Los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón, en Asturias, son a día de hoy un gran solar con naves sin rastro de actividad. Al lado, el acuario de la ciudad y, a unos metros, tres bloques de edificios con forma de barco en primera línea de playa. La zona es una muestra de la reconversión industrial en la región desde la década de los 80, que ha acabado por materializarse este siglo. “Aquí hay una redistribución de los mercados y a España, como tiene sol, le ha tocado el turismo, la desindustrialización y la precariedad”, indica Morala. “Pero en el norte no hay sol”, añade Cándido. “Los procesos de reindustrialización fueron toda la vida un engaño”, coinciden.
Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala son un icono de la lucha laboral en Asturias. Estos sindicalistas, de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), llevan en la lucha obrera desde que empezaron a trabajar en el sector naval en los años setenta. Ya en 1975 un joven Felipe González les defendió por un caso de prestamismo laboral que ganaron por acuerdo y sin sentencia para no sentar precedente. En el año 2000, el cineasta Fernando León de Aranoa estuvo en las protestas que los trabajadores de Naval Gijón protagonizaron para reclamar la incorporación a la plantilla de eventuales que habían sido formados en el propio astillero.
Cándido y Morala sirvieron de inspiración para su película 'Los lunes al sol' (2002) aunque, en su caso, la realidad superó a la ficción. Porque si en el film Santos, el personaje que interpretaba Javier Bardem, fue condenado a una multa de 8.000 pesetas por romper una farola, en 2007 ellos fueron condenados a más de tres años de cárcel por destrozar una cámara de vigilancia que apuntaba a la puerta del astillero en 2005, durante unas protestas contra el cierre de la empresa.
“Fuimos chivos expiatorios, porque éramos más visibles, hacíamos declaraciones a la prensa y teníamos responsabilidades sindicales, estábamos en el comité de empresa. No fue una condena a Cándido y Morala, fue una condena a la barricada, para erradicar la pelea en la calle. Pensaron: si metemos a estos dos, a ver quién viene detrás y se mueve”, opina Cándido. Su entrada en prisión, en mayo de 2007, provocó tal contestación social que les concedieron el tercer grado a las tres semanas. “Estaba teniendo un coste político muy grande para el PSOE. Eso se aplica a los que llevan una tercera parte de la condena. Aquello se lo sacaron de la manga porque no aguantaban la presión y dijeron 'a estos hay que ponerlos en la calle como sea' porque estaba Asturias patas arriba, con manifestaciones...”, indica. “Tuvimos la suerte de que éramos trabajadores que defendíamos el puesto de trabajo y se había generado una sensibilidad social”, indica. “Fuimos unos privilegiados. Si es hoy, con el estado de represión que está habiendo, nos chupamos la condena entera, porque tampoco hay el mismo grado de presión que hubo entonces”.
Ambos fueron indultados en 2009, aunque nunca lo pidieron. “Lo pidieron sindicatos, entidades sociales, eclesiásticas, todo dios. Nosotros, no”, recuerdan con el orgullo de quien está convencido de haber obrado bien. “No luchábamos cuatro, teníamos el respaldo de todos los trabajadores y del pueblo de Gijón”, añade Morala.
“Desmantelamiento de sectores”
Aún en la lucha social, lamentan la situación que vive Asturias, castigada por el paro, el envejecimiento, la despoblación y la falta de oportunidades. “Asturias inició hace años una senda de desmantelamiento de todos los sectores: minería, siderurgia, textil, astilleros, y en estos últimos diez años se ha acelerado”, lamenta Morala. “El declive industrial es tremendo y nos estamos yendo al precipicio de cabeza. No hay ni un solo día que no desaparezca alguna empresa o taller”, explica Cándido.
El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) contabilizaba en 2018 unas 68.688 empresas activas, casi 5.000 menos de las que recoge un informe de Comisiones Obreras con fecha de 2008: 73.124. A principios de 2009 en la región estaban empleados en el sector industrial y de la construcción 104.900 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En solo una década se han perdido 26.300 puestos de trabajo que no han encontrado hueco en otras funciones. Porque si en el sector servicios trabajaban hace diez años 313.000 personas, ahora lo hacen 289.200, el 64% de la población activa. Dentro de este sector, además, “hay mucha gente que está trabajando con contratos a tiempo parcial, que lo que ganan no les da para atender sus necesidades básicas. Si a los parados les sumas los que están en precario o trabajando fines de semana, igual estamos hablando de 100.000 personas sobre una población activa de 450.000”, desarrolla Morala.
