La defensa de la infanta Cristina ha presentado a última hora de esta mañana un recurso ante la Audiencia de Palma contra su procesamiento en el 'caso Nóos' en el que asegura que las conclusiones a las que llega el juez José Castro surgen de “una interpretación absolutamente forzada” del Código Penal. “La mera pretensión de mantener viva una imputación no puede anteponerse a la estricta aplicación de la ley”, aseguran los abogados de la infanta, en referencia a Castro.
De los hechos que se acreditan de forma indiciaria en el sumario, dicen los letrados, “en modo alguno cabe atribuir a nuestra mandante la presunta comisión de conductas con relevancia penal”. “Eso solo sería posible mediante una interpretación absolutamente forzada hasta la analogía de los tipos objetivos de la cooperación en delito fiscal y del blanqueo de capitales, que contradice la praxis procesal en la persecución de estos delitos”, continúa el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es
Los abogados de la infanta, Miquel Roca y Jesús María Silva-Sánchez, aseguran que desde que la Audiencia de Palma levantó la imputación de la infanta en mayo “no se ha practicado una sola diligencia que haya aportado indicios racionales de la comisión” por parte de la infanta de un delito fiscal o de blanqueo de capitales.
“En consecuencia -añaden-, permanece inalterada la misma situación procesal que en su día llevó a la ilustrísima sala a dejar en suspenso estas imputaciones y a pedir al instructor que continuara indagando acerca de los hechos que podrían sustentarlas”.
Los abogados de la infanta recurren, entre otros, al informe de la Agencia Tributaria que asegura que su cliente no cometió delito fiscal, que tampoco lo hizo Aizoon por el impuesto de sociedades y que, aunque hubiera incurrido en él Iñaki Urdangarin en 2007 y 2008, el organismo nunca “impulsa la acción penal” contra una persona “totalmente ajena” a esa práctica.
Castro propició las “supuestas evasivas” de la infanta
Roca y Silva afirman que la infanta fue “absolutamente clara” en sus respuestas ante Castro y recuperan la base de la declaración de Cristina de Borbón ante el juez: “La fundamentación de tal desconocimiento era la distribución funcional de tareas en el seno de la unidad familiar, habiéndose dedicado ella, además de a su actividad profesional, al cuidado y educación de sus cuatro hijos, así como a las constantes actividades institucionales propias de una infanta de España. Siempre con la mayor confianza en el buen hacer de su marido”.
En relación con las evasivas que el juez ha denunciado durante la citada declaración, los letrados aseguran que su cliente respondió “una parte sustancial” de las preguntas “con taxativos síes y noes”, mientras que los desonocimientos alegados responden al tiempo transcurrido desde los hechos. “Por lo demás, muchas de las supuestas evasivas de doña Cristina dfueron propiciadas por el propio señor juez, que insistió en preguntar decenas de veces sobre cuestiones de detalle pese a que mi defendida, ya al formularse la pregunta genérica, adelantó no conocer”.
Una vez expuestos estos argumentos, los abogados dicen que “resulta difícilmente comprensible que de unas diligencias con resultado abiertamente exculpatorio se pretenda extraer serios indicios de criminalidad”.
Se “adhieren plenamente” a Horrach
Los letrados dicen que aún no han recibido el escrito del fiscal Horrach, pero que por las detalladas informaciones aparecidas sobre él en los medios, no tienen más que “adherirse plenamente” al contenido del mismo.
A diferencia del tono de Horrach, los abogados de la infanta se refieren al juez “con los debidos respetos, en términos de defensa y sin cuestionar la rectitud de intención del instructor”. Una vez dicho eso, añaden que la “pretensión de mantener a toda cosa la imputación” de la infanta “parece haber tenido mayor peso que una estricta aplicación de la ley”. “Se le didican en la resolución muchas más páginas que a cualquier otro imputado”, se quejan.
En su lista de alegaciones, Roca y Silva afirman que Cristina de Borbón era “un mero socio” de su marido en Aizoon y que jamás se imputa por esa condición si, como consideran es el caso, no se ha demostrado que participaba en la administración de la sociedad. Asimismo, combaten el argumento del juez de que Aizoon fue creada por el matrimonio para defraudar. Alegan en este sentido que entre la creación de la sociedad, en el año 2003, y la comisión del primer delito fiscal pasaron cinco años.
En cuanto a los gastos cargados a Aizoon por la infanta y que el juez considera susceptibles de constituir blanqueo de capitales, los abogados de Cristina de Borbón niegan la mayor. “No existe el menor indicio de que fuera ella quien llevara a cabo la adquisición del correspondiente bien o servicio, ni mucho menos que diera indicación de la imputación de cada concreto gasto a dicha compañía”, alegan. La infanta, añaden, tiene “escasos conocimientos de fiscalidad”.