El asalto del Constitucional al Congreso compacta al bloque de la investidura

La frase se atribuye a Otto von Bismarck aunque podría ser apócrifa. Dice que “España es el país más fuerte del mundo porque lleva siglos intentando destruirse a sí mismo sin que todavía lo haya conseguido”. Tanto iba el cántaro a la fuente… Pero si fuera cierto que salió por boca del canciller de hierro debió ser antes de que acabara el siglo XIX. Desde entonces este país ha tenido unas cuantas intentonas destructivas. La de esta semana ha sido por un choque insólito entre poderes que vuelve a poner a prueba la capacidad de resistencia. 

España vive en este final de año otra crisis de Estado de consecuencias impredecibles después de que el Tribunal Constitucional, jaleado por las derechas política y mediática, intentase frenar la votación en el Congreso de una reforma legislativa. En el mejor de los casos lo que se busca es embarrar aún más el terreno de juego hasta que la derecha gane unas elecciones. En el peor, es revertir con la fuerza de las togas la mayoría parlamentaria que salió de las urnas hace tres años.

Vale que el Grupo Parlamentario Socialista utilizó un procedimiento poco ortodoxo, pero al que han recurrido otras mayorías parlamentarias en diferentes ocasiones,  para colar en la reforma del Código Penal dos rectificaciones a sendas leyes nucleares de la arquitectura del Estado. Vale que los parlamentarios tienen derecho a pedir amparo si creen que se han vulnerado sus derechos. Y vale que con la reforma del Código Penal en lo que respecta a la sedición y la malversación el presidente del Gobierno da la impresión de estar desandando el camino recorrido en 2017 por las instituciones del Estado para responder al referéndum ilegal del 1-O. Pero de ahí a que el poder judicial prohíba el desarrollo legislativo de una norma hay un camino de difícil retorno al que no hace falta poner demasiada imaginación para saber dónde conduce.

La crisis es muy profunda y el lunes el Constitucional intentará de nuevo dejar en suspenso los cambios aprobados en el Congreso para desbloquear su renovación. Los magistrados, con un presidente y tres magistrados de mandato caducado, se han dado unos días para reflexionar sobre hasta dónde pueden tensar la cuerda. El aliento del PP en el cogote del sector conservador añade presión a una decisión que, de adoptarse, no tiene precedentes en los 44 años de democracia, excepto cuando se paró la Declaración Unilateral de Independencia de Carles Puigdemont en el Parlament. En la Moncloa no descartan que se perpetre el atropello, pero expertos constitucionalistas consultados creen que la argumentación sobre la que el PP construyó el recurso de amparo queda sin efecto, ya que en el Senado sí habrá debate y plazo de enmiendas.

Varios ministros han pedido en todo caso “cordura” y “sentido común” a los miembros del Constitucional que mañana deben decidir, a instancias del PP y Vox, si paralizan o no la tramitación de las reformas penales y judiciales. Otros conminan al PP para que deje de promover decisiones que tendrán “graves repercusiones” para la democracia, pero la consecuencia más inmediata de todo esto es que Sánchez, acostumbrado a caminar al borde del abismo, ha conseguido en uno de sus peores momentos de la legislatura, compactar el bloque de investidura.

La reforma del delito de malversación que responde a los intereses políticos y electorales de ERC había despertado una ola de críticas en el PSOE, pero también en otros sectores de la izquierda. Esta vez no solo era el adjetivo implacable de los barones más críticos, como Javier Lambán y Emiliano García-Page, contra una maniobra que entendieron como “intolerable” por ser en el fondo un apaño “para pactar con delincuentes su propia condena”. En el universo socialista cuesta encontrar, más allá de la Moncloa, un solo dirigente capaz de justificar la decisión. “Lo grave no es nuestra crítica -explica Page-, sino el silencio clamoroso de todo el partido en torno a este asunto”.

Había preocupación extrema por las consecuencias electorales de rebajar las penas para los casos de malversación que no supongan enriquecimiento personal. Y mucha más ante el temor de que haya una cascada de revisiones de sentencias que pongan en la calle a corruptos, como ha ocurrido con los abusadores sexuales tras la aprobación de la ley del sólo sí es sí. “Es una decisión que Sánchez toma a las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales, pero que jamás se hubiera atrevido a adoptar antes de unas generales”, se queja un barón del PSOE.

