Ceuta aguarda a que se abra la frontera 19 meses después con su modelo económico en el aire

Ceuta no sabe si descontar en días, semanas o meses lo que resta para que se reabra la frontera del Tarajal. El 13 de marzo de 2020 en pleno estallido de la pandemia se cerró el paso y con él parte del pulso económico y las relaciones sociales de una ciudad autónoma, ya entonces muy castigada tras un año de estrangulamiento de las autoridades marroquíes. En 2018 el Reino alauita empezó a acabar con la economía de subsistencia, el porteo, “contrabando” desde su punto de vista, que mantenía a miles de familias en su territorio a costa de que ejerciesen como mulas de carga de todo tipo de productos que desde Ceuta eludían el pago de tributos. Todo ese trasiego hacía girar la rueda de la economía, dejaba pingües beneficios fiscales para la administración regional, un reguero de conflictos continuos y no pocas muertes, en el entorno del paso.

La ciudad desconoce cuándo se restablecerá el tránsito en vehículos y a pie por la frontera. También cómo, aunque el acercamiento de posiciones entre los dos Estados parece haber disuelto los temores a que no se recupere nunca, un ideal para la ultraderecha. La Delegación del Gobierno, que avanza lentamente en la instalación de sistemas que faciliten la identificación de todos los que la crucen para acabar con el caos que cada día se registraba en el Tarajal, pretende que en la nueva era solo entren en Ceuta quienes tengan algo que hacer dentro: trabajadores con papeles, turistas con dinero o familiares de caballas.

Todo el mundo coincide en que nada volverá a ser lo que era, menos tras la avalancha de mayo, cuando el país vecino consintió, si no alentó, la entrada irregular de 12.000 súbditos en territorio español, entre ellos unos 2.000 menores solos. Aquel suceso ha exacerbado el miedo atávico a las ambiciones soberanistas de Rabat: “Fue un antes y un después y tiene que ser tomado como tal”, advierten a elDiario.es fuentes del Ejecutivo local de Juan Vivas (PP) ante la perspectiva de que “si todo volviese a ser como antes, cualquier día Marruecos podría volver a cerrar su frontera y dejar bloqueadas a las 20.000 ó 30.000 personas que cada día entraban en la ciudad”.

“Espero que la frontera se reabra de manera distinta: en condiciones de seguridad y buen funcionamiento y con los medios necesarios incorporados”, desea Vivas desde la presidencia, que ha ido renunciando a las posiciones de máximos que planteó con la complicidad del Gobierno central en las jornadas de mayor tensión con el país vecino: acabar con la excepcionalidad incluida en Schengen y exigir visado a todos los marroquíes para entrar en la ciudad.

La administración local perdió en 2020 casi el 50% de los ingresos que recaudaba a través de su principal instrumento de financiación propio, el IPSI, el tributo indirecto que reemplaza al IVA a tipos reducidos que se nutría en gran medida del “comercio atípico” hacia el otro lado de la frontera e hizo de algunos supermercados baratos de la ciudad los que más facturaban de Europa.

Ese modelo de crecimiento apoyado en Marruecos y en el enorme flujo de personas que cada día entraban y salían de la ciudad con el único control efectivo de sus autoridades se da por muerto y enterrado. Con un 50% de la población activa local ligada al sector público, en su inmensa mayoría con contratos estables y buenos sueldos, la ciudad se debate entre optar por el camino de la autarquía que abandera la extrema derecha (con el riesgo de convertirse en un “Peñón de Alhucemas gigante”, según la metáfora del localista Juan Luis Aróstegui) y la apuesta por erigirse a lomos de sus “inigualables” rebajas impositivas en un “polo digital” que atraiga a las empresas que huyen de territorios como Gibraltar o Malta. 

A eso se la juega el PP, que lleva 20 años gobernando una ciudad donde el cierre de la frontera ha revolucionado su actividad económica y social en una peligrosa deriva hacia cada vez mayor lucha social. Sus líderes confían en que el primer 'call-center' que se implante sea un ejemplo irrechazable para generar empleo de media cualificación capaz de absorber paro endógeno. “A los extremos se les ha presentado una ventana de oportunidad con el cierre de la frontera para convertir el discurso 'anti Marruecos' que comparte toda la Asamblea en islamofobia, o en la reacción contra su muerte civil de la población española musulmana”, lamenta el portavoz de su Grupo Parlamentario en la Asamblea, Carlos Rontomé.

Ceuta ha tenido que acostumbrarse durante los 19 meses que –se cumplen este miércoles– lleva la frontera cerrada, a prescindir del pescado y la fruta económica que recibía a diario junto a miles de empleadas de hogar y un ingente volumen de mano de obra irregular (en su mayoría) e igualmente barata del país vecino. Marruecos también llegó a ser la principal fuente de turistas de medio y alto poder adquisitivo para una ciudad 'aislada' de la península por los prohibitivos precios del transporte en barco (unos 65 euros ida y vuelta por persona) y helicóptero (al menos 120 con Algeciras, más de 300 a Málaga). El Gobierno local ha comenzado ahora a sufragar sus tarifas en un 50% en un intento desesperado por atraer visitantes.

