El Defensor del Pueblo exige que se garantice la “suficiencia económica” de los pensionistas
Apenas 48 horas después de las masivas manifestaciones que tuvieron lugar en distintas ciudades españolas reclamando unas pensiones dignas, este lunes esas reivindicaciones han obtenido un espaldarazo institucional. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha considerado necesario “garantizar la solvencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones, así como la suficiencia económica de los actuales pensionistas y de los futuros”.
Así consta en el Informe Anual de 2017 que se ha hecho público esta mañana y que el propio Fernández Marugán ha entregado en persona a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. El Defensor del Pueblo advierte de que la progresiva superación de los efectos más graves de la crisis económica no ha supuesto una mejora de la situación financiera del sistema de seguridad social. “A pesar del notable ritmo de crecimiento económico de los últimos tres años y a la vigorosa creación de empleo y recuperación del número de cotizantes, el desequilibrio de las cuentas del sistema se ha ido agrandando hasta situarse en 18.800 millones de euros en 2017”, apuntan desde la institución.
En una comparecencia ante los medios, Fernández Marugán ha alertado de que “la crisis ha originado un enorme coste social y nos ha separado de la senda convergente con la Unión Europea sostenida desde los inicios de la democracia”. Por eso, ha señalado que “es precisamente en tiempos de crisis cuando una institución como el Defensor del Pueblo se debe ocupar de que se garantice por los poderes públicos un mínimo de derechos sociales al conjunto de la ciudadanía y especialmente a los sectores de población más vulnerables”.
En esta línea, el defensor ha alertado de que las quejas que llegan a la institución muestran que, a pesar de que la recesión puede darse por finalizada, la recuperación no está llegando por igual a los bolsillos de los españoles y son muchos los ciudadanos que necesitan que el Estado les apoye. “Ahora que la economía se encuentra en un claro proceso de recuperación, se abre una oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales”, ha asegurado. También ha advertido de que la mejora de las políticas sociales “incidiría en la renta y en el consumo de colectivos que todavía no alcanzan a cubrir con dignidad sus necesidades básicas”. Como ejemplo ha citado “a los jubilados, a las personas dependientes, a los parados de larga duración, a las familias con todos sus miembros en paro, a los jóvenes sin trabajo y sin derecho a prestación por desempleo y a los trabajadores pobres”.
En opinión del Defensor del Pueblo las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis han originado “un pozo de desigualdad sin precedentes y han dañado al entramado institucional y a la cohesión social”. Por ello, a la institución le preocupa especialmente que el mantenimiento de dichas políticas aumente la pobreza más severa y enquiste la desigualdad. Además, el Defensor advierte que es un error suponer que cuando se sale de la crisis se reduce por sí sola la desigualdad y asegura que esta lacra solo podrá corregirse si se lleva a cabo una política activa y decidida de redistribución de la renta.
Fernández Marugán ha alertado de que la crisis supuso una caída en la prestación de los servicios públicos y un descenso de la inversión pública hasta mínimos históricos. Según se desprende de su análisis, los gastos en vivienda, salud y educación crecieron hasta 2009, ejercicio en el que sumaron conjuntamente el 12,7% del PIB. Y en 2016 bajaron al 10,5% del PIB. El gasto público sanitario cayó en ese periodo en 5.341 millones de euros y el ajuste en el gasto público en educación fue de 4.778 millones. Desde la institución alertan de que este retroceso no se ha compensado con nuevas políticas sociales, ni con mejoras de las ya existentes. Por ello, y para paliar la pérdida de calidad de servicios tan esenciales como los sanitarios, educativos y asistenciales, la institución considera necesario “reformar de manera urgente” el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas.
