Las polémicas de Casado frente al “invierno demográfico”: adopciones, pensiones o lo que “llevan dentro” las mujeres
Lanzado a recuperar el voto más conservador que huye del PP hacia Vox, el nuevo líder, Pablo Casado, inició el pasado julio una ofensiva ideológica para que los votantes más a la derecha regresen a casa. Junto a la bandera, la mano dura en Cataluña y contra la inmigración irregular, Casado lanza también mensajes sobre la familia tradicional y la natalidad, que a menudo vincula con la crisis demográfica.
La polémica ha sobrevolado prácticamente todas las propuestas lanzadas en las últimas semanas por el líder del Partido Popular, Pablo Casado, con el objetivo de luchar contra el “invierno demográfico”, como llama él a la caída de la natalidad en España. Cada vez que el presidente de los populares ha planteado iniciativas para fomentar que los españoles tengan hijos se ha suscitado un escándalo.
Es lo que ocurrió cuando Casado abogó por recuperar la ley del aborto de 1985 utilizando argumentos falsos, relacionó las interrupciones voluntarias del embarazo con la sostenibilidad del sistema de pensiones o aseguró que las mujeres embarazadas debían saber “lo que llevan dentro”.
La última polémica la provocó el miércoles la dirección del PP confirmando a distintos medios –entre ellos eldiario.es– que incluiría en su Ley de Apoyo a la Maternidad presentada por el propio Casado el pasado sábado en Cartagena (Murcia) una propuesta para que las mujeres inmigrantes sin papeles no puedan ser expulsadas del país en el caso de que decidan dar en adopción a sus hijos hasta que entreguen a los pequeños a las administraciones encargadas de gestionar esa adopción.
Entonces sí, en el caso de ser interceptadas en una redada después de entregar a sus hijos, podrán ser repatriadas a sus países sin que les sirva “de excusa” –fue el término que utilizaron las fuentes de la dirección de los populares consultadas por este diario– haber dado a sus descendientes previamente en adopción.
El protocolo de la Comunidad de Madrid
Organizaciones especializadas y expertos en procesos de adopción han coincidído este jueves en advertir de que los planes del PP no se sostienen porque se basan en un problema –el de la supuesta expulsión de mujeres sin papeles que quieran dar a sus hijos en adopción en el momento en el que acuden a las administraciones a mostrar esa intención– que no existe.
La iniciativa de los populares invoca un protocolo que ya se aplica en la Comunidad de Madrid pero que se planteó en 2009 para evitar los abandonos de hijos de mujeres socialmente vulnerables y no para fomentar la maternidad. La dirección del PP ha repetido durante las últimas horas que su plan enmarcado dentro de uno más ambicioso contra el “invierno demográfico” solo trataba de extender la normativa madrileña al resto del Estado. Pero su formulación, asociada a un plan para fomentar la maternidad, provocó otra tormenta política que llevaba este jueves a todos los partidos de la oposición a criticar duramente los planes del PP. Ministros del Gobierno cargaron con dureza contra el líder popular.
La organización Juezas y Jueces para la Democracia hizo público un comunicado manifestando “su profunda consternación” por la propuesta del PP, que según esta asociación judicial implicaría una “coacción” sobre las mujeres migrantes en situación irregular. “Una medida como ésta supondría una clara coacción del derecho de la mujer a la maternidad y situaría a la persona afectada ante una situación coercitiva, de modo que en la práctica se le amenazaría de expulsión salvo que renunciara a la propia maternidad dando a sus hijos en adopción”, apunta la nota pública de Jueces para la Democracia.
Los dirigentes del PP trataron este jueves de realizar todo tipo de matizaciones, sin llegar en ningún caso a desmentir la propuesta que Casado quiere poner en marcha si tras las próximas elecciones generales del 28 de abril logra recuperar la Moncloa y se convierte en presidente del Gobierno.
El propio líder del PP confirmaba sus planes durante un acto en Valladolid: “El PP propone que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción, en vez de abandonarlo, tengan garantizada la confidencialidad, los mismos derechos si estuviera regularizada o no”, sostenía, dejando claro que una vez que entreguen al hijo las mujeres seguirán en situación irregular y, por tanto, podrán ser expulsadas de España a sus países de origen.
“Humano y responsable”
“Es bastante sensato entender que ante una realidad de que ha habido 324 bebes entregados en adopción en la Comunidad de Madrid gracias al programa 'No me dejes en la calle', 324 niños que han sido entregados con absoluta confidencialidad, con un encriptado de los datos de las madres y, sobre todo, para las familias adoptantes, parece bastante sensato decir que esos programas sean aplicables también a las mujeres porque es humano, es responsable y creo que es algo en lo que teníamos que ir todos de la mano, en la misma dirección”, se defendía el líder del PP, que no ha explicado por qué si se trata de dar seguridad a las mujeres migrantes su normativa se incluye dentro de un plan para luchar contra el retroceso demográfico.
