La corrupción urbanística pone contra las cuerdas al delegado del Gobierno en Murcia

El Delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, ha sido la última y más sonada incorporación a la causa de Novo Carthago que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Bacuñana ha sido imputado por su participación en el proceso de recalificación de un espacio de costa virgen del Mar Menor perteneciente al municipio de Cartagena. La imputación del delegado del Gobierno se relaciona con la inmobiliaria Hansa Urbana, entonces participada por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y que pretendía levantar de la nada una urbanización de lujo con hoteles, campo de golf de 27 hoyos y 10.000 viviendas. Los hechos por los que la justicia persigue a Bascuñana tienen relación con su etapa como consejero de obras públicas del gobierno murciano

Para crear esa nueva población de 35.000 personas en mitad de un espacio natural protegido por la legislación medioambiental, y según las tesis expuestas por el juez instructor en un denso y contundente auto de setenta páginas, “se parte de una puesta de acuerdo entre el Ayuntamiento, que preside la señora Barreiro, con Hansa Urbana, la promotora del 'resort', y la Consejería de Medio Ambiente, y necesariamente con la Consejería de Obras Públicas que es la que aprobaría el proyecto”. De ese modo, según el juez no sólo hizo falta la intervención del entonces consejero de Obras Públicas y actual Delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, sino también la de los otros dos consejeros imputados en esta causa, Antonio Cerdá y Francisco Marqués, además de otros altos cargos del ejecutivo regional que, según consta en el auto, llegaron a rechazar informes técnicos que advertían de la inviabilidad del proyecto e incluso a redactar nuevos informes favorables.

El juez instructor acepta la tesis del fiscal Juan Pablo Lozano y afirma sin ambages que “estamos en presencia de un delito de prevaricación continuada en el que se producen una serie de actos sucesivos, todos ellos concatenados, no pudiendo entenderse la última de resolución de Bascuñana sin las anteriores, y ninguno es intrascendente para conseguir el fin pretendido”, dentro de lo que en un párrafo del auto llega a calificar como “trama en la Comunidad Autónoma”. Cerdá –por tercera vez- y Bascuñana deberán prestar declaración el próximo 2 de julio, y de no personarse, advierte el juez, “la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención”. Por su parte la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, cuya intervención en todo el proceso es resaltada por el juez, ha decidido prestar declaración voluntariamente antes de un eventual traslado de la causa al Tribunal Supremo por su condición de aforada –Barreiro es diputada nacional del PP-, al tiempo que ha tildado el auto de “parcial”.

“Voladura de las leyes estatales y autonómicas”

La urbanización de lujo que se pretendía construir en parte del humedal de Lo Poyo, fue anunciada públicamente incluso antes de que se iniciaran los trámites de recalificación de unos terrenos que estaban incluidos en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Mar Menor, y que gozaban además de otras figuras de protección de ámbito europeo como LIC –Lugar de Interés Comunitario- y ZEPA –Zona de Especial Protección de las Aves-. Con las sucesivas firmas del Consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá, en 2003, la de su sucesor en el cargo, Francisco Marqués, y por último la de Joaquín Bascuñana en 2004, se dio luz verde al proyecto de Novo Carthago. Esos actos supusieron, según señala el juez Abadía, la “voladura de las leyes estatales y autonómicas” en cuestión medioambiental. Tras el auto del magistrado, PSOE, IU-V y UPyD han pedido la dimisión inmediata de Joaquín Bascuñana. De momento y mientras el propio Bascuñana sigue defendiendo su inocencia, el Delegado del Gobierno ha declarado hoy que está “a disposición del PP”, en mitad de un ambiente de creciente inquietud en las filas conservadoras.

“El PP ha diseñado el desmantelamiento de la conservación de la naturaleza”

Pedro García, director ejecutivo de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), expone a eldiario.es que ante estos hechos, “o reacciona el PP a nivel nacional, que debería de haber reaccionado ya hace tiempo, o no pasará nada”. Según García, “aquí son las personas que han tenido y siguen teniendo el poder del Partido Popular, y de amplios sectores sociales de la Región de Murcia, los que han diseñado políticas de desmantelamiento de la conservación de la naturaleza en general”. García recuerda que si Novo Carthago salió adelante en su día, fue en gran medida por el apoyo del expresidente autonómico Ramón Luis Valcárcel, quien lo defendió “porque detrás había una entidad fiable como la CAM”. Pedro García se expresa con claridad: “Creo que el máximo responsable de todo esto es Valcárcel, y el PP lo ha premiado llevándolo a Bruselas. Lo que este hombre ha hecho con la Región no tiene nombre. Dijo que mientras que Murcia lo necesitara, no se iría, y cuando más lo ha necesitado se va dejándole a sus compañeros unos cuantos pufos”. Para García, no se entendería que en el futuro hubiera condenas para varios exconsejeros de sus gobiernos mientras Valcárcel “se va de rositas”.

El director de ANSE opina que el proyecto de Novo Carthago no es el único, “pero sí es simbólico porque sus consecuencias económicas son enormes y nos van a dejar una púa por los siglos de los siglos”. Pone un ejemplo: “La desaladora de Escombreras. Ese es un proyecto que salió fundamentalmente para permitir la recalificación de terrenos de Novo Carthago. En su día la Confederación Hidrográfica del Segura informó negativamente porque no había garantía de suministro de agua, y entonces la Comunidad Autónoma firmó un convenio para dotar de agua al proyecto con un tinglado que ejecutó una empresa de Florentino Pérez; todo esto ha supuesto recientemente una demanda por más de 500 millones de euros a la Región de Murcia, porque se firmó en su día un contrato blindado para el abastecimiento de agua que no se ha cumplido”. Pedro García compara este asunto con el del Aeropuerto de Corvera: “Aquello son 200 millones de euros de aval, pero esto son 500”.

El antes y el después de la burbuja inmobiliaria

Las dimensiones del caso Novo Carthago son capaces de marear al más ducho en cuestiones legales y urbanísticas, y para Pedro García, “ese es el problema, que como se puede escribir tanto, al final puede ser que la gente termine viendo ahí una nebulosa enorme”. ¿Cómo se pretendía sacar adelante un plan así? García responde: “Yo creo que tenían sensación de impunidad, sobre todo en unos años en los que el urbanismo generaba mucho beneficio a corto plazo, y tenían mayorías absolutas aplastantes, y además se contaba en muchos casos con el consenso de las dos fuerzas políticas mayoritarias. Aunque después algunos dentro del PSOE se mostraron muy críticos con esta política e hicieron lo que pudieron, en Novo Carthago no hay que olvidar que el abogado representante de Hansa Urbana, era el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento valenciano”. El director de ANSE no rehúye la crítica a la propia sociedad durante los años de la burbuja inmobiliaria: “Aquella era una época en la que la opinión pública, en un porcentaje mayoritario, estaba de acuerdo con esto, con que había que aprovechar la situación y generar mucha riqueza. Los medios casi no sacaban nuestras notas de prensa y la gente no era consciente de la hecatombe que se preparaba”.

Sin embargo, el director de ANSE muestra su esperanza en la justicia: “El trabajo de la Fiscalía de Murcia lo valoraremos dentro de unos cuantos años. Empiezas a sumar las batallas perdidas de esta gente, y tenemos Marina de Cope, la primera urbanización de Lo Poyo, la urbanización de una parte de Calblanque, la Zerrichera, Puerto Mayor… Se les han parado proyectos muy emblemáticos”. ANSE es la única entidad que se ha personado en todos los trámites administrativos y que ha entregado varias veces documentación relacionada con Novo Carthago, un caso que sigue abierto.