El Congreso aprueba que se puedan conocer los secretos del 23F y la Transición
El Congreso aprueba que se puedan conocer los secretos del 23F y la Transición, e incluso de la Guerra Civil. La Cámara Baja ha dado este martes el visto bueno a la toma en consideración de una proposición de reforma de la ley de secretos oficiales presentada por el PNV.
La proposición ha sido aprobada este martes por 169 votos a favor, tres en contra y 162 abstenciones.
“Con la actual ley el Gobierno de turno puede hacer lo que quiera respecto a la desclasificación de documentos”, ha destacado el ponente del PNV, Mikel Legarda: “Se trata de incrementar la salud democrática, de impedir las llaves del eterno secreto”.
La iniciativa ha sido respaldada por el portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Juan Manuel del Olmo: “La memoria de nuestro pueblo merece justicia. No podremos ser un país democrático hasta que la reparación de las víctimas de la dictadura no consigan un abrumador consenso en esta Cámara”. El socialista Artemi Rallo ha calificado la actual ley de “preconstitucional y antigua”, durante su muestra de apoyo a la proposición del PNV: “Ampara mantener el secreto de miles de secretos que alcanzan hasta la guerra civil”.
El PP, por parte de Francisco Vázquez, ha defendido: “Ni el PP se resigna ni plantea resistencia numantina, este es un debate necesario, la ley tiene aspectos susceptibles de mejora, pero estamos ante una materia compleja. Valoramos que pueda forjarse un nuevo consenso sobre la regulación de los secretos oficiales, pero no podemos admitir que se haga de una forma parcial; apostamos por una reforma integral”.
Ley preconstitucional
La vigente ley, modificada en octubre de 1978, dos meses antes de aprobarse la Constitución, prevé que “la cancelación” de la calificación de secreto “será dispuesta por el órgano que hizo la respectiva declaración”, sin fijar límites temporales.
¿Y quién tiene competencias para decidir qué es o no secreto? “La calificación a que se refiere el artículo anterior corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor”.
El texto del PNV pretende establecer un procedimiento para desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 25 años –10 años para materias reservadas–, “salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el caso sólo de las materias secretas, por un nuevo período máximo de 10 años”, lo que permitiría sacar a la luz papeles aún ocultos de la Transición y de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981.
Además, el texto de reforma que propone el PNV contempla la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para atribuir “en exclusiva” al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación. Actualmente pueden clasificar documentos, además del Gobierno, la Junta de Jefes de Estado Mayor, y sólo pueden declarar su cancelación aquellos órganos de la propusieron.
La opacidad no sólo depende de lo calificado como “secreto oficial”. La Ley de Patrimonio Histórico establece: “Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de 50 años, a partir de la fecha de los documentos”.
Incógnitas
¿Adolfo Suárez propuso al rey Juan Carlos revocar su dimisión un día después del 23F? ¿Nos salvó el rey de un golpe que el mismo había puesto en marcha? ¿Felipe González estaba al tanto de la Operación Armada y aceptó ser vicepresidente de un general? ¿Algún servicio secreto extranjero conocía los planes de ETA para atentar contra la mano derecha de Franco, Luis Carrero Blanco?
Éstos, y otros muchos secretos, podrán empezar a conocerse.
En marzo de 2014, la periodista y escritora Pilar Urbano publicó La gran desmemoria (Planeta), en el que afirmaba: “El rey Juan Carlos creía que podía hacer lo que quería, los mimaba, los comprendía, pero con eso se alentaba un estado de runrún de golpe. Felipe González iba de vicepresidente de Armada, también estaban cinco de los siete ponentes constitucionales, incluido [Jordi] Solé Tura [entonces en el PCE]”.
El 23F, según Urbano: “Sale de Zarzuela y sigue en Zarzuela desde julio del 80 hasta la segunda semana de febrero de 1981. Yo dejo al rey fuera del golpe del 23-F [...]. El rey también decía en la primera edición [de la biografía autorizada escrita por José Luis de Vilallonga], la francesa, que él habló con Armada varias veces esa noche. En fin, hay un momento en el que Sabino me dice que, en el supuesto de que, tomado el Congreso, Armada hubiera conseguido proponer su Gobierno de concentración, y hubiese sido necesaria la presencia de una autoridad superior al nuevo presidente del Gobierno y que ratificara moralmente su elección, en ese caso... el Elefante Blanco sólo podía ser el rey”.
“Y es cierto que el Rey dio su venia al cambio de la dictadura a la democracia”, reconoce Urbano: “Él tenía todos los poderes heredados de Franco, y no había Constitución que le constriñese: podía haber dicho que no. Ahora bien, en importantes momentos más que motorizar metió el freno [...]. Sobre esto del medallero no siempre meritado, me rechina escuchar y leer el tópico de que 'el rey nos salvó del golpe'. El rey nos salvó in extremis de un golpe que él mismo había puesto en marcha, no queriendo que fuera un golpe, queriendo una solución fraguada en el Parlamento; pero Suárez le advertía: ”¡Esto es un golpe!“.
