El Congreso inicia por tercera vez la vía para derogar parte de la 'Ley Mordaza' con el único rechazo de PP y Vox

Una amplia mayoría del Congreso de los Diputados ha apoyado este martes una proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, derogando algunos de sus aspectos más lesivos con los derechos y libertades ciudadanas. La iniciativa ha sido admitida a trámite con el voto de toda la izquierda, las fuerzas nacionalistas y Ciudadanos, y ha contado con el rechazo de PP y Vox. La votación se ha saldado con 203 votos a favor de la toma en consideración, 141 en contra y seis abstenciones. El Congreso inicia así el tercer intento para derogar la citada normativa, que fue aprobada en 2015 por la mayoría absoluta del PP, y cuya reforma se intentó hace dos legislaturas, sin poder concluir su tramitación por los sucesivos adelantos electorales.

La proposición del PNV modifica prácticamente la mitad de los preceptos de la 'Ley Mordaza' con el objetivo, según ha explicado el grupo proponente, de que en el binomio de libertad y seguridad, “clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada, cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de las libertades ciudadanas por razones de seguridad se ampare en el principio de legalidad y en el de proporcionalidad”. 

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La propuesta plantea reformas “en la línea del principio interpretativo de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana, por el cual debe primar la interpretación más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga”.

Durante el debate de la propuesta, que ha tenido lugar en el Pleno de este martes, PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, Junts, BNG, Más País y EH Bildu han manifestado su voto a favor de iniciar la tramitación de una reforma que hace dos años llegó a la Comisión de Interior del Congreso logrando un amplio consenso, pero cuyo dictamen nunca llegó a aprobarse por la convocatoria electoral.

Serrada: “Al PSOE, lecciones las justas”

Desde el PSOE, el diputado David Serrada, ha considerado la necesidad de lanzar “un mensaje claro a los ciudadanos en un momento de incertidumbre, que es que el ejercicio de libertades y de derechos es real”, considerando la 'Ley Mordaza' como un “retroceso” en esos derechos. Al resto de grupos, que han reprochado a los socialistas que hayan aplicado esta normativa durante la pandemia, Serrada les ha dicho: “Al PSOE, lecciones las justas”.

Asimismo, el parlamentario socialista ha recordado que el PP aprobó esta ley para acallar las protestas por la corrupción en la formación popular. “Ustedes crearon una estructura destinada a obstaculizar la investigación de los casos de corrupción que afectaban al PP”, les ha dicho a los populares, que ha recordado que su propio líder, Pablo Casado, también apoyó esta normativa.

El diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés ha calificado la 'Ley Mordaza' como “la joya de la corona” de la “estrategia represiva” del Gobierno de Rajoy, y ha recordado que fue aprobada a instancias del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, actualmente imputado por su supuesta implicación en la Operación Kitchen, la pieza separada del caso Villarejo que investiga el espionaje del anterior Gobierno del PP al extesorero del partido Luis Bárcenas. “Se aprobó para cercenar la libertad de expresión, de información y de huelga”, ha remarcado el parlamentario del grupo confederal.

María Carvalho, de ERC, ha asegurado que la normativa a debate supuso “una de las reformas legislativas más retrógradas para perseguir la disidencia política y reprimir la protesta y la manifestación”, así como que blindó “las políticas racistas y criminales”. Durante su intervención, la diputada ha mantenido un rifirrafe con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, después de que ésta, a instancias del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, le pidiera retirar un lema pegado en la tableta de la parlamentaria republicana, en la que se podía leer “Foravox”. Carvalho ha accedido a la petición de Batet y ha retirado dicha pancarta.

Desde EH Bildu, su portavoz durante el debate, Ion Iñarritu, ha considerado que “cuanto antes se derogue” la 'Ley Mordaza' “mejor”, porque “con un Gobierno que en teoría está en contra de esta ley la ha aplicado más en tres meses de estado de alarma que en cuatro años el PP”. “Los autores de esta norma represiva están siendo investigada por utilizar las cloacas del estado para sus intereses y guerras internas”, ha recordado Iñarritu, en referencia a Fernández Díaz. Además, ha considerado que “es el momento de crear mecanismos para prevenir y garantizar que ante abusos policiales se sepa identificar y sancionar a los responsables”.

La decisión del Supremo sobre Torra

Durante el debate ha sobrevolado en todo momento la decisión del Tribunal Supremo de inhabilitar al president de la Generalitat catalana, Quim Torra. Así, mientras las fuerzas nacionalistas e independentistas han considerado la resolución como un ejemplo más de la “represión” que, a su juicio, padecen los dirigentes independentistas catalanes, desde Ciudadanos, su portavoz durante el debate, Miguel Gutiérrez, ha defendido la decisión del Alto Tribunal al considerar que hace a todos los españoles “iguales ante la ley”.

En contra de la proposición del PNV se han manifestado tanto el PP como Vox. El portavoz popular en el debate, Jaime Mateu, ha defendido que la Ley Mordaza se aprobó “para proteger la integridad física de los policías” y que “su aplicación ha sido un valladar para la protección de la seguridad y de la libertad”. A su juicio, la normativa “es más necesaria que nunca para dar cumplimiento de las normas de la emergencia sanitaria” y ante la existencia de un Gobierno “socialcomunista” en el que están integrados “los defensores de la tiranía venezolana”.

La 'Ley Mordaza' fue recurrida en el Tribunal Constitucional por toda la oposición, nada más ser aprobada en 2015. Dos años después, en 2017, el Congreso admitió a trámite dos proposiciones de ley distintas para derogarla: una presentada por el PSOE para suprimir toda la ley del PP y volver a la anterior legislación en la materia, que data de 1992, y otra del PNV que modifica la ley vigente sin necesidad de retrotraerse a 1992.

Finalmente, tras meses y meses de continuas ampliaciones de los plazos de presentación de enmiendas a ambas propuestas, la ponencia comenzó a trabajar en octubre de 2018 sobre la iniciativa impulsada por el PNV llegando a modificar más de la mitad de la ley popular, pero la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones para el 28 de abril de 2019 provocó su paralización. En la legislatura corta que siguió a esos comicios, el PNV volvió a registrar su proposición, pero también decayó con la disolución de las Cortes ante la repetición de las elecciones de noviembre de ese mismo año.