Amnistía Internacional documenta una muerte y 29 lesionados graves en España por pelotas de goma y balas de ‘foam’

Una persona ha fallecido en España y otras 29 han resultado heridas de gravedad desde el año 2000 en España por el impacto del material antidisturbios que usan los policías en altercados callejeros. Es el recuento que realiza Amnistía Internacional en el informe Me estalló el ojo, en el que exige la “prohibición” de las balas de goma y la “suspensión del uso” de los proyectiles de ‘foam’ que las sustituyeron. A nivel global, la ONG reclama “controles estrictos del uso” y un “tratado global” para regular el comercio de este material. 

Amnistía Internacional recuerda que la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen utilizando en España pelotas de goma, unos proyectiles incontrolables y que pueden alcanzar hasta los 360 kilómetros por hora. En las dos últimas décadas, estas pelotas han causado la muerte de una persona —el joven seguidor del Athletic de Bilbao Iñigo Cabacas, en 2012— y han provocado “lesiones graves” a otras 24, de las que cuatro acabaron perdiendo la visión de un ojo como consecuencia del impacto de este material, según recoge el informe.

Policías autonómicas, como la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra, reemplazaron estas pelotas de goma por balas de ‘foam’ a raíz de los casos de Cabacas y Ester Quintana, que perdió un ojo por una bala de goma en 2012 y emprendió una campaña que logró prohibirlas dos años después en Catalunya. Sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que estos proyectiles viscoelásticos de precisión “también han causado lesiones graves y se han utilizado para dispersar multitudes, algo prohibido por los estándares internacionales”. La organización ha documentado cinco casos de lesiones muy graves ocasionadas por su “mal uso”: dos personas que perdieron un ojo, dos con traumatismo craneoencefálico severo y otra que perdió un testículo. 

De hecho, la ONG considera que debe suspenderse su uso para evaluar los protocolos puestos en práctica por las fuerzas de seguridad y sus especificaciones técnicas. Por ejemplo, el informe subraya que el protocolo de la Generalitat de Catalunya autoriza el uso de este tipo de munición a una distancia de entre 20 y 50 metros, pese a que su fabricante recomienda no dispararlo nunca a menos de 30 metros, ya que por debajo de esta distancia aumenta de forma exponencial el riesgo de lesión grave. 

El trabajo recoge el caso de África, una joven que tenía 19 años cuando el 16 de febrero de 2021, durante las protestas en Barcelona por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel, recibió un impacto de una bala de ‘foam’ por parte de los Mossos por el que perdió un ojo. Por esos hechos están siendo investigados dos escopeteros de los antidisturbios de los Mossos que estaban en el lugar y momento de la lesión cuando la policía autonómica disparó decenas de proyectiles de ese material para dispersar la manifestación. 

Un informe pericial aportado a esa causa concluyó que los protocolos de la policía catalana sobre este tipo de proyectiles “no se ajustan” a las normas internacionales de Naciones Unidas, además de ser demasiado “ambiguos” en relación a su potencial lesivo. Ese estudio fue realizado por dos investigadores del centro Omega, un organismo británico especializado en el uso de tecnologías militares, de seguridad y policiales que también ha elaborado este informe junto a Amnistía Internacional. 

El trabajo de la ONG también incluye el testimonio de Eric Cuesta, el padre de la joven que perdió un ojo en esas protestas. “Ahora tiene mucho miedo a cualquier ruido, con un petardo o un claxon se asusta. Era una chica con mucha vida social, que iba a muchas manifestaciones, y ahora no quiere ir a un sitio donde haya mucha gente. El impacto para ella ha sido brutal, ha dejado de estudiar incluso. No puede ser que una persona vaya a una manifestación y vuelva sin un ojo”, afirma. 

El informe de Amnistía Internacional se publica en pleno debate parlamentario sobre la ley mordaza, que ha tenido en el uso de las pelotas de goma uno de los principales escollos para el acuerdo entre los grupos. El texto sobre el que se trabaja desde hace más de dos años en el Congreso se vota este martes en la Comisión de Interior sin que haya por el momento un acuerdo para que salga adelante y siga el trámite parlamentario. Uno de los asuntos que ha dificultado la negociación en los últimos meses ha sido precisamente el uso de armamento disuasivo. El trámite de este martes necesita al menos la abstención de los dos socios independentistas, pero los republicanos ya han avanzado que, si no hay un acuerdo in extremis, se opondrán.

Los dos socios del Gobierno de coalición proponen que el Ministerio del Interior elabore un estudio y que las autoridades competentes redacten a partir de ese informe un protocolo específico sobre la gestión policial de “manifestaciones y reuniones” que incluya el uso de la fuerza y material antidisturbios. Ese protocolo regularía “la adecuada identificación de los agentes asignados en las unidades que utilicen este tipo de material, técnicas de aislamiento selectivo de grupos violentos y sistemas de rendición de cuentas” con el objetivo de utilizar siempre “los medios menos lesivos”. Tanto ERC como EH Bildu rechazan esta propuesta, pues defienden que las pelotas de goma deben ser prohibidas como material antidisturbios. 

El informe de Amnistía Internacional también se hace eco del estudio científico más relevante realizado por este asunto publicado en 2017 por la revista The British Medical Journal. Ese trabajo hizo una revisión sistemática de la literatura médica sobre los daños provocados por balas de goma y plástico y concluyó que entre 1990 y  2017 un total de 1984 personas resultaron heridas en conflictos en diferentes lugares del mundo por el impacto de este material, de las que 53 murieron como consecuencia de las heridas y 300 sufrieron discapacidad permanente. 

Como conclusión, Amnistía Internacional denuncia que las directrices nacionales sobre el uso de este tipo de proyectiles “casi nunca se ajustan a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, que establecen que su utilización debe limitarse a situaciones de último recurso cuando individuos violentos representen una amenaza inminente de causar daños a otras personas”. La ONG reitera que las fuerzas policiales “infringen de forma habitual la normativa con impunidad”.