Contra el criterio de la Fiscalía, del Gobierno -a través del Ministerio de Hacienda y la Abogacía del Estado-, y de la prensa cortesana, Cristina de Borbón fue imputada siendo hija del rey de España y se acerca al banquillo convertida en la hermana del sucesor en la corona, Felipe VI. A primera hora de la mañana, el juez Castro dictará el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado –reservado a los casos donde ninguno de los delitos atribuidos a los acusados superan los 9 años-, en el que puede incluir el nombre de la hija de Juan Carlos de Borbón. A los dos delitos fiscales en grado de cooperación, Castro podría sumar el de blanqueo de capitales.
¿Significaría esto que por primera vez un miembro de la familia real española se sentará en el banquillo de los acusados? No, necesariamente. La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto recurrir el probable procesamiento de la infanta, en coherencia con la postura que viene manteniendo sobre la presunta participación de la hija del rey en las actuaciones delictivas que se atribuyen a su marido, Iñaki Urdangarin. Sería entonces la Audiencia Provincial de Palma la encargada de resolver ese recurso y, por tanto, la responsable última de una decisión histórica.
Los tres jueces que la Sala son los mismos que dejaron sin efecto la primera citación como imputada de la infanta, a la que Castro consideraba sospechosa de haber contribuido a que su marido y el socio de éste, Diego Torres, hubieran obtenido más de 6 millones de euros de las administraciones públicas con el Instituto Nóos por hacer prácticamente nada. En aquel auto de levantamiento de la imputación, los tres magistrados señalaron a Castro por dónde tenía que continuar su investigación. Creían que aún no se había investigado a la infanta lo suficiente por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
El juez se puso manos a la obra y no dudó en llamar a declarar a la infanta. Una y otra vez insistió en que citar a alguien en calidad de imputado sólo implica que existen indicios de que su testimonio puede ayudar a esclarecer los hechos y que su situación aconseja además que lo haga acompañado de un abogado. Pero el testimonio de la hija del rey, exculpatorio y plagado de olvidos, no hizo sino reforzar la tesis de Castro de que la infanta sabía lo que hacía su marido y que contribuyó a ello.
En el caso de que Castro procese finalmente a la infanta por dos delitos fiscales en grado de cooperación y uno de blanqueo de capitales las penas a las que se enfrentará la hija del rey van de 2,5 a 16 años de prisión, dados los diferentes grados que alberga el Código Penal para estos tipos delictivos.
La Agencia Tributaria cifra en 337.138 euros la cantidad defraudada por Iñaki Urdangarin en 2007 y 2008, ejercicios para los que el delito fiscal no ha prescrito (182.000 euros en 2007 y 155.138 en 2008). La defraudación se realizó presuntamente a través de Aizoon, la sociedad que el duque de Palma poseía al 50% con su mujer. Urdangarin cobró por trabajos de asesoría a grandes empresas y, en lugar de incluir esas ganancias en su IRPF, las cargó a Aizoon, una “sociedad pantalla” que actuaba como “un disfraz mercantil”, según los investigadores. En su declaración de cinco horas ante Castro, la infanta insistió en que nunca participó en la gestión de Aizoon y aseguró en todo momento que confiaba “en su marido”.
Además, la investigación del juez Castro ha permitido determinar que 1,2 millones de euros obtenidos irregularmente por Urdangarin y Torres fueron a parar a Aizoon. A la tarjeta de crédito de la sociedad, Cristina de Borbón cargó todo tipo de gastos personales: libros infantiles, clases de salsa y merengue, la cuenta en caros restaurantes… Según fuentes próximas al magistrado, Castro considera esos gastos un delito de blanqueo de capitales de origen ilícito.
Con el auto que dictará hoy, Castro pone fin a cuatro años de instrucción, un “martirio”, según definió cada revelación el ya exjefe de la casa del rey, Rafael Spottorno. El socio de Urdangarin, completamente enfrentado ahora a él, fue incorporando a la causa un gran número de correos electrónicos que guardó del Instituto Nóos en el que comprometía a la infanta, incluso al rey. En uno de ellos, Urdangarin deja entrever que Juan Carlos de Borbón está al tanto de sus actividades en la falsa ONG.
Dos años sólo para llamarla a declarar
El juez tardó dos años y cientos de folios de argumentación para poder interrogar a la infanta Cristina, un trámite que se suele despachar con dos líneas en otros casos. El juez ha recibido amenazas anónimas, le han pinchado las ruedas del coche y sellado la cerradura de su casa. El diario ‘Abc’ llegó a publicar unas fotografías de Castro en un bar con la abogada de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, asegurando que ambos se habían “citado”. El periódico monárquico aseguraba que las acusaciones podrían intentar apartar al juez del caso después de su información, algo que no se produjo finalmente.
El fiscal Pedro Horrach no aprecia delito en la conducta de la infanta, aunque sí considera que deberá responder pecuniariamente por haberse beneficiado del 50 por ciento de lo que Urdangarin derivó a Aizoon. En el caso de que se demuestre toda esa dinámica delictiva y el duque sea condenado, Anticorrupción demandará a la infanta el pago de 600.000 euros.
Horrach, al igual que la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado, considera que Urdangarin sí cometió delito al declarar como impuesto de sociedades lo que debería haber hecho en concepto de IRPF, ahorrándose entre un 15 y un 20 por ciento. Sin embargo, atribuirle ese delito también a Cristina de Borbón por poseer el 50% de la empresa utilizada en el fraude, equivaldría a una “doble incriminación”, argumenta el fiscal. A pesar de ello, Anticorrupción demandará a la infanta el pago de 600.000 euros por haberse beneficiado de la mitad de los 1,2 millones que ingresó Aizoon procedentes del Instituto Nóos. Eso, siempre que se demuestre la dinámica delictiva y Urdangarin sea condenado.
La responsabilidad penal de la infanta provocó un duro enfrentamiento entre Castro y Horrach, que en la actualidad mantienen una fría relación profesional después de haber trabajado codo con codo en la primera parte del ‘caso Nóos’ y en su matriz, el ‘Palma Arena’.
En el mismo auto que dictará este miércoles, Castro dará a las partes un plazo de diez o más días para que soliciten la apertura de juicio oral, pidan el sobreseimiento o presente alegaciones. La Audiencia Provincial puede resolver antes de que acabe el mes de julio o postergar su decisión a septiembre. El hecho de que no haya ningún imputado en prisión provisional hace que el 'caso Nóos' no tenga preferencia sobre otros para que sus recursos sean resueltos. El juicio se retrasará hasta bien entrado 2015.