La mayoría de grupos del Pleno del Congreso ha respaldado este martes tomar en consideración la proposición de ley de Esquerra Republicana (ERC) que pretende recuperar la jurisdicción universal previa a las reformas del PSOE y del PP, de 2009 y 2014 respectivamente.
Pese al rechazo del PP, la iniciativa ha cosechado el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, PNV y PDeCAT para superar este primer examen parlamentario, mientras que Ciudadanos no se ha opuesto a su tramitación, lo que asegura suficientes votos para iniciar su andadura en el Congreso.
El cambio legal que propone ERC busca permitir a los jueces ejercer sin límites su jurisdicción “independientemente de la nacionalidad de las víctimas o del lugar en el que fueron cometidos los presuntos delitos”.
El portavoz de ERC, Joan Tardá, se ha preguntado cómo es posible que una democracia tan joven como la española se comporte “de manera tan cicatera” respecto a los Derechos Humanos y ha denunciado que con la reforma del 2014 que aprobó en solitario el Grupo Popular se puso en “jaque mate” a la Justicia Universal derrotando libertades y derechos.
El parlamentario ha agradecido al PSOE su respaldo a esta proposición de ley, aunque luego modifiquen el articulado en la fase de enmiendas, ya que es “el que tiene la llave” y con su voto “se abrirá una posibilidad enorme de recuperar lo perdido”. “Hay que conseguir que cualquier genocida, esté donde esté, tenga el convencimiento de que tarde o temprano tendrá que comparecer ante el tribunal”, ha asegurado.
Ni la reforma aprobada en 2009 ni la del 2014 fueron aisladas ni casuales, ha precisado el parlamentario independentista que ha asegurado que se aprobaron para dar carpetazo a la instrucción de algunas causas como la del asesinato del cámara José Couso en Irak en 2003, la investigación del asalto a la Flotilla de la Libertad por parte de Israel, o los genocidios del Sáhara o el Tíbet.
INJERENCIA EN EL PODER JUDICIAL
Desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos -En Comú Podem- En Marea han coincidido en que las reformas aprobadas por los dos grandes partidos del país no fueron baladí ni una coincidencia aleatoria con el archivo de causas relacionadas con genocidios, crímenes de lesa humanidad, la pederastia o la mutilación genital.
El diputado de En Comú Jaume Moya --que ya consiguió sacar adelante una proposición no de ley sobre este asunto el pasado 9 de febrero en la Comisión de Justicia-- ha denunciado que con las reformas de la Justicia Universal se produce una injerencia “absolutamente intolerable del legislador en el poder judicial”.
El PNV --que tiene registrada otra proposición de ley en el mismo sentido--, y los partidos del Grupo Mixto PDeCat y Compromís también votan a favor al entender que la vigente normativa ha abierto la puerta a la impunidad al crimen atroz.
El Grupo Socialista también ha anticipado su respaldo a la admisión del texto, según ha adelantado en el debate la diputada socialista Soraya Rodríguez, que en todo caso ha precisado que “nada tienen que ver” la reforma de 2009 con la aprobada en solitario por el PP puesto que esta última buscaba crear un marco legal para impedir investigar este tipo de delitos y evitar “problemas diplomáticos” con otros países.
En ese sentido, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Justicia, Ignacio Prendes, ha recordado que el acuerdo alcanzado en la Comisión para recuperar la justicia universal se retrotraía a la situación previa a la reforma aprobada en solitario por el PP en 2014.
Aunque ha explicado que comparte el espíritu que anima esta proposición, entiende que “lo más sensato” es recuperar la normativa de 2009 y así lo plasmarán en la fase de enmiendas. Prendes ha advertido a ERC de que tampoco se puede generar la convicción de que los tribunales españoles pueden perseguir cualquier delito en cualquier parte del universo, pues “España hoy no tiene esas capacidades”.
“GRAN DOSIS DE CINISMO”
Por contra, María Jesús Moro Almaraz, portavoz de Justicia del PP, ha arremetido contra la iniciativa de ERC a quien le ha acusado de tener “gran dosis de cinismo” y ha explicado que aunque existe voluntad de mejorar la actual normativa, derogarla es “defraudar expectativas que conducen a grandes dosis de desconfianza”.
“No es verdad que con esta proposición de ley se dé mayor amplitud al catálogo de delitos y que con la normativa vigente se vaya contra normas internacionales. En las reformas de 2014 y 2015, además de los delitos que parecen que no están, se incluyeron otros relacionados con la libertad sexual, vinculados a la violencia de género y turismo sexual”, ha afirmado la parlamentaria, que ha adelantado que su partido votaría en contra de esta proposición de ley.
También Foro Asturias, socio electoral del PP, ha anunciado por boca de su diputado Isidro Manuel Martínez Oblanca su voto en contra a la admisión de la iniciativa.