Ábalos, Aldama y Koldo: el triángulo que amenaza al PSOE

Elige tu propio informe de la UCO y echa a volar tu imaginación. La política española nos ofrece estos días un ejemplo de cómo los partidos comen y digieren los informes policiales y sumarios judiciales de las investigaciones de corrupción. El Partido Popular desdeña los dos informes de la Guardia Civil que descartan cualquier hecho delictivo por parte de Begoña Gómez. Tanto el PP como algunos medios de comunicación ya han decidido que la esposa del presidente es culpable de un delito de tráfico de influencias con independencia de lo que aparezca en las investigaciones policiales. Ahora se publica el informe completo de la UCO sobre el caso Koldo y no hay más que hablar. Pedro Sánchez debe dimitir o convocar elecciones. O mejor, morirse.

El PSOE lo tiene más difícil para asumir tal incoherencia. El informe policial muestra la relación económica de Víctor de Aldama, uno de los principales implicados en el caso, con José Luis Ábalos, exministro de Transportes, del que se dice que recibió regalos en especie: el pago del alquiler de una vivienda para una mujer con la que tenía relaciones y el uso de un chalet de lujo. La imputación del que también fue número dos del partido es cuestión de tiempo. Tendrá que declarar y, por los indicios aportados, sólo puede hacerlo en calidad de imputado en el Tribunal Supremo al ser diputado. Ábalos ha pedido declarar voluntariamente como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, pero este puede decidir que, a causa de los indicios que hay contra él, sólo podría hacerlo como imputado en el Supremo.

Desde el primer día en que estalló el caso Koldo, el PP apuntó directamente a Sánchez sin tener entonces ninguna prueba que señalara al presidente. En esos momentos, era una deducción interesada, pero así trabajan los partidos. Cuando el PSOE intentó sin éxito en febrero obligar a Ábalos a que dimitiera de su escaño, la oposición ya había dictado sentencia. El “jefe de la trama” era el exministro, el “padrino” era Santos Cerdán y el “líder máximo que está informado de todo y toma todas las decisiones” era Sánchez, según Elías Bendodo.

Sí que son lentos en la UCO haciendo su trabajo. Sólo tenían que preguntar al PP, que ya lo sabía todo.

Las nuevas revelaciones sólo les confirmarán la línea adoptada desde el primer minuto. Sólo tienen que subir un poco el termostato. “Sánchez sólo tiene dos opciones a día de hoy”, dijo el viernes Alicia García, portavoz en el Senado. “Sánchez tiene que dimitir o convocar elecciones. No tiene más salidas”. Como en las comunicaciones intervenidas Aldama habla en unas pocas ocasiones de “el uno” (refiriéndose en clave a Sánchez), el PP cree que lo tiene hecho. Aun así, García quiso ser imaginativa: “No sólo es el uno. Es la X de la trama”. Los políticos son previsibles. Suelen recurrir a los grandes éxitos del pasado.

En una entrevista, la diputada Noelia Núñez quiso aportar el contexto: “Todo esto sucedió durante la pandemia. Mientras moría gente en nuestro país a millares, había alguien dejando bolsas con dinero, 90.000 euros, en Ferraz”, dijo la vicesecretaria de Movilización del PP. “El Gobierno estaba ideando una trama presuntamente para enriquecerse”. Hay que precisar que esa cifra de 90.000 euros no aparece en el informe de la UCO, sino en una entrevista hecha por un medio a un supuesto empresario socio de Aldama del que no se da el nombre.

Es curioso que estas palabras recuerden a la famosa frase de Pablo Casado sobre los negocios del hermano de Isabel Díaz Ayuso: “La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas”. En ese caso, el PP cree que sí se puede.

Con el contexto ocurre que sólo te acuerdas de lo que beneficia a tu partido.

Tras su visita al Vaticano, Sánchez tuvo que dar explicaciones. Cuenta con el aval de haber sacado a Ábalos hace tiempo del Gobierno y de haberle reclamado el acta de diputado. Pero lo que cuenta el informe de la UCO cuestiona la versión que dio en el Congreso en 2020 sobre la visita a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que se quedó en una incursión nocturna en el aeropuerto de Barajas.

