El Constitucional mantiene la prohibición de las manifestaciones del 8M en Madrid

El Tribunal Constitucional ha decidido mantener la prohibición de las concentraciones previstas para esta mañana en Madrid por el 8M. El pleno, reunido de urgencia, ha admitido a trámite por unanimidad los dos recursos de amparo interpuestos por los sindicatos CCOO y UGT para analizar en una sentencia de fondo las cuestiones de constitucionalidad planteadas, pero ha rechazado la medida cautelarísima solicitada con el objeto de suspender el veto y que los actos pudiesen celebrarse.

El Constitucional entiende que “el asunto presenta elementos sustantivos específicos que abogan por un estudio meditado y contradictorio de la medida solicitada”, según informan fuentes jurídicas a elDiario.es. Por lo tanto, el acto previsto por estos dos sindicatos en la plaza de Cibeles entre las 11.00 y las 14.30 no se podrá realizar.

UGT y CCOO de Madrid recurrieron ayer a última hora después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratificase la prohibición decretada por la Delegación del Gobierno por razones de salud pública. El TSJM señalaba en su auto, que respondía a su vez a los recursos interpuestos el viernes por varios colectivos y particulares, que las “razones de salud pública pueden justificar la limitación, modificación o prohibición” del derecho fundamental de reunión en determinadas circunstancias.

Las organizaciones argumentan, en cambio, que esa sentencia “no analiza de forma concreta la convocatoria a la que se aludía el recurso, sino que emplea argumentos de carácter general para desestimarla” y consideran que las características de la concentración prevista —con una limitación de asistencia de 250 personas— convertían el acto en “inofensivo” para la salud pública.

La delegación del Gobierno tomó esta decisión el pasado viernes tras “estudiar detalladamente” cada una de las peticiones presentadas y teniendo en cuenta las posibles confluencias de las concentraciones multitudinarias en varias zonas de Madrid. El Ejecutivo estima que todos los encuentros movilizarían a “más de 60.000 personas”.

José Manuel Franco defendió entonces que no ha habido ningún “cambio de criterio” con respecto a la autorización, sino “un cambio en las condiciones” por la “gran acumulación” que se podía producir: “Son motivos ni sectarios ni ideológicos, son motivos objetivos. No nos mueve ningún afán de prohibir nada”. La medida fue considerada como una decisión “política” por la Comisión 8M de Madrid —organizadora de las manifestaciones de los últimos años— y el Movimiento Feminista de Madrid lo calificó de “ataque sin precedentes, propio de otros tiempos”.