Durante este año y medio largo de aislamiento terrestre, la ciudad ha consolidado la radicación de 26 empresas tecnologías, casi todas del juego en línea, que emplean, según el último balance del Ejecutivo regional, a 275 trabajadores, más de las que nunca dio trabajo regular el porteo hacia Marruecos. De ese conglomerado y sus conexiones con fondos de inversión extranjeros ha surgido el proyecto de 'El Coloso de Ceuta', una torre de 200 metros de altura y 70 millones de euros de presupuesto que sus promotores defienden a elDiario.es como clave para “transformar la ciudad” a imagen y semejanza de Singapur o Dubai y “revolucionar su vida”.

Hace tiempo que las empresas y ciudadanos solo pagan en Ceuta un 12,5% de Sociedades (el 7,5% los dos primeros años de implantación), únicamente cotizan un 11,8% a la Seguridad Social, disfrutan de un 60% de bonificación en el IRPF y no pagan IVA, sino un IPSI a tipos máximos del 10% que la patronal local acaba de pedir rebajar al 0,5%. A pesar de ello, su capacidad de atracción se ha circunscrito casi única y muy recientemente al sector tecnológico, en el que están depositadas todas las esperanzas para una ciudad sin suelo disponible ni recursos naturales ni mano de obra capacitada y cuyo puerto, la otra supuesta veta de desarrollo más factible, ha visto desplomarse sus ingresos ordinarios por la supresión durante dos veranos consecutivos de la Operación Paso del Estrecho.

Vox cree que la frontera debería permanecer cerrada “sine die” y la ciudad, protegida por un “muro infranqueable”. Paradójicamente, la delegada del Gobierno en Ceuta, la socialista Salvadora Mateos, ha sido su mayor aliada: “Con la frontera cerrada, aquí se vive muy bien”, defendió a primeros de agosto. En el extremo del espectro ideológico ultraderechista, Mohamed Mustafa, nuevo líder del localismo de izquierdas que tiene como señas de identidad “la españolidad y la interculturalidad” de Ceuta, asegura: “Debemos asumir la contradicción que supone estar condenados a ser amigos de nuestro 'enemigo' distinguiendo con claridad entre el Ejecutivo de Marruecos, que no cejará en su empeño de reivindicar nuestra soberanía, y su población”. Sobre todo si se tiene en cuenta que la mitad del vecindario local español de cultura árabo-musulmana mantiene con el otro lado de la frontera miles de lazos familiares quebrados desde la primavera de 2020. 

Desde el punto de vista de Mohamed, “cerrar la frontera levantando un muro físico o jurídico supondría, al margen de otras consideraciones filosóficas y de principios, definir Ceuta como un enclave aislado y condenado a subsistir artificialmente del dinero público, una especie de 'colonia' sostenida contra viento y marea”. Por ello reivindica “regular el espacio transfronterizo a través de un Tratado de Buena Vecindad negociado por el Gobierno español y las instituciones europeas con Rabat para convertirlo en una zona de verdadera prosperidad compartida”.

En junio, con las cenizas de la avalancha migratoria todavía calientes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció la elaboración urgente de un Plan Estratégico para Ceuta que supuestamente recogería el espíritu de “más España y más Europa” que inspiró el pactado por la Asamblea autonómica a finales de 2020 “sin renunciar a que la prosperidad de la ciudad pueda ir ligada a la del territorio marroquí más próximo, la Wilaya de Tetuán, como se quiere hacer con Gibraltar y su entorno”. De su desarrollo no se conoce nada concreto todavía.

“El Ministerio de Política Territorial trabaja en un análisis de la situación de la Administración General del Estado en las ciudades autónomas que sirva de base para identificar posibles opciones y propuestas de futuro”, ha contestado el Gobierno central a los senadores del PP de Ceuta y Melilla, donde los ministerio de Educación y Sanidad mantienen las competencias directas con los peores datos de fracaso y abandono escolar del país y grandes dificultades para arraigar al personal médico y enfermero.

A esas rémoras se suman unas tasas de población en situación o riesgo de pobreza cercanas al 50% cuya vulnerabilidad se ha agravado tras el cierre de la frontera, el mayor porcentaje de paro del país (sobre todo juvenil, por encima del 70%) y grandes bolsas de infravivienda. En los despachos gubernamentales también preocupa la caída del precio de las casas, un fenómeno inaudito en Ceuta, registrado tras la crisis de mayo, que se interpreta como prueba de que el pavor al futuro ha calado entre quienes han optado por liquidación y cierre ante la incertidumbre. “El dinero es miedoso y ese es nuestro gran problema desde el punto de vista de quienes viven aquí y de los que nos ven desde la península”, alertan sociólogos locales.