La renuncia a sus escaños que dentro de pocos días tendrán que materializar Miguel Arias Cañete, Esteban González Pons y Elena Valenciano para irse al Parlamento Europeo, abre la puerta a que tres nuevas caras se sienten en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Con estas tres próximas incorporaciones la cifra de los diputados que han entrado “de rebote” en lo que va de legislatura en la Cámara baja ronda ya el medio centenar. Más de la mitad de ellos pertenece al PP.
El motivo de esta renovación sobrevenida se debe a varios factores: los nombramientos de altos cargos que realizó Rajoy en su Gobierno o para empresas del Estado; el hecho de que algunos diputados se presentaran posteriormente a las elecciones autonómicas gallegas (caso del exministro socialista Francisco Caamaño) y vascas; o haber sido reclamados para formar parte de alguno de estos nuevos Gobiernos (como el exportavoz del PNV, Josu Erkoreka). Pero también ha habido bajas voluntarias de diputados que al no sentirse demasiado queridos por sus grupos parlamentarios no han dudado en aceptar ofertas para trabajar en el sector privado, donde los sueldos son mucho más suculentos que los del Congreso o el Senado.
Las primeras bajas tuvieron lugar nada más conocerse los nombres de los dirigentes del PP que Rajoy había elegido para ser secretarios de Estado. Un cargo que aunque la ley deja compatibilizar con el escaño, las direcciones del PP y del PSOE siempre han considerado que debe tener dedicación exclusiva. Por este motivo, apenas dos meses después de haber tomado posesión de sus actas -algunos incluso antes- abandonaron el Congreso Tomas Burgos, nombrado secretario de Estado de Seguridad Social (exdiputado por Valladolid); Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio (exdiputado por Murcia); Víctor Calvo Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones (exdiputado por Zamora); o José María Lasalle, secretario de Estado de Educación (exdiputado por Cantabria). El sueldo de un secretario de Estado supera con creces al que cobran los diputados e incluso al del propio Mariano Rajoy, establecido en 78.185 euros anuales.
A la lista de esos secretarios de Estado hay que añadir un caso singular: el de Juan Manuel Moreno Bonilla. Primero dejó su escaño por Málaga para ocupar la secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Y dos años y medio después abandonó también ese cargo al ser elegido nuevo presidente del PP andaluz, siendo sustituido por la exdiputada por Valencia, Susana Camarero, que también ha tenido que renunciar a su acta parlamentaria.
Como en Génova querían que a Moreno se le oyera también de vez en cuando en Madrid, dentro de unos días se convertirá en senador por Andalucía gracias a la oportuna renuncia de su compañero Antonio Sanz. El dirigente andaluz, que cobra un salario del PP que no ha querido desvelar, tendrá también derecho a percibir anualmente de la Cámara Alta unos 64.900 euros brutos, salvo que decida renunciar al salario base y cobrar solo las indemnizaciones para gastos.
Los únicos secretarios de Estado a los que Rajoy les ha permitido permanecer en sus escaños -ambos por Barcelona-, son el de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y Jorge Moragas, su inseparable jefe de Gabinete.
Precisamente, su alter ego en Génova, José Ramón García Hernández -secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP-, acaba de sustituir como diputado por Madrid al veterano Ignacio Astarloa, exsecretario de Estado de Seguridad en la etapa de Aznar. Astarloa acaba de ser nombrado presidente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, cuya supresión piden desde hace tiempo varios grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid por el “elevado coste y la escasa utilidad” de este organismo.
La situación dentro del grupo parlamentario de Astarloa, muy distanciado de Rajoy, no era cómoda. De hecho, hacía tiempo que se especulaba con su marcha aunque últimamente habían cesado los rumores al estar enfrascado en la ponencia del Reglamento del Congreso.
En este suma y sigue está el exministro Federico Trillo, exdiputado por Alicante, que recaló en marzo de 2012 en la embajada del Reino Unido. O el actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que renuncio a su acta de diputado por Palencia. Como también lo hizo -por A Coruña- Arsenio Fernández de Mesa, tras ser nombrado director general de la Guardia Civil.