La tasa de paro en Asturias se sitúa en el 15%, muy por debajo del 24% de la época más dura de la crisis, en 2013, pero aún bastante por encima del 8,5% de 2008, cuando en la región la movilización social para defender los puestos de trabajo en diferentes sectores era más dura. La situación se agrava si se habla de los jóvenes: casi un 30% de los menores de 25 está en el paro. Esta es una de las causas de que, en 10 años, Asturias haya perdido 50.000 habitantes, para superar por poco el millón. “La gente joven se tiene que marchar, porque no tiene futuro de ningún tipo, y la gente que no es tan joven, también. Yo viajo mucho a Madrid y en el Alsa o en el tren me encuentro gente que me dice que viene el fin de semana, pero que no piensa volver y, en cierta medida, es lógico que lo piense”, lamenta Cándido. Alsa, la empresa de autobuses que comunica Asturias con Madrid, llegó a bautizar en la década de los 2000 a toda una generación. “Eso se ha profundizado, ya no como Generación Alsa, sino como jóvenes que cogen el billete para Europa, para América Latina, para Qatar...”, indica Morala.
“Los sindicatos no están cumpliendo su papel”
“Yo entré en los astilleros con 21 años, éramos más reivindicativos y, encima, había una transmisión generacional. Entraba a trabajar y veía a un paisano de 40 ó 50 años que te contaba sus asambleas, sus luchas, sus convenios, sus reivindicaciones de mejoras sociales. Todo eso se transmitía a la gente joven”, recuerda Morala. Ahora, el trasvase al sector servicios hace mucho más complicada esa transmisión de valores porque, además de que “la resistencia de los trabajadores está muy mermada, ya no estás en la clásica fábrica que tenía 500 trabajadores y, cuando uno tenía un problema, el resto estaban encima”. “Hay una desmoralización tremenda”, indica Cándido, “porque en la sociedad se ha inculcado la cultura de que hagas lo que hagas no vas a conseguir nada y que hay otras vías para conseguir las cosas. Con la experiencia que tenemos sabemos que es mentira. O peleas o no consigues absolutamente nada”.
“Opino que hay que decirlo”, dice Morala justo antes de una pequeña pausa, “aquí ha habido mucha corrupción”. “No quiero mencionar el caso Villa -un histórico sindicalista minero condenado por apropiación indebida-, pero los sindicatos no están defendiendo los intereses de los trabajadores. En el Estado español y en Asturias no están cumpliendo el papel de organizaciones que defienden a los trabajadores, que defienden una formación profesional, la industria, las inversiones, o que los jóvenes cuando salen de la universidad o los centros de formación puedan practicar en las empresas”, continúa. “Eso también desarma a los trabajadores”, sentencia.
“Aquí no podemos echarle la culpa al PP”
“La situación en Asturias es un golpe tras otro, dejando que la industria vaya desapareciendo poco a poco. Y aquí no le podemos echar la culpa al PP. Ha sido el PSOE. Toda la reconversión con los fondos mineros y las ayudas ha estado ligado a la corrupción y el despilfarro”, denuncia Morala. Los gobiernos de Aznar y Zapatero llegaron a presupuestar unos 6.000 millones de euros para los fondos mineros. Aunque sirvieron para mejorar infraestructuras, no atajaron el problema del paro en las cuencas ni sirvieron para plantear una alternativa viable a la minería, otro de los sectores castigados por la reconversión. “Se podría haber aprovechado ese dinero para montar una industria en condiciones, no traer esas empresas que venían para cazar subvenciones y en cuatro días marchaban. Así están las cuencas desmanteladas”, lamenta. “Aquí tenemos la desgracia de que cada gobierno que viene hace bueno al anterior. Este presidente que tuvimos aquí -el socialista Javier Fernández- fue nefasto para los intereses de Asturias”, añade.
