El Congreso de los Diputados cumple este sábado un año rodeado de vallas y blindado por policías antidisturbios que custodian día y noche sus accesos, después de que el 13 de julio de 2012 cientos de manifestantes se concentraran ante sus puertas en protesta por los recortes aprobados en esas fechas por el Gobierno.
Aquella noche, efectivos de la policía establecieron un fuerte cordón de seguridad para impedir que los manifestantes llegaran a la sede del poder legislativo.
Un dispositivo de seguridad que aún permanece, aunque mucho más relajado, pero que la Policía refuerza de forma ostensible cada vez que se prevén manifestaciones o protestas cerca del Congreso.
Desde entonces, agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) montan guardia en las calles de acceso a la Carrera de San Jerónimo y varias furgonetas de esta misma unidad permanecen aparcadas las 24 horas en la plaza de las Cortes y en la esquina de la calle Cedaceros.
Durante meses, cientos de vallas antidisturbios también han estado apiladas en las inmediaciones por si los agentes consideraban necesario cercar la sede de la Cámara baja.
Un despliegue policial que en estos doce meses ha estado delante de varias convocatorias para “rodear” e incluso “tomar” el Congreso, sin que los manifestantes hayan podido acceder siquiera a la Carrera de San Jerónimo.
La coordinadora 25S, muy activa en las redes sociales, ha llamado en varias ocasiones a rodear la Cámara para forzar la dimisión del Gobierno y el inicio de un nuevo proceso constituyente. Protestas que en la mayoría de las ocasiones han acabado con cargas policiales y detenidos por alteración del orden público.
La última vez que el Congreso se ha visto “rodeado” de manifestantes fue el pasado 25 de abril, cuando la plataforma “En Pie”, convocó una protesta para asediar la Cámara de forma indefinida.
Aquel día, cerca de dos mil personas se concentraron en sus inmediaciones, en una jornada que acabó con quince detenidos.
Eso ocurría en la calle porque en el interior del Congreso la calma era absoluta, ya que esa tarde no hubo ningún de tipo actividad parlamentaria oficial.
A pesar de este dispositivo de seguridad que dura ya un año, el Congreso sufrió el pasado 9 de mayo el “asalto” no violento de un grupo de activistas de Greenpeace que llegó a subirse a la fachada del Palacio en protesta por la aprobación ese día de la Ley de Costas.
Aprovechando los andamios que todavía cubren hoy el Congreso en obras, ocho activistas consiguieron saltar la valla de seguridad y escalar hasta el frontispicio del Palacio, donde intentaron colocar una pancarta.
El presidente del Congreso, Jesús Posada, quien durante todo este año ha defendido con ahínco el despliegue policial que protege el Congreso, reconoció ese día que se había producido un “fallo de seguridad” en una Cámara que comienza su segundo año “blindada” por la Policía Nacional.