Casado aseguraba además haberse visto obligado a aclarar algo que él no dijo y que se basaba en que las mujeres inmigrantes sin papeles se “blindaban” si entregaban a su hijo en adopción, una aseveración que, según ha insistido, se trata de una “fake news” que por error se publicó en un medio de comunicación el pasado domingo y que fue corregido posteriormente.
“Es una fake news, me siento víctima porque antes de político soy persona, me resulta de especial gravedad”, lamentaba Casado, que reiteraba: “Yo no he dicho nada, no hay nota de prensa y, sin embargo, hoy está en todas las tertulias y vemos a todos los partidos de la oposición intentando decir una barbaridad que yo jamás admitiría”.
“Se trata de una aberración que yo no atribuiría ni a un político del Tercer Mundo”, advertíao Casado, quien contextualizaba lo ocurrido en los intentos de ciertos sectores de identificar al PP con “gente facha, machista, que va matando animales y que contamina... pero al final se ve que cuando el centro derecha gobierna, a la gente le va mejor”.
Con esas palabras Casado trataba poner fin a la enésima polémica que le ha perseguido en las últimas semanas y que ha estado vinculada a sus propuestas sobre maternidad.
“Barra libre para abortar”
Tras evitar posicionarse claramente sobre el aborto desde su elección en las primarias del verano pasado, en febrero el líder del PP abogaba claramente por recuperar la ley de 1985, de supuestos, rechazando la normativa actual, de plazos, llegando a asegurar que actualmente en España existe la “barra libre para abortar” hasta la semana 22 de gestación.
Se trata de un argumento falso, ya que la ley vigente contempla la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre hasta la semana 14. Hasta la 22 solo de podría llegar en caso de problemas graves para el feto y siempre por prescripción médica.
Tampoco es cierto que la ley del 85 fue la del “consenso”, como sostiene Casado. Coalición Popular, las siglas bajo las que se encontraba Alianza Popular, del que emergió el actual PP, llevó a cabo una férrea oposición a la ley y votó en contra de la misma en 1983 en el Congreso de los Diputados, la primera vez que se debatió. También interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional.
El presidente de los populares, cuyo equipo intentó sin éxito aparcar el debate del aborto durante la precampaña porque, según explicaron, es algo que “beneficia a la izquierda”, generó una nueva polémica el 7 de febrero cuando vinculó la interrupción voluntaria del embarazo con la sostenibilidad del sistema de pensiones.
“No pensar en cómo los abortamos”
“Creo que tenemos que hacer un análisis de qué sociedad estamos construyendo y, sobre todo, que eso a la izquierda se le da muy mal, si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en cómo tener mas niños y no en como los abortamos”, sostuvo, generando todo tipo de críticas sobre todo por parte de colectivos feministas. También consideró que en España sería mejor dejar de preguntar por la ley del aborto y empezar a hacerlo por ayudas a la maternidad, a la conciliación, a la emancipación, a la vivienda, o ayudas fiscales para tener niños.
A finales de febrero y siempre con la intención de mostrar su rechazo a que las mujeres puedan decidir si tienen o no a sus hijos cuando están embarazadas, Casado lanzó una afirmación durante una entrevista en el diario El Español que provocó el rechazo del resto de partidos y de distintos colectivos sociales.
“Soy padre de un cincomesino y tuvimos una amenaza de parto en un tramo en el que se podía abortar libremente. Creo que es bueno que las mujeres embarazadas sepan lo que llevan dentro: una vida autónoma”, dijo.
Estos mensajes lanzados por el líder del PP se corresponden con el discurso ultraconservador que ha instaurado en el partido desde que llegó a la presidencia del mismo, cuando puso en marcha un giro a la derecha que le llevó a acercarse al sector aznarista –afines al expresidente del Gobierno José María Aznar– y a organizaciones antiabortistas a las que los propios populares dieron ayudas públicas cuando estuvieron en el Ejecutivo.
Las reuniones de García Egea
En octubre el secretario general del partido, Teodoro García Egea, participó en un encuentro de la Fundación RedMadre que se define como “una red de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto” y en cuya web lanza numerosos mensajes contra el aborto al hablar del “sufrimiento del embrión” o “las graves consecuencias” de interrumpir el embarazo.
También García Egea era el encargado de recibir el 8 de marzo, coincidiendo con la huelga feminista que no secundó el PP, al presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y el vicepresidente, Luis Losada. La organización declarada de utilidad pública por el Gobierno de Mariano Rajoy –categoría que ha sido retirada por el actual Ejecutivo socialista– llevó a la sede nacional de los populares 24.000 firmas instando al PP a que derogue las que considera “leyes de género” y entre las que incluyen normativas sobre igualdad o de derechos del colectivo LGTBI.
Tras el encuentro, –ese mismo 8M Hazte Oír también se vio con representantes de Ciudadanos y Vox– la organización aseguró a través de un comunicado que García Egea se había mostrado “personalmente dispuesto a reformar” esas “las leyes de género”.
