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El juez Castro suspende la declaración de la infanta tras la petición del fiscal

La infanta Cristina a su llegada a su trabajo en la sede la La Caixa / Foto: EFE

Irene Castro

El juez ha aceptado la petición de la Fiscalía de suspender la declaración como imputada de la infanta Cristina hasta la resolución de la Audiencia Provincial sobre el recurso que el fiscal ha presentado este viernes. La citación de la hija del rey estaba programada para el 27 de abril. El auto del juez Castro, que no había pedido la opinión a la Fiscalía, dejaba la puerta abierta a la presentación de un recurso de apelación ante la Audiencia en el plazo de cinco días.

El fiscal Pedro Horrach ha recurrido la decisión del juez que instruye el caso Nóos alegando que el magistrado está dando “cuando menos, un trato discriminatorio” a la infanta porque los hechos que se le imputan “no presentan rasgos delictivos”.

El recurso presentado por la fiscalía tiene el mismo formato que el auto firmado por el instructor del caso. Así, utiliza casi todos los puntos del magistrado para argumentar su postura.

Por su parte, el fiscal solo encuentra como “hecho incuestionable” el hecho de que Cristina de Borbón figurara como vocal del Instituto Nóos, que presuntamente utilizó su esposo, Iñaki Urdangarin, para desviar fondos. “De toda la intensa actividad investigadora desarrollada, únicamente ha podido extraerse el hecho incuestionable de que Doña Cristina de Borbón y Grecia figuraba como vocal del Instituto Nóos, de que su nombre aparecía reflejado en el folleto publicitario del mismo y de que ostentaba participaciones sociales de la entidad mercantil Aizoon SL.”, expresa Horrach, que añade: “El procedimiento judicial persigue la búsqueda de la verdad material, no de ajustarla a expectativas o sospechas personales, deformándola”.

Otro de los argumentos que el fiscal recrimina al juez Castro es que en su día desestimó la petición de la acusación de imputar a la hija del rey. Horrach considera que no hay ningún documento, dato o hecho que “altere sustancialmente las consideraciones penales”. No obstante, el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, entregó al juez después de esa fecha unos correos electrónicos que apuntaban a la infanta en la participación de la toma de decisiones de Nóos.

No se acreditan indicios probatorios

Anticorrupción se refiere a los emails en los que se apunta a que el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, conocía el supuesto trato privilegiado que Urdangarin recibía de las Administraciones Públicas. El fiscal argumenta que de la “comunicación fluida” del duque con Revenga “no se infiere conocimiento de presuntas actividades delictivas”. Horrach piensa que, en el caso de que Revenga conociera esos hechos, no hay “indicio probatorio” de que se los comunicase a la infanta.

El fiscal también exime de responsabilidad al rey en una supuesta influencia en la actividad de Nóos: “El hecho de que un padre comente o no con su hija las recomendaciones que haya realizado o proyecto realizar al cónyuge de ésta, pertenecen al ámbito estrictamente privado y es penalmente irrelevante”, dice el recurso.

Otro de los aspectos que aborda el recurso es la reunión en el Palacio de la Zarzuela que supuestamente mantuvo Urdangarin con Rita Barberá y Francisco Camps. Dice el fiscal que ese hecho no afecta a quienes “ni estaban, ni consta conocieran su existencia”. Horrach no contempla tampoco “alcance penal” en “el caso hipotético” de que la infanta lo supiera.

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