Archivado por tercera vez el caso del presunto espionaje político en Madrid

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, ha decretado el sobreseimiento provisional del caso del presunto espionaje político en Madrid, como le había pedido la Fiscalía, lo que supone el tercer archivo de este caso desde su inicio.

En un auto fechado en el día de ayer, la magistrada entiende que no se han concretado los “indicios iniciales” de presuntos delitos de malversación y ánimo de lucro supuestamente cometidos por cuatro funcionarios y asesores de la Comunidad de Madrid acusados de emplear teléfonos y vehículos para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros.

Los imputados en este caso son los funcionarios y guardias civiles Sergio Gamón Serrano, José Oreja Sánchez, José Luis Caro Vinagre, José Manuel Pinto y Antonio Coronado Martínez, que negaron en sus declaraciones haber realizado seguimientos.

En marzo de 2011, la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid había ordenado reabrir este caso, a raíz de un recurso del PSM, al estimar que había “indicios suficientes” de la comisión de delito de malversación de caudales públicos.

Esta decisión, con la que cabe recurso de apelación, anulaba un auto de sobreseimiento dictado en julio de 2010 por la magistrada.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 expone, una vez finalizada la instrucción de la causa tras obtener “resultado poco satisfactorio” en las últimas pruebas ordenadas, no ha hay pruebas consistentes sobre los seguimientos más allá de notas mecanografiadas con anotaciones a mano ni ha podido acreditarse el montante económico presuntamente malversado.

La magistrada recalca además que, “de forma sorpresiva” y después de tres años, el acusado José Manuel Pinto modificó sus declaraciones “con su única palabra como prueba” para acusar a otra persona de haber sido la autora de las notas -en contra de las pruebas periciales-, sin que ninguna diligencia haya tenido resultado eficaz para determinar la veracidad de sus afirmaciones.

Según la jueza, existen los mismos indicios que en 2009 -el seguimiento del GPS de los móviles de los presuntos espías-, de los que “no se pueden deducir el tiempo dedicado, las veces que se pusieron en contacto entre ellos para este fin, los coches que utilizaron o si alguna de las informaciones que se plasmaron en los partes se obtuvieron en el ejercicio de sus funciones”.

Finalmente, Valcarce concluye que, al no existir indicios suficientes, procede a estimar la solicitud de sobreseimiento provisional formulada por la Fiscalía.

La juez rechazó en noviembre la petición de sobreseimiento libre y archivo formulada por los imputados Jose Manuel Pinto y José Oreja tras considerar insuficientes sus alegatos y recordar que en dos ocasiones la Audiencia Provincial había denegado el sobreseimiento ordenado por ella por dos veces e interesó nuevas actuaciones.

A raíz de este caso declaró el pasado mes de septiembre el exconsejero de Presidencia Francisco Granados -encarcelado a día de hoy con motivo de la operación Púnica-, que declaró ante el juez que investiga los presuntos espionajes a políticos en 2008 que ni tenía constancia de que éstos se llevasen a cabo ni le fueron comunicados en ningún momento, según informan fuentes jurídicas.

La magistrada lo citó en julio para que explicara si, como declararon los tres guardias civiles y los dos funcionarios regionales imputados, hubo reuniones en las que reconoció que sabía de los seguimientos que se supuestamente se hicieron en 2008 a Cobo y a Prada, entre otros políticos madrileños.