Chile instala el Consejo que redactará la nueva constitución con una presidenta de ultraderecha

Santiago de Chile, 7 jun (EFE).- Chile celebró este miércoles un nuevo hito en su dilatado proceso constituyente con la instalación del Consejo Constitucional que, tras el primer intento fallido en septiembre, redactará una nueva carta magna bajo el liderazgo de una mayoría de ultraderecha.

En una ceremonia sobria y sin simbolismos, en la que la voluntad de superar las diferencias marcó todos los discursos, los consejeros juraron su cargo –varios de ellos con mención a Dios incluida–, eligieron su mesa directiva y recibieron el borrador elaborado por 24 expertos a partir del cual tendrán que trabajar.

“No queremos caer en las divisiones del pasado, nuestra disposición es para superar la polarización actual”, expresó en su primer discurso la presidenta electa del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, abogada de 30 años del ultraderechista Partido Republicano, que tiene mayoría en el órgano y es partidario de mantener la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La votación, que se desarrolló sin sorpresas, dibujó los dos bloques que conforman el nuevo organismo: Hevia recibió los 22 apoyos de los republicanos más los 11 de los partidos de la derecha tradicional.

“Chile vive una crisis moral que se manifiesta en la descomposición de la vida familiar y en el desprecio por la autoridad y las normas”, añadió.

Para la vicepresidencia, fue electo el exrector de la Universidad de Valparaíso Aldo Valle, independiente cercano al Partido Socialista, con 17 votos procedentes del oficialismo (sin los partidos de la centro-izquierda tradicional, que quedaron fuera del órgano) y el respaldo del representante de los pueblos indígenas.

UN SEGUNDO INTENTO MÁS MODERADO

Este es el segundo intento de Chile en tres años por redactar una nueva ley fundamental, tras el amplio rechazo a una propuesta refundacional, elaborada por una convención de mayoría de izquierdas.

El presidente Gabriel Boric, que el fin de semana dijo que si este proyecto también se descarta en las urnas no habrá una tercera oportunidad durante su Gobierno, emplazó a los consejeros a desarrollar “un proceso de colaboración” en el que las partes “sean capaces de ceder cuando sea necesario”.

Mientras, al exterior del antiguo Congreso de Santiago, un centenar de manifestantes ultraconservadores vociferaba “en contra de la derecha cobarde y ladrona, y de los enemigos de la patria”, en defensa de la Constitución vigente.

El texto que hoy recibió el Consejo es más moderado que el anterior, pero consagra el “Estado social y democrático de derecho”, una aspiración histórica de la izquierda, y reconoce a los pueblos originarios “como parte de la nación chilena, que es una e indivisible”.

“UN PUNTO DE PARTIDA”

La gran incógnita ahora radica en si la ultraderecha, que defiende el modelo neoliberal instalado por la dictadura y tiene poder de veto con 22 de los 50 escaños, respetará las bases recogidas en el borrador o se unirá a la derecha tradicional para cambiarlas de raíz. “Este texto no es un punto final, es punto de partida para que llegue a ser punto de encuentro”, indicó la flamante presidenta.

“Es muy probable que ahora el Partido Republicano quiera hacer modificaciones aprovechando su mayoría. Será interesante ver si la coalición de derecha (Chile Vamos) tendrá un efecto moderador pensando en que la ultraderecha necesita de esa coalición para la mayoría absoluta”, apuntó a EFE desde la Red de Politólogas Nerea Palma.

El constitucionalista de la Universidad Diego Portales Javier Couso, por su parte, aseguró a EFE que la composición del órgano deja a “los principios básicos en una situación muy frágil, lo que hace presumir que muchos de ellos van a desaparecer”.

A partir de hoy, el Consejo Constitucional, que finalmente quedó con 50 integrantes tras la renuncia del ultraderechista Aldo Sanhueza, acusado de abusos sexuales, dispondrá de cuatro meses para redactar su propuesta final.

El quinto mes será el turno de una instancia mixta en la que los expertos podrán realizar observaciones al texto emanado del Consejo, que deberán ser aprobadas por 3/5 de los consejeros y rechazadas por 2/3.

El documento definitivo será sometido a un plebiscito el 17 de diciembre en el que la ciudadanía tendrá que elegir entre dos opciones: “A favor” o “En contra”.

Meritxell Freixas