Los 35 detenidos durante las movilizaciones de Rodea el Congreso del 25 de septiembre han sido trasladados a los juzgados de Plaza de Castilla, donde se les tomará declaración. El juez de la Audencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado investigar a estos arrestados por delitos contra altos organismos de la Nación, tal y como había sugerido explícitamente el director general de la Policía, al constar en el atestado policial que las detenciones se habían producido por desobediencia o atentado contra la autoridad.
Eric Sanz, abogado de la comisión Legal del 15M que presta servicio a la mayoría de los detenidos, afirma que hasta esta tarde no sabían dónde estaban los detenidos. “Suponíamos que estaban en la comisaría de Moratalaz, pero llevan detenidos desde el martes por la noche y estamos a jueves”, nos explica. “Han pasado más de 40 horas: la ley dice que el máximo es 72 pero solo cuando hay diligencias abiertas, no porque sí”, afirma Sanz.
Sobre la decisión de Santiago Pedraz de rechazar la investigación, Eric Sanz está convencido de que el juez “debe de tener un cabreo tremendo con el ministerio y delegación del Gobierno, porque no solo ha emitido una providencia sino que además ha aparecido en medios de comunicación. Querían endosarle un marrón y él se ha resistido”. Para los abogados de la comisión de Legal del 15M, “lo que ha hecho Pedraz es ajustarse a lo que dice la ley: la Audiencia Nacional no tiene nada que ver con los delitos de desobediencia, atentado contra la autoridad y desórenes públicos, que son los únicos que constan en los atestados policiales”.
Por otro lado, el artículo del Código Penal que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aseguró que habían violado los detenidos, el 494, solo es aplicable para aquellos que “promuevan o dirijan” una manifestación contra el funcionamiento del Congreso. “Esto no es válido para cualquiera que participe o alguien que sea detenido en una carga policial”, apunta el abogado de los detenidos.
Precisamente Santiago Pedraz ordenó imputar a ocho personas por la preparación del 25-S, que según él podría constituir una violación de ese artículo del Código Penal. “Aquello”, responde Eric Sanz, “nos pareció una aberración, porque es presuponer que la manifestación que estaban preparando era constitutiva de delito, es prejuzgar algo antes que ocurra”, aunque matiza que “es una aberración basada en un atestado policial que les acusaba de eso. En este caso, Pedraz no podía haber hecho otra cosa: no es competente para juzgar los delitos de los que se acusa a los manifestantes del 25-S”.