“Aquí siempre se cerraron las minas por la crisis, pero ahora dicen que las van a cerrar por ecología. No se lo creen ni ellos”, defiende Morala. “Sigue llegando carbón de países como Sudáfrica y de América Latina, que se almacena en el puerto de El Musel y que no está generando nada más que contaminación constante. Las centrales térmicas siguen funcionando y siguen quemando carbón que viene de fuera, que no se extrae ni de las minas asturianas ni de las aragonesas ni de nada, porque se ha liquidado la minería. Eso es una auténtica barbaridad. Tú no puedes paralizar las minas antes de tener un plan energético en condiciones. Y veremos qué es lo que se quiere aprobar”, desarrolla Morala, que lamenta que tampoco se ha apostado por la modernización y la tecnología para evolucionar hacia una economía limpia.
Según un informe de la consejería de medio ambiente, con datos de la Red de Control de la Calidad del Aire del Principado de Asturias, en 2017 ninguna de las estaciones situadas en las Cuencas supero los valores límite de partículas en suspensión. Según la misma fuente, en 2008, estos niveles se superaron en más de 35 ocasiones. En Gijón, desde 2017, ninguna estación sobrepasa el límite de días de superación permitidos; en Oviedo, desde 2011 (teniendo en cuenta las estaciones de las que se tienen registro); en Avilés, la contaminación de la zona Matadero, en el puerto, supera año tras años los límites permitidos de partículas en suspensión marcados por Europa.
Superada ya la edad de jubilación, Cándido y Morala reniegan de ese término. “Estamos jubilados, como dicen, del trabajo alienante”, ríen. “Andas de un lado para otro, tratando de colaborar en lo que puedes, aunque ya no en primera línea. Pero ese compromiso, la gente que ha tenido ese nivel de conciencia, que ha participado en luchas, va a morir con él”.
El Principado de Asturias tiene una población de 1.028.244 habitantes. Se trata de una de las comunidades más envejecidas, con una media de edad de 48,02 años, casi cinco más que la nacional (43,18). De ese millón largo, menos de la mitad (453.500) se cuenta como población activa. El 25% de la población asturiana tiene más de 65 años y solo el 14,6% está por debajo de los 20, lo que muestra el problema demográfico que sufre esta región donde, en la última década se han perdido 50.000 habitantes.
Los jóvenes son quienes más sufren el paro en Asturias. El 29,6% de los menores de 25 que buscan trabajo no lo encuentran. La tasa de paro total en el primer trimestre de 2019 es del 15,03%, ligeramente por encima de la media nacional (14,70%). Tradicionalmente, la comunidad se ha dedicado al sector industrial, pero esa tendencia ha cambiado en las últimas décadas. Actualmente, según datos del INE, la industria tan solo da trabajo a 54.000 personas y la construcción, a 24.600. Mientras, el sector servicios emplea a 289.200 trabajadores en tareas como la hostelería y el turismo. La cifra de negocio de este sector creció en 2018 un 6,2%, por encima del conjunto del estado, lo que no se tradujo en más puestos de trabajo. En el primer trimestre de 2018, los servicios daban trabajo a 295.200 personas.
En el ámbito político, el Principado de Asturias ha sido un feudo socialista, con dos excepciones: el gobierno del 'popular' Sergio Marqués, de 1995 a 1999, y los 10 meses de Francisco Álvarez Cascos, con su, por aquel entonces, recién fundado Foro Asturias, en 2011.
Las grandes obras de este siglo en la región han venido siempre acompañadas de polémicas, retrasos y sobrecostes. El ejemplo más claro es el de la variante de Pajares, que unirá Asturias con la meseta a través de la Alta Velocidad y cuyas obras inauguraron Rato y Cascos en 2004. Aún no está finalizada y los 1.000 millones de euros presupuestados en su inicio alcanzan ya los 3.500. Zapatero prometió que estaría operativa en 2009; Ana Pastor dijo que en 2014; De la Serna, 2018; y Ábalos señala a 2020. Una de las infraestructuras que sí llegó a término fue la ampliación del puerto de El Musel. De esa obra surgió el 'caso Musel', pendiente de juicio. El Tribunal de Cuentas sospecha de un “comportamiento gravemente negligente” de los responsables del proyecto, el expresidente de la Autoridad Portuaria Fernándo Menéndez Rexach y el exdirector general José Luis Díaz Rato, a los que se reclama unos 135 millones de sobrecostes.