Otros diputados han ido a parar a empresas públicas o semipúblicas. Como Ramón Aguirre, que en enero 2012 fue nombrado presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Con la nueva normativa que aprobó el Gobierno el año pasado, los presidentes de las empresas públicas, pese a haber sufrido un recorte cercano al 30%, pueden llegar a cobrar hasta 100.000 euros anuales.
Pasos similares a Aguirre siguió Juan Carlos Aparicio, el exalcalde de Burgos, quien en septiembre del año pasado -precisamente a propuesta de la SEPI-, se incorporó como consejero a la empresa Indra, que cuenta con participación pública. El veterano dirigente del PP llevaba en política más de 30 años y confesó que a estas alturas estaba “cansado”.
Una de las bajas del PP más sonadas fue la del diputado Santiago Cervera, que dimitió de su escaño por Madrid y como militante del PP al verse envuelto en un supuesto chantaje al presidente de Caja Navarra.
Cervera fue situado por Rajoy en el sexto puesto de la lista madrileña y ocupaba la secretaría cuarta de la Mesa del Congreso, que fue a parar al veterano parlamentario madrileño Teófilo de Luis.
Precisamente, la lista por Madrid del PP es la que más corrimientos ha sufrido. Los populares sacaron en la capital 19 escaños. Ahora con la marcha de Arias Cañete, entrará en el hemiciclo Mariano Pérez-Hickman, que iba en el puesto 27.
A Esteban González Pons, que encabezó la candidatura del PP por Valencia, le sustituirá Inmaculada Guaita Vañó, que iba de número once de la candidatura valenciana. Se da la circunstancia de que esta diputada es la segunda vez que recala en el Congreso de rebote. Ya lo hizo en 2009 tras la marcha del exministro José María Michavila, pero en las ultimas generales no logró salir elegida.
En el PSOE también ha habido varias renuncias a lo largo de estos dos años y medio. Entre ellas la del exministro y exportavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, que en diciembre de 2012 dejó su escaño por León “por motivos personales y familiares”. El amigo de Zapatero regresó a la Audiencia Provincial de Madrid, donde mantenía su plaza de juez en excedencia.
En julio de 2012 también la exministra de Sanidad, Leire Pajín, se fue a trabajar a la Organización Panamericana de Salud, con sede en Washinton. Un año después la ONU anunció que ampliaba su contrato. Según diversas fuentes, Pajín cobra un sueldo anual de 137.326 euros, exentos de impuestos.
Más sonada fue la espantada que dio más tarde su compañera de Gabinete, Carme Chacón. La exministra de Defensa y rival de Rubalcaba en las primarias para liderar el PSOE anunció en octubre de 2013 que dejaba el Congreso para ejercer como profesora en la Universidad de Miami Dade (MDC), al menos durante el curso académico de 2013-2014. Su advertencia de que “no dejaba la política” y volvería -sin descartar la posibilidad de presentarse a otras primarias-, pronto se materializará. Su marcha propició el regreso a la Cámara del dirigente del PSC Joan Canongía como diputado por Barcelona.
En el Grupo Socialista también se dio de baja como diputada por Madrid Cristina Narbona, otra exministra de Zapatero. Y se fue para incorporarse como consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), designación que chocó a más de uno al ser Narbona una reconocida política antinuclear.
Ahora la lista de Madrid del PSOE volverá a moverse por la obligada renuncia de Elena Valenciano, que fue la número dos de Rubalcaba. Su marcha al Parlamento Europeo abre la puerta a que entre el siguiente de la lista que es el histórico dirigente socialista, Manuel de la Rocha, que ocupó el puesto número 12 en las pasadas elecciones generales. En la actualidad De la Rocha, que ha sido diputado con anterioridad, ejerce como abogado.
En el 13 figura Carlos Mulas, exdirector general de la desaparecida Fundación Ideas, protagonista del caso Amy Martín, seudónimo de su exmujer, Irene Zoe, que cobró de la Fundación cantidades desorbitadas por los artículos que escribía. Algunos creen que precisamente para evitar la posibilidad de que Mulas pudiera aceptar entrar en la Cámara como diputado –algo muy improbable– en el PSOE no han incluido a más diputados madrileños en la candidatura europea.