El Gobierno utilizará los datos de movilidad y las apps sanitarias para definir la estrategia de salida del confinamiento

El Gobierno de Pedro Sánchez se prepara ya para largos meses de medidas restrictivas en las distintas fases de contención del coronavirus. A pesar de que en las comparecencias en Moncloa los ministros evitan pronunciarse sobre la prórroga del estado de alarma escudándose en la necesidad de atender a los “resultados” que vaya dando la primera etapa de confinamiento casi total, el Ejecutivo asume que la normalidad tendrá que ir implantándose de forma gradual. En lo que está trabajando el Gobierno, a través de ministerio que dirige Nadia Calviño, es en una de las etapas que vendrán tras la reversión de la curva del pico de la enfermedad: “el control de los datos” para localizar los focos de contagio y levantar así paulatinamente el confinamiento por segmentos de población.

No hay rastreo individual de móviles ni tampoco una vigilancia personalizada del movimiento de los ciudadanos a través de la geolocalización de sus aparatos tecnológicos. No, de momento. Y eso que hasta la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial han llegado infinidad de propuestas tecnológicas para poner en marcha plataformas con las que controlar el flujo de los ciudadanos en tiempos del coronavirus. No todas ellas pasan el examen de constitucionalidad que requiere la protección de los derechos fundamentales, ni siquiera en tiempos de estado de alarma. 

España, con o sin virus, sigue siendo un estado garantista. Y lo publicado en el BOE sobre la Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, pese a la polémica y los bulos difundidos por la ultraderecha, está dentro de lo que la ley permite para la eficiencia operativa de los servicios sanitarios, y la mejor atención y accesibilidad por parte de los ciudadanos.

Lo que ya ocurre en Israel o en Corea del Sur es inconcebible hoy en España. Allí uno enciende el móvil, recibe un mensaje de Sanidad y le recuerda que ha coincidido en un espacio público o privado con un enfermo de coronavirus. Al segundo, entra en el aparato una orden de aislamiento de inmediato en su domicilio para evitar nuevos contagios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de la importancia de detectar los casos asintomáticos para evitar la propagación del virus. 

La tecnología al servicio de la salud no siempre es válida en un estado democrático por lo que hay aplicaciones de inteligencia artificial que han sido rechazadas por el Gobierno español debido al impacto que pueden tener sobre la privacidad de los individuos. 

España no está aún en esa fase, si bien el Gobierno admite que una vez controlada la curva de infectados, el siguiente paso será “el control de los datos” para localizar los focos de contagio y levantar gradualmente el confinamiento por segmentos de población, de grupos de riesgo o de edades, en función de si hay un repliegue o no de la enfermedad cuando pase el estado de alarma.

Lo que hay en España, de momento, es una app nacional de autodiagnóstico para descongestionar los teléfonos de emergencia de las distintas autonomías. La Comunidad de Madrid fue la primera en poner la suya en marcha y Sanidad ha decidido que esa misma sea válida para todo el país. El proceso se ha dilatado más de lo previsto para asimilar el modelo a la normativa europea. Esta misma semana se pondrá en marcha, según adelantan fuentes del Ministerio de Economía. Y servirá igualmente para Madrid, Cataluña, Extremadura o Murcia.

Más allá de la plataforma de autodiagnóstico, donde al paciente se le realizan una serie de preguntas sobre los síntomas y se le aconseja las pautas a seguir, la secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ya trabaja en otro sistema interno de análisis con las señales de los teléfonos móviles. La iniciativa parte de la UE y de un acuerdo con las operadoras telefónicas para aportar los datos de geolocalización -algo que ya existía antes del coronavirus- pero “no detecta en ningún caso flujos individuales, sino de bloques de población”.

Economía trabaja con la misma metodología del INE, ya que ellos son capaces de asignar datos de las tres principales compañías que operan en España. El mismo modelo lo utiliza el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana -antes Fomento- desde hace tiempo para detectar los flujos de población entre autonomías; clasifica por colores o barras el número de ciudadanos que se traslada de un lugar a otro a partir de un número determinado. Esta misma aplicación permite también calcular el porcentaje de pacientes que se pueden derivar a cada hospital y si el de referencia de una zona determinada, según los datos facilitados sobre el contagio, puede o no colapsar.

Desde el Gobierno aclaran que desde hace tiempo las operadoras venden “de forma legal” los datos agregados de sus clientes, “pero nunca el detalle individual”. Lo contrario provocaría una estigmatización de los ciudadanos y una flagrante vulneración de sus derechos fundamentales. Un debate que ya se ha generado en otros países, donde han echado mano de programas de inteligencia artificial o reconocimiento facial tremendamente útiles para frenar la pandemia pero muy cuestionados por su impacto en la privacidad.

La coordinación entre el mundo de las 'startups' y el Gobierno está siendo también fundamental para lanzar proyectos menos inmediatos, pero igualmente claves para luchar contra el coronavirus a medio plazo. Economía analizará todas las propuestas, incluidas las de las todopoderosas consultoras que ya presionan para la compra de algunos programas, pero “con sumo cuidado para proteger la privacidad de los ciudadanos”, subrayan desde el ministerio que dirige Nadia Calviño.

En todo caso, programas como los que ya aplican en Israel, Corea o Singapur no serán posibles en España hasta no implementar un plan de choque masivo de test rápidos en toda la población y hasta no estabilizar los servicios sanitarios y las UCI de los hospitales, algo que de momento Sanidad no ha conseguido.