La oposición advierte de que enviará “el Código Penal del PP” al Constitucional

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha vuelto a escuchar este jueves durísimas críticas a la reforma del Código Penal que ha quedado aprobada hoy por el pleno del Congreso con las enmiendas del Senado incorporadas y con el único apoyo del PP.

Todos los grupos de la oposición, sin exclusión, han rechazado los cambios introducidos al texto en la Cámara Alta y han advertido al Gobierno de que la ley durará poco porque piensan recurrirla ante el Tribunal Constitucional por vulnerar los “derechos y libertades” de la ciudadanía y retrotraernos a épocas franquistas con la instauración de la cadena perpetua de forma encubierta.

Aunque la defensa de la ley ha corrido a cargo del diputado del PP Leopoldo Barreda, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pedido la palabra al finalizar el debate para defender el texto. A su juicio, a partir de ahora “contamos con un buen instrumento para proteger mejor a los ciudadanos”, dado que la reforma tendrá “un impacto real en la vida cotidiana”.

El ministro ha agradecido desde el banco azul a las asociaciones e instituciones del Estado sus aportaciones y el apoyo que han dado a la reforma, mientras destacaba –como contestación a los reproches de la oposición– que el PP ha admitido e incorporado al texto 400 enmiendas en total durante el trámite parlamentario.

El portavoz del PP ha lamentado que la oposición haya “insistido hasta el final en hacer una caricatura de la reforma”. Una actitud que, a su juicio, solo acredita “la nula voluntad de acuerdo con la que los grupos han abordado desde el principio los trabajos de la ponencia”. Además, ha asegurado que la prisión permanente revisable cuenta con el apoyo de dos tercios de los españoles y se ha pensado únicamente para los delitos “más graves y repugnantes”.

Pero los principales reproches de Barreda han sido para los socialistas, a los que ha afeado que se hayan dedicado, “con ardor y sin escuchar”, a descalificar los cambios introducidos en el texto, especialmente contra la corrupción, “cuando ustedes, cuando pudieron, no hicieron nada”. “El nuevo Código Penal mejora y da respuesta a los problemas de las personas”, ha sentenciado el portavoz del PP.

Para la oposición, sin embargo, el nuevo texto empeora el anterior, al que los portavoces se han referido como el “Código Penal de la Democracia”, y junto con otras reformas que ha impulsado el PP en esta legislatura –como la Ley de Seguridad Ciudadana–, “nos devuelve a épocas franquistas”.

El portavoz de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha calificado de “ignominia” que el PP quiera restaurar la “cadena perpetua”, “con recochineo”, y “sustituir el Estado social por un Estado penal”. Por todo ello, Llamazares ha hecho un llamamiento a la “resistencia y a la desobediencia” ciudadana ante una ley que no solo él sino también el PSOE, ERC, los nacionalistas catalanes y vascos y los portavoces del Grupo Mixto consideran regresiva e inconstitucional.

La representante del PSOE, Rosa Aguilar, también ha criticado con dureza la prisión permanente revisable por ser “incompatible con la reinserción social” y “la reeducación” del preso: “Lo saben y les da igual, lo que están haciendo es ideología pura cruda y dura”.

También el portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha rechazado los cambios porque considera que dejan a los ciudadanos en “una enorme inseguridad jurídica”. El republicano Joan Tardà tampoco ha dudado en calificar la reforma como “autoritaria, clasista y tramposa”, al igual que los demás portavoces del Grupo Mixto, como la portavoz del BNG, Olaia Fernández, que cree que es “populista” e “incide en la capacidad represiva que está caracterizando a este Gobierno”.

El debate ha sido seguido desde la tribuna de invitados por los padres de las menores asesinadas Marta del Castillo, Mari Luz Cortés y Sandra Palo. Y también por la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco. Todos ellos han mantenido un encuentro previo con el ministro Catalá, al que han agradecido, precisamente, que haya introducido en el texto la prisión permanente revisable.

El nuevo Código Penal, que fue impulsado por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, comenzará a aplicarse a partir del próximo mes de julio.