Bruselas cree que la suspensión de la reforma del Poder Judicial “va en la buena dirección”

La Comisión Europea ve con buenos ojos que el Gobierno haya aparcado la anunciada reforma del Poder Judicial. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció este jueves durante la moción de censura de Santiago Abascal la suspensión del proyecto legislativo para intentar atraer a la negociación de la renovación de los órganos constitucionales al Partido Popular, cuyo líder, Pablo Casado, se acababa de desmarcar de la extrema derecha en su discurso sobre la iniciativa del líder de Vox.

Si hace justo una semana la Comisión Europea expresó sus recelos sobre la recién anunciada iniciativa para sortear el bloqueo del PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva dos años en funciones, este viernes ha saludado la paralización del proyecto.

“La Comisión Europea había expresado una posición clara sobre el proyecto de ley”, ha afirmado este viernes el portavoz de Justicia comunitario, Christian Wigand, “pidiendo garantizar que el Consejo General del Poder Judicial no sea percibido como vulnerable a la politización”.

“En este contexto”, prosigue el Ejecutivo comunitario, “suspender la propuesta y permitir una consulta más amplia es un paso en la buena dirección”.

Este miércoles por la tarde, el comisario de Justicia, Didier Reynders, tuvo una conversación con la ministra española de Exteriores, Arantxa González Laya, a petición de ella, para informar al comisario sobre la reforma. Según la Comisión Europea, la ministra española “se mostró abierta a debatir y escuchar las opiniones de la Comisión”.

“El comisario recordó nuestra posición sobre el fortalecimiento de la independencia judicial y garantizar que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización”, prosigue el portavoz comunitario, “y solicitó más información que esperamos en las próximas semanas”. Y ha añadido: “La ministra no mencionó la suspensión de la reforma en ese momento”. La decisión de suspender la reforma fue comunicada por el presidente del Gobierno el jueves, al día siguiente de la conversación entre González Laya y Reynders.

Hace ocho días, el jueves pasado, el mismo portavoz de la Comisión Europea había expresado a elDiario.es las pegas de Bruselas a la iniciativa del Gobierno: “La Comisión Europea está al corriente del anuncio de este nuevo proyecto de ley y estamos siguiendo de cerca los acontecimientos. En el informe sobre el Estado de Derecho hemos subrayado la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial con el fin de reforzar la independencia judicial. En ese informe señalábamos el CGPJ como un desafío. Es importante asegurarse de que el Poder Judicial no sea percibido como vulnerable a la politización”.

Y este miércoles, fue GRECO (el Grupo de Estados contra la Corrupción), dependiente del Consejo de Europa (institución no vinculada a la UE que reúne a 47 países europeos), el que advertía al Gobierno de la reforma judicial. El presidente de la entidad, Marin Mrčela, remitió el pasado 14 de octubre una carta a su representante en España —que es alto cargo en el Ministerio de Justicia— en la que advierte de que la reforma judicial que plantea el Gobierno “se aparta de las normas” de esa institución relativas a los órganos de gobierno de los jueces y la elección de sus miembros“ y que ”podría violar“ sus ”normas anticorrupción“.