En diciembre de 2019 Podemos vivía, paradójicamente, uno de sus momentos más dulces desde su fundación. Pese a los resultados de las elecciones del 10 de noviembre, en las que la candidatura de Pablo Iglesias había logrado sus peores resultados en unas generales, el PSOE y Unidas Podemos negociaban la composición del primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia. Pero la denuncia pública de dos abogados que habían trabajado para el partido en los últimos años sobre una retahíla de supuestos delitos e irregularidades hizo moverse los cimientos de la organización. Nueve meses después, un tribunal ha ordenado una amplia batería de diligencias para intentar averiguar qué hay de cierto en una denuncia que, en su declaración jurada ante juez, fiscal, acusación y defensa, el principal testigo de cargo, José Manuel Calvente, ha rebajado a “rumorología”, ha señalado a diversas personas dentro del partido como las personas que le contaron los hechos y de la que ha dicho no poder aportar pruebas.
Las acusaciones lanzadas aquel mes de diciembre por Calvente y la responsable de auditoría interna de Podemos, Mónica Carmona, señalaban la comisión de numerosos delitos e incumplimientos legales. Desde el fraude en las primarias a ignorar la normativa relativa a Protección de Datos. Del “cobro de sobresueldos” en “dinero negro”, a “irregularidades financieras” y “en materia laboral”. La denuncia llegó unos días después de que Calvente fuera despedido, tras ser denunciado por una compañera por acoso sexual y laboral, y de que Carmona fuera cesada de su cargo, aunque no despedida, por un “reordenamiento” del departamento, según alegó Podemos. La causa por acoso ha sido archivada en primera instancia.
La carta que firmó Carmona fue su última aparición pública. Está de baja médica desde aquel mes de diciembre de 2019. Pero Calvente inició una serie de declaraciones públicas en las que fue señalando las muchas irregularidades que, en su opinión, ambos habían detectado en el partido desde hacía meses y que supuestamente habían comenzado a investigar. A algunas les puso nombres y apellidos: el dirigente Juan Manuel del Olmo, el diputado Rafael Mayoral, la gerente, Rocío del Cal, o el tesorero, Daniel de Frutos. Y el que fuera cofundador Juan Carlos Monedero, como supuesto “conseguidor” y “comisionista” en contratos con empresas.
El exabogado del partido, que trabajaba para Podemos desde su fundación, señaló de forma habitual que el motivo real de su despido fueron esas investigaciones que había iniciado, supuestamente, junto a Carmona.
Con el parón navideño el caso pareció desvanecerse. Pero Calvente, ya en solitario, presentó ese mismo mes de diciembre una denuncia ante la Guardia Civil en Barcelona, donde reside, y en la que relataba durante decenas de páginas toda una supuesta “trama delictiva” que incluiría una multitud de delitos que incluían financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos. Con la denuncia del abogado, la Guardia Civil elaboró un atestado que remitió a un juzgado de Martorell rebajando los posibles delitos a malversación de caudales públicos y administración desleal. Este juzgado catalán, con el paréntesis de la crisis sanitaria, terminó por inhibirse en favor de los de Madrid por una cuestión de competencia y el asunto recayó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.
Al frente de él está el juez Juan José Escalonilla, quien el 16 de julio ordenó la apertura de unas diligencias previas, tal y como adelantó elDiario.es, ya que los hechos descritos por Calvente y recogidos por la Guardia Civil “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Entre las diligencias ordenadas está la citación como testigos de Calvente, que se produjo el pasado 29 de julio, y de Carmona, para el próximo mes de septiembre. Junto a ella también iba a declarar la diputada Unidas Podemos y actual vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo.
Elizo fue la máxima responsable política del departamento legal de Podemos desde 2014 hasta 2020 y, según múltiples fuentes dentro del partido, quien fichó a Calvente y a Carmona. En la reciente III Asamblea Ciudadana de Podemos, Elizo ya no ha formado parte de la candidatura liderada por Pablo Iglesias. El distanciamiento fue recíproco, según diferentes fuentes consultadas. Ni Iglesias quería contar con ella ni ella seguir en la dirección del partido. Aún así, Unidas Podemos promocionó a Elizo para el cargo institucional que tiene con posterioridad a la denuncia pública de los abogados y a la decisión de que no formara parte de la futura dirección del partido.
La exdirigente ha guardado silencio durante estos meses, hasta que las filtraciones a medios de mensajes de Telegram del equipo legal de Podemos descontextualizados han puesto en riesgo los casos que investiga en la Audiencia Nacional al supuesto entramado delictivo del excomisario José Manuel Villarejo. En las conversaciones filtradas se da a entender que Podemos organizó un “montaje” alrededor de la denuncia del robo del teléfono móvil de Dina Bousselham a finales de 2015 y la posterior aparición de su contenido en diversos medios de comunicación, primero, y de forma íntegra en uno de los ordenadores de Villarejo, inmerso en una treintena de causas judiciales y en prisión preventiva desde hace casi tres años. También se insinuaba que una de las abogadas de Podemos, precisamente la que le denunció por acoso sexual, mantenía una relación personal con uno de los fiscales del caso y que este habría actuado en connivencia con el partido, que actúa en todas las causas como acusación popular, algo que ha quedado luego desmentido.