Entonces, el Gobierno afirmó que se había limitado a reaccionar ante una visita no prevista de una dirigente que tenía prohibido entrar en territorio europeo por las sanciones de la UE. La oposición lo intentó convertir en un asunto judicial y fracasó. El Tribunal Supremo respondió a una denuncia de Vox que no había nada que investigar.

Lo que revela el informe policial es que Ábalos informó a Sánchez cuatro días antes de su llegada de la visita privada de la vicepresidenta y que se reuniría con ella “discretamente”. Mencionó una negociación con Venezuela para que su Gobierno pagara su deuda con empresas españolas. Como ejemplo, dio el caso de Duro Felguera, que había cobrado “una importante deuda”. Sánchez respondió: “Bien”.

Esa palabra desmiente la versión ofrecida en su momento, aunque es difícil saber a qué se refería Sánchez en concreto. ¿Bien a que viniera Rodríguez a España o bien a que se intentara que Venezuela pagara a las empresas, lo que en el caso de Duro Felguera finalmente no se produjo, según el informe policial?

El presidente tenía que conocer las sanciones al Gobierno venezolano. Ahora afirma que cuando el Gobierno supo de la llegada de Rodríguez, “se percató” de que estaba afectada personalmente por la prohibición –lo estaba desde 2018– y la visita se canceló. Ábalos, que obviamente no tenía competencias sobre asuntos diplomáticos, fue enviado a Barajas para comunicárselo. La versión oficial fue que la intención de Ábalos era “evitar una crisis diplomática”. Sus contactos con Víctor de Aldama, que tenía intereses económicos en ese país, indican otra cosa.

El informe incluye un borrador de carta elaborado por Aldama para que Ábalos invitara a Delcy Rodríguez a visitar España en su calidad de secretario de Organización del PSOE, una idea francamente absurda. Es otro ejemplo de las relaciones personales entre Aldama y Ábalos que sitúan al exministro en una posición difícilmente defendible.

Tienen mucha peor pinta las gestiones del empresario para que Ábalos disfrutara del uso de un chalet en Cádiz y que ahora tendrá que explicar ante un juez. ¿A cambio de qué? Los contratos que concedió su Ministerio durante la pandemia estarán sobre la mesa. El informe de la UCO atribuye al exministro “un papel relevante y de responsabilidad” en las adjudicaciones recibidas por la trama y de las que se benefició Aldama.

Para tener claro de quién estamos hablando, hay que recordar que Aldama ha sido detenido y encarcelado esta misma semana por otro escándalo, una presunta estafa de 182 millones de euros a Hacienda.

Sánchez afirmó en Roma que todo el mundo deberá responder de sus actos: “A diferencia de épocas pasadas, no va a haber impunidad. Si hay corrupción, quien la haga, que la pague”. Afirmó que “este es un Gobierno limpio, que nada tiene que ver con esas faltas de ejemplaridad y rayanas en la corrupción”. Algo más que rayanas, por lo que aparece en el informe de la UCO.

Ha sido una semana muy loca. Comenzó con la decisión de la Audiencia de Madrid de dar vía libre a la investigación de Begoña Gómez por el juez Peinado, excepto en el caso de Globalia, lo que supuso un duro revés para el Gobierno. Más tarde, el PP se autolesionó al saberse que había aprobado la reforma legal que computa las penas de prisión de presos etarras en Francia. Lo intentó convertir en un gran escándalo contra el Gobierno para ocultar su negligencia, aunque en realidad los diputados del PP en la Comisión de Justicia sí sabían lo que estaban votando.

Ahora la pelota salta otra vez al campo del Gobierno. Algunos quisieron mostrarse relajados. “El presidente está muy tranquilo, el Gobierno está muy tranquilo. El partido socialista está muy tranquilo”, dijo Óscar Puente. Quizá lo estén cuando sepan qué declarará Ábalos en el momento que le toque sentarse ante un magistrado. Hasta entonces, tendrán motivos para estar nerviosos.

Nota: actualizado el artículo con la explicación del origen de la cifra de 90.000 euros de la que habla la diputada Noelia Núñez.