Tres asociaciones de jueces se oponen a la reforma del Poder Judicial y no descartan movilizaciones
Tres de las asociaciones mayoritarias de la judicatura española han querido mostrar este martes su oposición al anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha impulsado el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Jueces para la Democracia, la asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han cargado contra varios de los planteamientos de la reforma, como la jurisprudencia vinculante del Supremo o la prohibición a las asociaciones judiciales de pronunciarse sobre causas en instrucción, y no han descartado la posibilidad de sumarse a la huelga de la Administración convocada para octubre.
Marcelino Sexmero, de la asociación Francisco de Victoria, ha expresado que se trata “de una ley de nuevo cuño y no una reforma, como pretende vender el ministro Gallardón”. Ángel Dolado, de Foro Judicial Independiente, ha ido más allá y ha denunciado que las reformas en materia judicial de este Gobierno “solo crean desigualdad entre los ciudadanos”. “Mantenemos una posición conservadora: preferimos lo que tenemos, aunque malo, que lo que se nos viene encima”, ha expresado el Juez Decano de Zaragoza.
“Si el anteproyecto avanza nos plantearemos llevar a cabo medidas de protesta”, ha señalado Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. No descartan unirse a la convocatoria de huelga anunciada por los trabajadores del Registro Civil, ante la privatización de este órgano que plantea el anteproyecto del Ministerio de Justicia.
Sexmero ha querido señalar la repulsa de las tres asociaciones a la jurisprudencia vinculante, con muy poca tradición “en los sistemas judiciales del continente europeo”. “Nos sumamos así al rechazo mostrado por otros organismos, como el Tribunal Supremo”, ha añadido.
El portavoz nacional de la asociación judicial Francisco de Victoria ha explicado que, de aprobarse esta ley, estarían “atados a decisiones tomadas hace años, imposibilitando la adaptación a la realidad social, como recoge el artículo tres del Código Civil”. Según el juez, el Gobierno pretende que los jueces pasen a ser “meros aplicadores de la ley, y no intérpretes como recoge nuestra Constitución”.
En este sentido también se han referido a la nueva organización del sistema judicial que recoge la ley. “Con este anteproyecto no se sabe cómo va a quedar la 'foto fija' de la organización judicial”, ha apuntado Sexmero. “Somos conscientes de que los partidos judiciales necesitan una reforma, pero no suprimirlos”.
Han denunciado además que muchas de las medidas que recoge el anteproyecto van en contra de la independencia judicial. La supresión de los Decanatos y las Juntas de Jueces y su sustitución por un sistema presidencialista que responde directamente ante el Consejo General del Poder Judicial es, en su opinión, una “decisión arbitraria que supedita la judicatura al poder político”.
“El sistema de elección parlamentaria del CGPJ ha fracasdo durante los últimos 25 años”, ha señalado Sexmero. “La politización del mismo provoca un efecto cascada que afecta a todos los jueces”, ha enfantizado antes de explicar que se verá agravado con esta nueva ley.
Junto a estas medidas, la ley también recoge lo que los tres jueces presentes han calificado como “una coartación de la libertad de expresión”. “Ni los jueces ni las asociaciones judiciales, organizaciones que nuestra Constitución recoge como legítimas, podrán expresarse ya sobre temas como la política judicial”, han denunciado. Esto afectará, en su opinión, a la posibilidad “de defender los derechos e intereses de la ciudadanía”.
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia ha pedido a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, que aclare “si ha participado en la redacción de los primeros borradores de la ley, como algunos medios publican”. De ser así, el juez cree que Lesmes debería no participar “en las discusiones sobre esta ley en el seno del órgano que preside”.