El juez que instruye esta causa, Manuel García-Castellón, ha intentado dar un giro al caso, aunque el primer intento no le salió como esperaba. Ahora, ha llamado a declarar a Calvente el próximo mes de septiembre a raíz de esos mensajes y de las declaraciones del exabogado de Podemos, quien lo calificó de “montaje”. Gloria Elizo ha salido al paso en Twitter para defender la dirección letrada que durante años ejerció. Y, de paso, para poner en duda a su exsubordinado.
Podemos, que siempre ha negado los hechos que le imputa Calvente, supo del proceso judicial abierto por la prensa, según ha denunciado posteriormente. Y se dirigió al juzgado para personarse en una causa que le atañía. La respuesta llegó el 25 de julio con un auto que confirmaba que el partido estaba investigado como persona jurídica “en atención a los hechos expuestos en la denuncia” de Calvente.
Apenas cuatro días después se celebró la declaración como testigo de Calvente. El mismo día, Escalonilla había admitido a Vox como acusación popular, aunque sin imponer la fianza que indica la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tres largas horas de interrogatorio por parte del juez, el fiscal y el abogado de Podemos en los que se ratificó punto por punto en su denuncia. Aunque con una diferencia notable sobre el escrito presentado. Los hechos que en el escrito que inició el proceso se exponen de forma bastante rotunda, ante el juez se convierten en “rumorología”. Por ejemplo, uno de los aspectos más llamativos de la denuncia era la acusación de que se utilizaban empresas pantalla para vaciar de dinero las cuentas de Podemos y, para eso, se hacía uso de “contratos nulos” con dichas empresas, al frente de la cual se situaba a “testaferros”. Una de ellas es la consultora mexicana Neurona, que Calvente relaciona con Monedero y con el secretario de Comunicación y asesor de Iglesias en el Gobierno, Juan Manuel del Olmo, y que fue contratada por Podemos para las elecciones de 2019.
Durante su declaración, Calvente dijo que no podía demostrar los hechos. “Me lo han dicho”, señaló. Tampoco pudo presentar pruebas sobre otra de las acusaciones, el desvío de fondos a través de la llamada Caja de Solidaridad y con la que Podemos financia proyectos sociales con las aportaciones que hacen los cargos públicos al partido. “Son comentarios y rumorología a nivel de militancia”, dijo.
Calvente puso nombre a algunos de esos supuestos confidentes. Entre las personas citadas expresamente destaca un nombre: Pablo Fernández Alarcón. Exgerente de Podemos, sustituido a inicios de 2019, fue recolocado posteriormente en la delegación de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo. El juez le ha llamado a declarar como testigo el próximo mes de noviembre a la vez que dejaba sin efecto la testifical de Gloria Elizo, con quien está casado. Fernández Alarcón también ha salido a poner en duda en Twitter lo dicho por Calvente.
La falta de pruebas es uno de los principales argumentos que utiliza la defensa de Podemos. Antes del proceso judicial abierto por Escalonilla, Calvente ya había interpuesto dos denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos por algunas de las supuestas infracciones denunciadas tanto en la carta de diciembre como en su escrito ante la Guardia Civil. La AEPD archivó las denuncias alegando, precisamente, la ausencia de pruebas aportadas por el denunciante.
El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, reconocía el martes en una entrevista en La Sexta esa falta de pruebas: “Técnicamente no podemos hablar de pruebas. Son documentos que reflejan datos”. Para entonces, Podemos ya había presentado sendos recursos para anular la causa. Uno, ante el propio Escalonilla por el extravío de buena parte de la declaración de Calvente. En un primer momento, el juzgado remitió solo 40 minutos de las más de tres horas de duración y dijo que el resto no constaba en los archivos. Después, una vez que Vox también la pidió, sí apareció íntegra la grabación, según denunció Podemos.
Pero el recurso que marcará el futuro inmediato de la causa es el elevado a la Audiencia Provincial y en el que, precisamente, Podemos alega la falta de pruebas para arremeter contra el juez por ordenar toda una serie de diligencias que el partido considera una “investigación prospectiva”, prohibida por la ley. Escalonilla pide, entre otros, nóminas, facturas, tickets, contratos, información mercantil sobre Monedero y un largo etcétera de documentos tanto internos como ajenos al partido, y llama a declarar como investigados a una decena de personas, entre ellas el propio Del Olmo, la gerente o el tesorero, pero no a otros también mencionados por Calvente, como Rafael Mayoral, diputado y, por tanto, aforado ante el Tribunal Supremo.
La Audiencia deberá decidir si anula la causa, la archiva o deja sin efecto las diligencias del juez. Especialmente, las imputaciones de los dirigentes del partido. En caso contrario, Podemos afrontará un otoño judicial y mediáticamente complicado, en plenas negociaciones presupuestarias. El partido ya ha dicho que el objetivo detrás de esta causa es su salida del Gobierno. En cualquier caso, Pablo Iglesias salió a la palestra el viernes, tras varios días de silencio, para asegurar que su partido “está a disposición de las autoridades judiciales para que nos requieran toda la documentación e información que consideren”.
Eso sí, el vicepresidente también advierte de que no tiene intención de ir por los platós hablando de este asunto: “Entendemos que algunos estén muy interesados en que ahora pasemos meses defendiéndonos en los medios de acusaciones sin fundamento, en vez de hablar del debate social sobre la monarquía o sobre cómo emplear los fondos europeos para la reconstrucción. No les vamos a dar ese gusto”. Pero eso dependerá más del procedimiento judicial que de sus intenciones.