El comisario asesor de Cospedal se niega a responder de la Kitchen en el Congreso y los grupos le felicitan por la victoria del PP

El comisario Andrés Gómez Gordo, imputado en la Audiencia Nacional por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas, se ha negado a responder a cualquier pregunta realizada esta mañana por los grupos en la comisión de investigación del Congreso. Alegando el consejo de su abogado y su situación judicial, Gómez Gordo ni siquiera ha respondido sobre sus distintos destinos o medallas pensionadas.

Titubeante, el mando policial ha pedido “mil disculpas” una y otra vez, una actitud que ha mutado en cuanto ha terminado la comparecencia, momento en el que se ha levantado y con paso firme se ha acercado, uno a uno, a todos los portavoces para chocar el puño con ellos y darles un toque en el brazo a modo de despedida con pretendida complicidad. Gómez Gordo se ha presentado con una mascarilla que le llegaba hasta las pestañas.

El comisario Gómez Gordo es el policía que dejó su puesto de 'hombre para todo' en Castilla-La Mancha con la entonces presidenta María Dolores de Cospedal para regresar en 2013 a la Policía porque iba a controlar a un conocido suyo que la brigada política había infiltrado en el entorno de Bárcenas, el chófer Sergio Ríos, al que pagó con dinero de los fondos reservados. A los seis meses, con Jorge Fernández Díaz de ministro del Interior, recibió una medalla roja pensionada.

Gómez Gordo, que también ganó dinero con el PP en el Gobierno como asesor de Francisco Granados, recibió un sueldo de más de 100.000 euros anuales como jefe de seguridad de la Ciudad de la Justicia que nunca llegó a funcionar. En el caso que investiga el faraónico proyecto fracasado en tiempos de Aguirre, Gómez Gordo va camino del banquillo.

Varios grupos parlamentarios, como Podemos o EH Bildu, le han felicitado por la victoria del Partido Popular, la formación al calor de la cual Gómez Gordo ha ingresado importantes cantidades de dinero en sus periodos de excedencia de la Policía. El comisario García Castaño ha vinculado a Gómez Gordo con la fabricación del informe sobre la falsa financiación ilegal de Podemos que despreciaron los tribunales.

El comisario Gómez Gordo es hoy jefe de la comisaría de Villa de Vallecas, puesto al que accedió con el actual Gobierno cuando ascendió. Su abogado pertenece al despacho del exjuez de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, uno de los letrados más prestigiosos y caros de la capital. La portavoz de Vox, Macarena Olona, ha abordado esta cuestión: “¿Quién paga la minuta de su abogado?. Pero Andrés Manuel Gómez Gordo tampoco contestó´. Solo en una ocasión le dijo a la portavoz de ERC que no le cupiera ”la menor duda“ de que siempre había actuado de buena fe.

Un jefe policial con una empresa en oficinas de Villarejo

A continuación ha comparecido el comisario jubilado Juan Antonio González García, máximo responsable de la la Policía Judicial, en la que se enmarca la UDEF, durante el caso Gürtel, pero que fue cesado a la llegada de Mariano Rajoy al poder y que no estaba en activo durante la operación Kitchen. González, que ha dicho desconocer ese operativo, ha tenido que reconocer que domicilió una empresa de su propiedad en unas oficinas de Villarejo durante unos meses, tras ser destituido. “Por seguridad”, ha contestado a las preguntas de los diputados.

González ha negado que quisiera contactar con Cospedal mientras investigaba al PP, de lo que le acusaba Villarejo en una grabación en la que deslizaba que el comisario general de Policía Judicial quería ganarse el favor del partido, entonces en la oposición.

Uno de los jefes de la brigada política: “No he recibido órdenes políticas jamás”

En último lugar ha comparecido el que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, uno de los principales responsables de la brigada política. Pese a ello, en el Congreso ha dicho: “No he recibido órdenes políticas jamás”. Para Martín-Blas entraba dentro de la normalidad que viajara en plena campaña electoral catalana en octubre de 2012 viajara a Barcelona a convencer a los fiscales que registrara la sede de Convergencia, lo que provocó una nota de queja del Consejo Fiscal por tratarse de un policía que ni siquiera formaba parte de la investigación.

Martín-Blas ha dicho que no conoce la nota del Consejo Fiscal, que tuvo una amplia difusión mediática el mismo día de su publicación y de la que se ha seguido hablando con motivo de que se destapara la Operación Catalunya. “Ante todo soy policía”, ha dicho el comisario para justificar que viajó a Barcelona para llevar a los fiscales una información de parte del director adjunto operativo Eugenio Pino, el artífice de aquella brigada política.

El comisario, imputado en el caso Kitchen y al que la justicia andorrana investiga por presionar a los banqueros Cierco para que les suministraran las cuentas de los Pujol en Andorra, ha dicho que la brigada política no existió, que “eran tres” mandos que Pino se llevó a la Dirección Adjunta Operativa y que él les dio un despacho durante un tiempo en Asuntos Internos porque no tenían otro sitio para trabajar.

Martín-Blas ha asegurado que él está imputado en Kitchen por unas declaraciones ante el juez de Pino que el propio exDAO luego ha rectificado y que si sus agentes fueron detectados en los alrededores de la residencia de Bárcenas fue porque estaban en la zona por otro dispositivo.