Pero “la salvajada” que la derecha judicial persigue con la prohibición de una votación en el legislativo, además de una intromisión inédita en la actividad legislativa, ha virado el foco sobre el desgaste que acusa Sánchez hacia una derecha judicial y política a la que, como decía el extremeño Guillermo Fernández Vara, “no le importa España, ni Catalunya, ni la Constitución, sino sólo el poder por el poder”. Y la respuesta ante ello fue que el Congreso aprobó la reforma, tras una monumental bronca en el hemiciclo y acusaciones cruzadas de golpismo, pero con una mayoría de 184 votos, muy por encima de los 167 que hicieron posible la investidura del presidente del Gobierno.

La afición por el riesgo y las situaciones extremas vuelven a situar a Sánchez en un marco polarizador del que, hasta sus más firmes detractores, admiten que “siempre sale ganador”. Así fue, cuando otro 1-O, el de 2016, llevó al PSOE al borde de la ruptura para convocar un congreso extraordinario exprés, cuya votación perdió y tuvo que dimitir como secretario general. Al borde del abismo también entonces, resucitó contra todo pronóstico y contra la fuerza orgánica de todo el establishment del partido, hasta conquistar de nuevo el liderato de la organización. Contra todo pronóstico, también llegó a la Moncloa tras una moción de censura. Y contra todo pronóstico, después de una repetición electoral y una negociación fallida con Podemos acordó en 2019 el primer gobierno de coalición en 70 años. 

En este mandato se ha perdido ya la cuenta de las veces que se ha dado por finiquitado el Ejecutivo de coalición. Sánchez es de esos políticos que agotan todos los cartuchos y que ha hecho del verbo resistir su mejor aliado. Tanto que hay socialistas que no ocultan a estas alturas que el problema de la coalición no es Unidas Podemos, “sino la forma en la que Sánchez gestiona la coalición”. Siempre al límite. Siempre al borde mismo del abismo. Y siempre renacido.

Esta vez es la forma en que la oposición ha decidido tensar las costuras del Estado lo que le favorece. Siete meses después de que Feijóo tomara las riendas del liderato del PP con la promesa de la moderación y los acuerdos de Estado, azuza la prohibición de votaciones parlamentarias para revertir la mayoría parlamentaria, lo que podría situar a Sánchez más cerca de un segundo mandato que de la defenestración que augura la derecha.

Feijóo le puso cara a la asonada de los magistrados

El riesgo, en el caso de Pedro Sánchez, es un poderoso aliado. De momento, ha conseguido, que una reforma legal intragable para los suyos y gran parte de la izquierda a la izquierda del PSOE, salte de las portadas de los diarios para dejar paso a la asonada de los magistrados que pone en peligro la separación de poderes. Y de paso que el debate gire en torno a una derecha política dispuesta, no ya a bloquear la renovación de los órganos constitucionales y declarada en rebeldía contra las leyes vigentes y la Carta Magna, sino a provocar una crisis institucional de incalculables consecuencias para la democracia. “Lo que está en juego es la democracia”, es el mantra que repiten desde La Moncloa. Y el error de Feijóo, añaden, ha sido poner cara al motín de los magistrados contra el Parlamento. Se refieren a una entrevista en El programa de Ana Rosa, en la que una hora antes de que se reuniera el pleno del Constitucional instaba al TC a que paralizase la votación del Congreso. Pasará a la historia, apostillan las mismas fuentes, por “pedir que los jueces impidieran votar en el Congreso”.

“Estamos –lamenta un veterano socialista– ante un nivel extremo de radicalidad de difícil salida y una gravísima crisis de credibilidad del Constitucional a quien la derecha ha arrastrado a jugar un papel político que nadie puede ignorar”. Y ante otra situación límite “de la que Sánchez puede salir ganador”, añade un interlocutor del PP en absoluto partidario de la estrategia de bloqueo de su partido. La escalada seguirá hasta diciembre de 2023.