El Congreso ha modificado el procedimiento para la comunicación de las visitas “ajenas a la Cámara” y a partir de ahora esas personas deberán registrarse en una hoja de cálculo en la que deberá figurar el nombre completo, el número de documento y las observaciones pertinentes. La Cámara Baja ha comunicado el cambio este martes después de las informaciones que han ido trascendiendo sobre el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, involucrado en el caso Mediador. Fuentes de la Cámara Baja explican que no se trata de una nueva fórmula sino una simple modificación para organizar mejor los datos que antes ya se requerían para ingresar.
En una nota remitida a todos los diputados y trabajadores, el Congreso explica el cambio de procedimiento para comunicar “los datos de personas ajenas a la Cámara” que deseen acceder a las instalaciones parlamentarias y que entrará en vigor a partir de este miércoles, 1 de marzo. “Se ruega que cuando se realicen solicitudes en este sentido, dichos datos se incorporen en el documento Excel que se adjunta, respetando las celdas en el modo establecido, y que se comunique a la Comisaría Especial a través de correo electrónico por parte de los diputados, grupos parlamentarios, o personal del Congreso de los Diputados que corresponda. Muchas gracias por su colaboración”, explica el comunicado.
La Cámara Baja ha tomado esta decisión tras las informaciones que han ido trascendiendo sobre el caso Mediador que involucran al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, así como al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte (el mediador, según un informe de la Policía Nacional), aunque fuentes de la institución rechazan que tenga que ver con este asunto y trasladan que se trata de una petición de la Comisaría de hace meses. “Las visitas antes también se comunicaban y los datos son los mismos. Lo que se ha hecho es establecer a través de un excel una manera de estandarizar las comunicaciones de las visitas”, insisten esas fuentes.
Según el sumario del caso, al que tuvo acceso Europa Press, los implicados pedían un “peaje económico” de 5.000 euros a los empresarios a los que captaba bajo la promesa de “obtener privilegios” en materia de contratación pública, se reunían con ellos en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar “seriedad” y acababan en “grandes fiestas” en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros.
En un informe de la causa, la Fiscalía habla de “la existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermedias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios”.
Reuniones con lobbies
Hasta ahora y desde octubre de 2020, los diputados estaban obligados a registrar sus reuniones con lobbies, aunque la Oficina de Conflicto de Intereses ya detectó a finales del año pasado que solo siete los 349 que hay actualmente en la Cámara publicaban sus reuniones en la web de la institución. En el Senado la cifra asciende a 17.
El documento de la oficina, al que tuvo acceso este verano Europa Press, recoge los datos obtenidos hasta el pasado mayo. En esa fecha aún había un 43% de los diputados (151) que seguía sin publicar su agenda en la web, frente 198 que sí lo hacía. La Cámara cuenta con una aplicación que les permite adjuntar automáticamente a su ficha su agenda parlamentaria y también la puramente política, donde deberían incluir sus citas con grupos de interés.
El Congreso de los Diputados, aprobó en octubre de 2020 el código de conducta de las Cortes Generales que establece la obligación de diputados y senadores de hacer públicas sus reuniones con estos grupos. La citada normativa recoge que “los miembros de las Cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés”.