsoleto, manido y sin fundamento. El fiscal general del Estado es nombrado por el rey a propuesta del Gobierno pero, a partir de ahí, es independiente. Solo puede ser cesado por las causas establecidas en el Estatuto y las relaciones con el Gobierno están tasadas. El Ejecutivo puede pedirle que actúe en defensa del interés público o que rinda cuentas por una investigación, pero no está obligado a obedecer. A partir de ahí, es verdad que tenemos una dependencia jerárquica con el objetivo de garantizar la unidad de actuación, pero siempre sometidos al principio de legalidad y de imparcialidad.

Aunque luego se retractó, Pedro Sánchez insinuó en plena campaña electoral que la Fiscalía siguió las instrucciones del Gobierno al emitir la orden de detención y entrega contra Carles Puigdemont. ¿Es realmente autónomo el Ministerio Fiscal respecto al poder ejecutivo?

Esas declaraciones, al igual que otras que han hecho otros políticos de otros Gobiernos, no solamente son desacertadas e inapropiadas, sino que transmiten una idea equivocada a la sociedad. La Fiscalía en España es absolutamente independiente del Gobierno. La única conexión está en el nombramiento, pero a partir de ahí las funciones del fiscal general están absolutamente garantizadas con independencia. Eso no quiere decir que no tengamos que ganar más autonomía. Para ello, pedimos una potestad reglamentaria interna y que se nos dé autonomía presupuestaria para gestionar nuestros servicios por nuestros propios medios.

¿Ha cambiado en algo la Justicia con una fiscal de la UPF al frente del Ministerio de Justicia?

Pensar que en tan poco tiempo se pueda producir algún cambio en la Administración y en la impartición de Justicia sería una aspiración irresponsable y sin fundamento. Yo confío que cuando se constituya de nuevo el Gobierno, el Ministerio de Justicia tenga de nuevo una estabilidad en virtud de la cual se puedan adoptar medidas que sí provoquen esos cambios.

¿Confían en que Dolores Delgado siga al frente del Ministerio?

Me gustaría que siguiera. Pero en el caso de que ella no continúe confío en que se nombraría a otra persona que también podría hacer un buen papel.

¿Es más complicada su posición teniendo en cuenta que la actual ministra de Justicia fue candidata al Consejo Fiscal por la UPF apenas tres meses antes de ser nombrada?

Las asociaciones trabajan para conseguir que se hagan efectivas sus reivindicaciones, tanto con el ministro o ministra de Justicia como con el fiscal o la fiscal general del Estado. En ambos casos, las dos han sido miembros de la UPF. Eso no ha complicado la relación, porque todos tenemos claro cuáles son nuestras funciones. Nosotros hemos mantenido siempre unas reivindicaciones que seguiremos sosteniendo con independencia de quién sea el titular de Justicia o quién encabece la Fiscalía General del Estado. Y ellas lo saben, así que no tiene por qué haber ninguna complicación.

¿Ha habido recientemente bajas en su asociación?

Sí, ha habido.

¿Han sido numerosas? ¿Les han explicado los motivos?

Bueno, no han sido tantas. Sí fueron repentinas con el cambio de secretariado, lo que ha generado cierta preocupación. En algunos casos han sido por motivos personales y en otros por cuestiones profesionales. Y en otras ocasiones simplemente se nos ha comunicado la baja. Lamentamos muchísimo que algunos compañeros se hayan ido por las razones que sea, aunque también estamos contentos de que haya habido nuevas incorporaciones aunque estas todavía no compensan las bajas. La UPF está por encima de cada uno de los asociados y persigue una serie de objetivos que están claramente establecidos en nuestros estatutos.

¿Cuál es la reforma de la Justicia que plantea la UPF?

La reivindicación fundamental es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se le dé la investigación al Ministerio Fiscal garantizando su autonomía. También necesitamos más medios humanos y materiales, pues estas carencias son un mal endémico. Por otro lado, está la exigencia de que la Justicia Digital sea efectiva y garantice la integridad de los expedientes. Y también la reforma del artículo 324 de la que hemos hablado antes.

Antes de su actual puesto en el Constitucional, usted fue fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer. ¿Falla algo desde el ámbito judicial para que siga habiendo tantas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas?

Para avanzar en la lucha contra la violencia de género es necesario que se pongan en marcha todas las medidas del Pacto de Estado, para lo que necesitamos inmediatamente un Gobierno. Una de esas medidas es precisamente que todos los profesionales que trabajan con las víctimas tengan una formación adecuada en igualdad y derecho discriminatorio. Otra cuestión relevante es que las valoraciones del riesgo de las víctimas sean efectivas, adecuadas y ajustadas y que tengan en cuenta no solo a la mujer sino a las personas más vulnerables de su entorno, como son los niños y niñas. Otro foco de actuación es la prevención y la educación. Buscar la responsabilidad únicamente en la Justicia o en la Policía es un error. Es un problema incontestable por mucho que haya posicionamientos ideológicos que lo nieguen.

La sentencia del procés ha dado la razón a la Abogacía del Estado frente a las tesis de la Fiscalía. ¿Ha quedado debilitada la institución por este juicio?

De ninguna de las maneras. La Fiscalía hizo un papel magnífico a lo largo de todo el procedimiento y el hecho de que no nos hayan dado la razón es un ejercicio de normalidad. No es la primera vez ni será la última que la posición de los órganos de enjuiciamiento sea distinta a la de la Fiscalía y eso no quiere decir que nuestra posición se debilite, todo lo contrario. La Fiscalía ha demostrado que mantiene un ejercicio absolutamente independiente del Gobierno.

Hay fiscales que se van a despachos de abogados y luego vuelven a la Fiscalía a acusar a personas defendidas por esos mismos bufetes. ¿Deberían prohibirse las puertas giratorias entre la Fiscalía y la Administración?

Hay compañeros que creen que se tiene que dar absoluta libertad a los fiscales para pedir excedencias y volver cuando renuncian a continuar en esa situación. Y otros que pensamos que esas idas y vueltas a la privada se tendrían que reglamentar. Por ejemplo, estableciendo algún tipo de límite temporal que no fuera excepcionable y que sí fuera objetivo en razón de la materia para garantizar que ese conocimiento adquirido como consecuencia de su servicio público no genera ninguna colisión.

Cuatro asociaciones de jueces y una de fiscales mantienen convenios de patrocinio con el Banco Santander. ¿Por qué ustedes no los tienen? ¿Creen que estos acuerdos pueden comprometer su independencia?

Nosotros hace muchos años que renunciamos por razones éticas a cualquier tipo de patrocinio porque consideramos que perjudican la imagen de imparcialidad y objetividad que tenemos que tener los jueces y fiscales. También nos hemos manifestado en contra de las becas de entidades bancarias a opositores a la carrera judicial porque pueden provocar que en el futuro su imparcialidad se cuestione. Reivindicamos que haya un sistema de becas público con todos los controles necesarios para garantizar que todas las personas en condiciones de igualdad pueden acceder a estas oposiciones.