Unidos Podemos y el PSOE acuerdan en el Congreso “facilitar” a los ayuntamientos recuperar la gestión del agua

Este miércoles la diputada de En Comú Podem Alicia Ramos ha defendido una moción consecuencia de interpelación en el Pleno de la Cámara Baja, y finalmente ha aceptado las enmiendas planteadas por el PSOE y la presentación de un texto transaccional, al que ha tenido acceso Europa Press.

En la iniciativa, PSOE y Unidos Podemos instan al Gobierno a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para apostar por la autonomía local en la gestión de un recurso esencial como el agua. Asimismo, se recoge la posibilidad de que los municipios puedan gestionar de forma conjunta “todo el ciclo del agua”, eso sí, “priorizando el consumo humano”.

Unidos Podemos ha aceptado las peticiones socialistas, entre las que destacan la expuesta por el portavoz del PSOE en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, Ricardo García, quien durante su intervención ha reclamado la creación de un observatorio del ciclo urbano del agua para emitir recomendaciones.

EL ACCESO AL AGUA, RECONOCIDO COMO DERECHO HUMANO

Se pide también al Ejecutivo sacar adelante una ley de bases para la regulación de los servicios de agua y saneamiento, en la que se reconozca el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano.

En la moción transaccional, se solicita asimismo un cambio legal en el canon concesional que debe pagar la entidad suministradora del agua, de manera que se garantice el objetivo finalista de este canon: la renovación de infraestructuras y saneamiento o la gestión y explotación del recurso.

Por último, se proponen variaciones en la normativa de contratación pública. Por un lado, PSOE y Unidos Podemos quieren que se reduzcan los límites de duración de los contratos de gestión de servicios públicos y que se permita a ayuntamientos y ciudadanía ejercer “un control sobre el servicio” y “revertir la concesión sin costes abusivos” si deciden remunicipalizar el servicio.

En el caso de la subcontratación a través de una concesionaria o de una empresa mixta, además, deberán estar garantizados los criterios sociales, de género y sostenibilidad, y fomentar la participación de pymes.

PP: “TONO DICTATORIAL” DE RAMOS EN OCTUBRE

Durante el debate de la moción, el único grupo que ha hecho explícita su oposición a la misma ha sido el popular. El diputado Manuel Luis Torres, portavoz en la Comisión de Transición Ecológica, ha dicho que no ve justificada la iniciativa “en ninguno de sus puntos” y ha espetado, por otra parte, su “tono dictatorial” a la parlamentaria 'morada' durante la interpelación que dirigió a la ministra Teresa Ribera el 31 de octubre --en la que llamó a hacer frente a la pinza “liberal-fascista” de PP y Ciudadanos--.

Por su parte, el diputado 'naranja' Fernando Navarro ha dicho que el término 'remunicipalización' es “engañoso” y ha insinuado que la parlamentaria de En Comú Podem está guiada por “un dogma ideológico”. Ha recordado que la gestión del agua ya es competencia municipal, aunque un ayuntamiento decida que sea de forma indirecta, y ha presentado enmiendas --rechazadas todas ellas-- para mejorar el drenaje o encarecer las multas por contaminación para que no sean más baratas que la depuración de aguas.

Desde Compromís, Joan Baldoví ha aplaudido la iniciativa y ha puesto como ejemplo su experiencia como alcalde de Sueca (Valencia), municipio en el que se recuperó la gestión directa del abastecimiento de agua.

PNV Y ERC, “BUENA GESTIÓN” Y “PLENA TRANSPARENCIA”

El diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea ha destacado que en ningún municipio del País Vasco se ha privatizado “un servicio tan básico y fundamental como el agua”, pero ha puesto el foco en que lo que debe primar es “la buena gestión”. “No nos opondremos a esta moción”, ha adelantado.

Xavier Eritja, de ERC, ha aseverado que la remunicipalización debe ser entendida como “un proceso de recuperación de la gestión pública del agua”, pero que es el agua en sí misma la que debe ser entendida como recurso público. “La opacidad en la gestión es inherente a esa idea del agua como recurso privado”, ha advertido, y ha apuntado que la clave no es si el gestor es público o privado, sino la “plena transparencia”.